Atrincherada en la sociedad civil, la pelea por justicia en la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, se convirtió en una defensa por el derecho a la verdad de todos los mexicanos

Texto y foto: Arturo Contreras Camero

Video: Duilio Rodríguez

“Cualquiera que pase por ese territorio, cualquiera, corre el riesgo de ser secuestrado, de ser desaparecido y de ser asesinado. Tamaulipas, en este momento, sigue siendo considerado como una tierra de la muerte”, asegura Ana Lorena Delgadillo, la abogada que desde hace años acompaña la búsqueda de justicia de los familiares de los 72 migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas, en 2010.

La masacre de los 72 migrantes, que devino en el hallazgo de 47 fosas clandestinas con 193 cuerpos humanos, también en San Fernando, y posteriormente el hallazgo de 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León, evidenciaron el estado de abandono e impunidad que aún pesa en la región, al noreste del país.

“El tema de la verdad en los casos de las masacres de los migrantes hace sentido en estos días totalmente. En estas semanas hemos visto la tremenda criminalidad en Tamaulipas, y en Veracruz. Una criminalidad que afecta a migrantes, pero que también está afectando a la población mexicana”, asegura la abogada. “Hoy, este tipo de hechos se siguen repitiendo. Tuvimos otro bus de migrantes secuestrados en febrero y no sabemos nada de lo que pasó”.

En entrevista con Pie de Página, Delgadillo explica la importancia de la verdad y la justicia en un caso que lleva nueve años de demora y que no se ve cuándo pueda ser resuelto. Desde su trinchera, la Fundación por la justicia y el estado democrático de derecho, ella espera aportar a la verdad sobre las tres masacres

“El concepto de la universalidad de los derechos humanos radica justamente en eso. Hay crímenes tan atroces que no importa que le hayan pasado a otros, porque terminan afectándote a ti. A mí me me interesa defenderlo porque me puede pasar a mí, o a los míos. No me tengo que esperar para levantar la voz por otros”.

Una vez que la Fundación por la justicia inició la representación legal de algunas familias, el primer paso fue pedir copias del expediente a la entonces Procuraduría General de la República. Desde entonces, la respuesta ha sido un rotundo no, a pesar de que el acceso al expediente es un derecho de las víctimas. Entonces optaron por el IFAI. De acuerdo con la ley de transparencia, las averiguaciones previas de cualquier caso de graves violaciones a Derechos Humanos o de corrupción deben ser públicas (bajo ciertos lineamientos). Por lo que la petición de la Fundación por la justicia debió ser respondida.

“En estos casos el contexto cambia. No es solamente saber. Es saber porque la verdad me pertenece, porque yo tengo derecho a exigir que se investigue y porque tengo el derecho a exigir que no se repita”, explica la abogada. “Nos parecía que había que empezar a abrir un camino sobre el derecho a la verdad judicialmente. Y eso fue lo que hicimos”.

El camino inició en 2013, y no ha sido un camino fácil. Por todos lados les cerraron puertas. La Procuraduría no les dio los casos, los jueces les negaron los amparos. “¡Todo era confidencial! Era la época en la que todo lo que tenía que ver con delincuencia organizada era casi casi secreto de Estado”, dice Delgadillo.

¿Qué falta saber?

Si uno pregunta a un familiar de las víctimas de las masacres qué sabe del caso, es probable que diga nada. Si uno pregunta a los abogados qué falta por saber, dirían todo. Las investigaciones periodísticas sobre las tres masacres arrojan un poco de luz sobre ellas, sin embargo, la apertura de las investigaciones de la Fiscalía, tomos y tomos con cientos de hojas, podrían ayudar a esclarecer una serie de preguntas que aún hoy no se disipan.

Sobre el caso de los 72 migrantes, hay 16 personas detenidas, y por las fosas clandestinas, otras decenas, sin embargo, no se ha resuelto sobre la responsabilidad de ninguno de los detenidos. En el caso de los 49 torsos de Cadereyta, ni siquiera hay detenidos.

Los expedientes del caso también podrían aclarar la implicación del Estado en los delitos, ya sea por acción u omisión ¿Cómo pudieron suceder tales crímenes en territorios vigilados por la Policía Municipal, Estatal, Federal, por el Ejército y la Marina? ¿Hasta qué grado llegan las complicidades del Estado?

Sobre el caso pesa la hipótesis que los 72 fueron asesinados por negarse a trabajar para el crimen organizado. Sin embargo, algunas de las víctimas aceptaron trabajar a cambio de su vida, y de todas formas los mataron. A nueve años, una pregunta queda: ¿por qué lo hicieron?

Parece falso, pero 9 años después de la masacre no hay certeza sobre la identidad de 9 de las víctimas. Hace unas semanas, gracias al trabajo de la Fundación para la justicia, los familiares tuvieron una audiencia con representantes del gobierno Federal y de la Fiscalía de la República. En la audiencia, la identificación de los restos fue uno de los reclamos, como lo expuso Ángela Lacán, de Guatemala.

Ella perdió a sus dos hijos y a su esposo en la masacre. También a un sobrino y una sobrina. A pesar de que le entregaron varios ataúdes con restos, no está segura de que ninguno sea de sus familiares.

“Ayúdenme para cuando menos tranquilamente poder ir a llevar unas flores a su tumba. Si son mis hijos, si es mi esposo quiero de menos eso. Llevarles unas flores.”, dijo.

“¡Imagínate la tortura que debe ser para esas personas!”, añade la abogada mientras recrea la escena. “Ella nos lo ha dicho: ‘Si yo le llevo flores y está vivo, lo estoy traicionando. Pero si no le llevo flores, y sí es, también lo estoy traicionando”.

Para estos familiares el camino de la justicia ha sido un camino de tortura. Primero, se enteraron de la masacre por los noticieros. Después, las autoridades anunciaron la noticia a los familiares sin el mínimo tacto. Llegaron a sus casas y les dijeron, sin pruebas: “a su hija la encontramos en Tamaulipas”. Por si fuera poco, la entrega de los cuerpos se hizo sin ningún cuidado. Tal fue la desorganización de los gobiernos de Centroamérica y México, que algunas familias recibieron cuerpos equivocados.

“Llegaron con los cuerpos como si fueran trofeos. Como si ellos estuvieran haciendo un trabajo heroico con estos migrantes”, recuerda la abogada. “Pero les impidieron abrir los ataúdes. Les decían: si tú abres el ataúd, te vas a contaminar y casi casi, como que te puedes morir. Es el grado máximo de la tortura para las familias. No tienes ningún documento que te diga que sí son, pero además no puedes ver los cadáveres”.

Delgadillo conoció a Angela Lacán en 2013,la comunidad, Sipacate (a tres horas de Ciudad de Guatemala), que está cerca de la playa y después de escuchar su historia, decidió llevar algunos de los casos de las familias.

“Llegamos a la casa de doña Angelita y ella reunió a otras mujeres. Todas eran mujeres. Me acuerdo perfecto que estábamos en una mesa en una casa muy sencilla. El patio de tierra y el árbol encima de una mesa. Y yo lo que veía nada más eran caras de terror. Sus caras reflejaban un terror y un dolor…”

Así empezaron las primeras acciones. En ese momento las mujeres no se planteaban el tema de justicia. Solo querían saber si los cuerpos que habían recibido eran de sus familiares.

La lucha también es por la transparencia

La batalla desde la transparencia tuvo su primer revés cuando el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, el Ifai, se declaró incompetente para decir si estos casos eran una grave violación de Derechos Humanos.

“¡No se creían con el poder público, pues. Tenían un poder constitucional y no se lo creían!”, aclara la abogada. “El Ifai se retira y manda nuestra solicitud a PGR, y ellos responden no, porque es información confidencial, y porque los hechos no están clasificados como graves violaciones”. En pocas palabras, la respuesta fue un doble no.

“Fue tan grave lo que pasó, que como no tuvimos acceso inmediatamente a lo que estaba haciendo PGR, se podían seguir cometiendo graves violaciones en la investigación, que fue de hecho lo que pasó”.

La doble negativa llevó a un recurso de revisión, que tampoco tuvo éxito. A su vez, eso derivó en un amparo, en el que por fin, hubo una victoria. El 11 de abril de 2014, el juez del Distrito Federal, Fernando Silva García, dio una sentencia a favor. “La sentencia del Juez Silva, estaba a años luz de ese momento. Entendió perfectamente su papel en el derecho a la verdad y el derecho a la transparencia”, recuerda Ana Lorena. “En pocas palabras lo que dijo fue: Tomo el caso. A ver ¿de qué estamos hablando? Ok. Son tres masacres. Yo soy juez y puedo decidir si son o no graves violaciones, entonces lo decido”.

Con el reconocimiento del juez Silva sobre el caso, el Ifai ya no tenía motivo para negar la información. También lo obligaba a ordenar a la PGR a que entregara la información del caso. Nada de eso sucedió.

El Ifai y la PGR impugnaron la sentencia, lo que sirvió para pausar la sentencia del juez Silva. En el ansia de terminar la disputa legal, la Procuraduría pidió que el caso se llevara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la última instancia de justicia en el país. Ahí, se revirtió la suerte.

Un voto polémico

Cuando el caso llegó a la Suprema Corte, se cruzó con otro muy parecido. Mientras la Fundación para la justicia peleaba el acceso a los expedientes de las tres masacres, al mismo tiempo, la organización Artículo 19 pedía acceso al caso de los 72.

La misma tarde de abril de 2019 la Suprema Corte resolvió ambos casos. Primero el de Artículo 19. La sentencia fue a favor: El juez pedía al Ifai que clasificara el caso de los 72. Después tocó el turno a la Fundación.

Al ver el caso, los jueces de la Suprema pensaron que se podía resolver igual que el anterior: obligar al Ifai a catalogar las masacres como graves violaciones, pero había un problema. En el caso de la Fundación, el juez Silva ya había emitido esa misma sentencia.

En ese momento, cuenta Delgadillo, el Juez Arturo Zaldívar levantó la mano y dijo: “No. Este no es el mismo caso. Este ya tiene una sentencia de primera instancia (la del juez Silva). No podemos resolver en el mismo sentido. Estaríamos retrocediendo años en el juicio”.

“Parecía que él estaba en contra del caso, pero no”, explica Ana Lorena. “Él estaba consciente de que la resolución podía ir más allá. En ese sentido, la Corte fue mediocre”.

A pesar de que la resolución se emitió en abril, tanto la Fundación como Artículo 19 están esperando que la Suprema Corte notifique al Inai que tiene que clasificar la información. Después, el Instituto tendrá que diseñar los lineamientos para ver cómo hace una versión pública de los casos y eventualmente, pedirle a la ahora Fiscalía General de la República que publique la información.

En pocas palabras, aún falta mucho tiempo para conocer las investigaciones del gobierno sobre estas tres masacres.

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