Ante la detención de los activistas por los derechos de migrantes Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica, familiares, amigos y organizaciones sociales demandaron que no se criminalice a lo defensores y que se respete el debido proceso. Este martes, en Tapachula, Chiapas, se llevará a cabo la primera audiencia para determinar su situación jurídica
Texto: María Ruiz y Daniela Pastrana
Fotos: María Ruiz
Este martes, testigos a favor de los defensores de los derechos de migrantes Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica presentarán pruebas en su defensa. Sánchez y Mujica están detenidos desde el el miércoles 5 de junio acusados de tráfico de personas.
“No queremos que sean moneda de cambio”, pide Ramír Sánchez, hermano de Cristóbal, quien considera que su cercanía con las caravanas migrantes es un factor en las negociaciones entre México y Estados Unidos en torno al tema migratorio y la amenaza de incremento de aranceles.
Entre pancartas y gritos, frente a la entrada de Moneda de Palacio Nacional, amigos y vecinos de Cristóbal Sánchez acompañaron este lunes a su hermano en la exigencia de la liberación del activista.
Sánchez fue detenido el 5 de junio afuera de su domicilio en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco, acusado de tráfico de personas.
“El día que detuvieron a Cristóbal unas personas llegaron y sin identificarse lo encañonaron y subieron a un coche. A vecinos que intentaron defenderlo los amagaron. Los policías no se identificaron ni presentaron una orden de aprehensión. El coche al que lo subieron no tenía logos”, cuenta Ramiro.
El mismo día de la detención lo trasladaron a Tapachula, Chiapas, y no dejaron que se comunicara con sus familiares antes de dicho traslado.
Irineo Mujica fue arrestado en Sonoyta, Sonora, también el 5 de junio. En 2013 entró a la organización Pueblo sin Fronteras y actualmente es el director. En los últimos meses Irineo fue indentificado como impulsor de caravanas migrantes de Centroamérica a Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República publicó un comunicado donde explicó que su detención fue por el delito de transporte de migrantes “con la agravante que dicha conducta se haya realizado respecto de niñas, niños y adolescentes”.
Este agravante no lo tiene Cristóbal Sánchez, cuyo abogado explicó que la acusación está basada en una denuncia emitida por cuatro migrantes hondureños, quienes lo acusan de cobrarles 8 mil dólares por cruzar el Río Suchiate.
El hecho habría ocurrido el 29 de marzo, pero su hermano cuenta que ese día Cristóbal comió en la colonia Condesa de la Ciudad de México con su novia, y por la noche asistió a una fiesta en Coyoacán por lo que es imposible que estuviera involucrado.
Este martes, en la audiencia que se llevará a cabo a las 8 de la mañana en el Juzgado de Control Federal de Tapachula, Chiapas, testigos presentarán pruebas de ese día para defender la inocencia de Cristóbal.
Tanto Ramiro como el abogado del caso, Eduardo Galván, creen que hay un dolo y un delito fabricado por la Fiscalía General de la República:
“Con respecto a la cuestión de fiscalizar las cuentas, no tenemos mucha información pero Cristóbal no está relacionado con las cuentas que congelaron”, explica su abogado.
La mínima pena a la que se enfrenta el defensor es de 12 años, según su abogado. Dicen que tienen cita para entrevistarse con el subsecretario de Derechos Humanos hasta el 18 de junio. También que salieron a manifestarse para darle visibilidad al caso de Cristóbal como una forma de protección y ante el miedo que sienten a que lo desaparezcan.
Por su parte, académicos y activistas se sumaron a la exigencia de “detener la criminalización” de los defensores de derechos humanos Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica.
En un pronunciamiento firmado por un centenar de organizaciones y activistas, entre ellas algunas internacionales como Global Exchange, demandaron que se garantice el debido proceso, la presunción de inocencia y todas las garantías procesales.
También expresaron una “profunda preocupación por el avance de la agenda de militarización en la frontera sur y de criminalización de las personas migrantes y de quienes les defienden y acompañan”.
En el mismo sentido, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) externó su preocupación por el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur y “la falta de acogida verdaderamente humanitaria a nuestros hermanos migrantes que refleje nuestras convicciones en materia de reconocimiento y protección de los derechos de todos los seres humanos”
Aunque celebra el acuerdo alcanzado entre los dos gobiernos para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos, el CEM señaló que “si hemos rechazado como mexicanos la construcción de un muro no podemos convertirnos nosotros mismos en ese muro”.
Encinas revisa el caso
Sobre el caso de los dos activistas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que ha recibido mensajes de organizaciones de derechos humanos y revisará el expediente.
“A través del mecanismo de protección hemos solicitado toda la información para, no solamente conocer toda la información, sino en su caso intervenir en el caso de que sea necesario
Vamos a revisarlo”, dijo Encinas, en una entrevista realizada al término de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aclaró que no ha entrado en contacto con los detenidos ni con sus familiares y, a pregunta expresa, rechazó que se trate de los primeros dos presos políticos de este sexenio.
“Nosotros no tenemos presos políticos, y menos la subsecretaria de Derechos Humanos”, insistió.
“No hay que criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos, sino por el contrario dar las garantías para que realicen sus funciones, que es el acompañamiento a personas en condiciones muy precarias. Quiero tener claro cuál es el proceso jurídico que les han fincado para intervenir en su favor”.
Durante la entrevista, el funcionario se refirió a los términos del acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos y destacó que será necesario fortalecer el área de refugio, porque “evidentemente se incrementarán de manera sustantiva las solicitudes de refugio en el país tiene que haber un crecimiento importante (en el área) y también en la Comisión de Ayuda a Refugiados una atención particular”.
Dijo también que que el Instituto Nacional de Migración conducirá las labores de control migratorio con el apoyo estrecho de la Guardia Nacional, pero que en el esquema que se está planteando, las estaciones migratorias tienen que convertirse en albergues. “Hay que quitar el componente carcelario que tienen”, afirmó.
El gobierno mexicano, dijo, tendrá mucho cuidado para que sea la Guardia Nacional la única autoridad en materia de seguridad para intervenir en apoyo al INM, del cual, dijo, ya lleva un importante proceso de depuración, con el retiro de más de 600 agentes (“muchos de ellos se separaron voluntariamente”) y están en un proceso de reclutamiento que es lento porque requiere personal preparado.
Encinas reconoció que el acuerdo que se está planteando implicará mucho trabajo y que muchos de los cambios que se requieren llevarán tiempo y necesitan de la cooperación de los países de Centroamérica. Sin embargo, afirmó: “La posición nuestra es muy clara; vamos a cumplir el acuerdo y no vamos a aceptar convertirnos en un país seguro”.
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