En lo que calificó como “el momento más difícil de la relación entre México y Estados Unidos”, el canciller Marcelo Ebrard reconoció que el gobierno mexicano tiene 45 días para frenar el flujo migratorio y demostrar que hay alternativas para enfrentar el fenómeno que tanto molesta a Donald Trump. Pero advirtió: si no se logran resultados “razonables”, México tendrá que buscar un acuerdo regional para el retorno de solicitantes de asilo

Texto: Daniela Pastrana
Fotografías: Presidencia

¿Solamente ganó tiempo?

“Mi horizonte de tiempo era de dos días; si me dices: ‘ganamos 45’, es buenísimo, porque eran dos días (…) ¿Cuál era el peligro? Que ahorita estuviéramos con tarifas y de todas maneras tener que discutir el tema migratorio”, resumió Marcelo Ebrard Casaubón, al responder preguntas sobre el acuerdo firmado con Estados Unidos.

Presente en la conferencia de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador, el canciller dedicó más de 40 minutos a explicar los detalles de las negociaciones para evitar que este lunes el país amaneciera con la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos que llegan Estados Unidos. De entrada, dijo, la delegación mexicana fue recibida por el vicepresidente Mike Pence con un ultimátum: que la única forma de evitar las tarifas era que México firmara el fin de semana un acuerdo para ser un tercer país seguro.

Eso significa que todas las personas que busquen asilo en Estados Unidos deben hacer los trámites desde México, lo que es imposible para el gobierno mexicano, considerando que lo que motivó la amenaza estadounidense fue la previsión de que, de seguir la tendencia, llegarían a la inaudita cifra de un millón 600 mil migrantes-refugiados en este año.

La delegación mexicana negoció tres cosas: separar el tema comercial del migratorio, al menos por un tiempo, evadir, también por un tiempo, la decisión de ser un tercer país seguro y –el objetivo principal– detener un aumento de tarifas y el inicio de una guerra comercial que pondría a México en una crisis financiera.

A cambio, Estado Unidos obtuvo la promesa de que México recibirá a 10 mil solicitantes de asilo que serán deportados, establecerá medidas para detener “razonablemente” el flujo migrante en los próximos cinco meses y se evaluará la medida en 45 días.

Es, en principio, un empate y tiempos extras.

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“¿Qué tengo que hacer? Voy a tener que hablar con las organizaciones, con los compañeros de los países centroamericanos, porque nosotros siempre hemos sido solidarios con ellos (…) ¿Y qué vamos a pedirles? Que le ayuden a México. Que si queremos un programa de desarrollo en Centroamérica vigoroso, demostremos en 45 días que sí vale la pena y que lo podemos hacer entre todos”.

El plan de México para Centroamérica, que ha sido apoyado por la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal), es un modelo de desarrollo que enfrenta resistencias de pueblos y defensores de la tierra y que no ha sido acordado con los gobiernos centroamericanos, imbuidos en sus propios problemas internos.

Pero, desde la perspectiva del gobierno mexicano, no hay de otra. La guerra comercial lanzada por Donald Trump, quien el 18 de este mes inicia su campaña por la reelección (y en la que el tema migratorio es central) tendría consecuencias nefastas para la economía mexicana, dependiente de Estados Unidos, según explica el canciller.

Enlista algunas previstas: un incremento de golpe al IVA del 10 por ciento, la pérdida de un millón 200 mil empleos, una caída de 1.12 puntos en el Producto Interno; caídas en exportación de 3.7 a 22.1 por ciento y problemas con las importaciones, sobre todo de granos, riesgo para la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y “un colapso” total cuando los aranceles llegaran al 25 por ciento.

Los aires catastrofistas eran compartidos por las bolsas de todo el mundo, que este lunes amanecieron al alza, tras conocerse el resultado de las negociaciones. Incluso el peso mexicano tuvo un aumento de 2 por ciento.

“Lo más importante es que no nos aplicaron tarifa, no tenemos una contracción económica, no vamos a pagar un IVA de 25 por ciento de un día para el otro. Y México preservó la posibilidad de demostrar que lo que está diciendo tiene validez. Ellos querían que se firmara el domingo otra cosa, totalmente diferente”, dijo Ebrard. “Si fallamos y no tenemos resultados, pues entonces ya no vamos a tener argumentos sólidos para plantear una ruta diferente. Tenemos que tener éxito, estamos obligados a ello”.

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El acuerdo tiene dos medidas: una propuesta por México y otra Estados Unidos, además de un plazo “para ver quién tiene razón”, explica Ebrard.

La medida mexicana: que la Guardia Nacional va a cubrir todo el territorio nacional y también la frontera sur. “Eso no se deriva del acuerdo con Estados Unidos, eso ya estaba establecido”, insistió. “Sólo se va a hacer el despliegue más rápido”. El canciller insiste en que eso no implica criminalizar a nadie y aseguró que él mismo tiene que registrase al entrar. “Es por seguridad de todos en el país. México no puede permitir que haya un flujo de millón y medio de personas por su territorio sin saber siquiera cómo se llaman”. Pero la función de la Guardia Nacional, asegura, será de apoyo para los agentes de migración, pero habrá “otra serie de actividades que se están definiendo y tienen que ver con atención de salud, educación y otros temas”.

Y la medida de Estados Unidos: aplicar la resolución 235, que se trata de enviar a México a 10 mil personas solicitantes de asilo en lo que se resuelve su petición. “Ésa no es una decisión de México ni es un tratado, es una resolución de Estados Unidos; y esa ley no la hizo el gobierno del presidente Trump, la hizo un gobierno demócrata anterior”, aclara.

Las medidas tienen un plazo de 90 días para empezar a dar resultados (es decir, que el flujo vaya hacia abajo), pero la primera evaluación será en 45 días. “Si no logramos resultados -advierte el canciller,- tendríamos que participar en discusiones para un acuerdo que incluya el retorno de solicitantes de asilo bajo una perspectiva regional (…) No es una decisión del Ejecutivo, tendría yo que verlo con el Senado de la República (…) tendría que participar la Acnur, porque es evidente que en Centroamérica tenemos una crisis mayúscula. Ya es un éxodo”.

En un esquema así tendrían que participar también otros países, como Brasil, a donde llegan los migrantes extracontinentales; Panamá, a donde llegan cubanos y haitianos; y Guatemala, porque ahí pasan los hondureños y salvadoreños.

Pero Ebrard prefiere confiar en que las medidas propuestas por ahora tendrán éxito. “Si no, sí vamos a tener que participar en una discusión de ese tipo, no lo estoy ocultando”.

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Para el canciller mexicano otro punto ganado es el compromiso de Estados Unidos de apoyar la propuesta de desarrollo integral para Centroamérica como “la única solución plausible y razonable” para frenar la migración.

“Este punto que para nosotros es obvio, para los Estados Unidos si pudieran pues lo sacaban, pero aquí está, está también acordados por ellos y es público”, dice.

El plan ya ha sido respaldado por Alemania y España, aunque no por los países a los que está destinado, a los que dice que pedirá su solidaridad. “Que entre todos logremos hablar con las diferentes organizaciones, hacer un compromiso común para que no siga creciendo el número de migrantes, porque si sigue creciendo al que le van a aplicar tarifas pues va a ser a México”.

El canciller rechaza que el gobierno mexicano esté sacrificando a los migrantes en pos de un acuerdo comercial.

“Fíjense bien lo que estamos diciendo: México no pidió para sí, no hay ningún punto que diga que a México le den dinero (…) Nos preocupan los migrantes centroamericanos, si no nos preocuparan pues entonces, ¿para qué metemos ese artículo?, mejor hubiera yo puesto: ‘denle a México dinero’. No. Nosotros somos leales con la gente de Centroamérica y aquí está escrito (…) No es cualquier cosa, es el único compromiso que ha firmado la administración Trump de desarrollo con una región del mundo”.

También rechaza que haya “ningún acuerdo de ninguna especie” fuera de lo que ha dado a conocer, y repite que lo más importante, por ahora, es que no hay tarifas.

“A ver, vamos a entender algo que yo me tardé un poco en comprender adecuadamente: El gobierno de Estados Unidos piensa que no debe de haber ningún migrante que llegue a su país, esa es su tesis política y es su posición. Desde luego que nosotros tenemos una idea muy diferente, pero eso es el gobierno, es el que está en el poder (…) Hacer una inversión en Centroamérica para dar opciones a los que están migrando por pobreza es una cosa totalmente distante a la forma en que ellos piensan; por eso lo considero un avance importante (…) Lo que hay que hacer es tener resultados y persuadir. Yo sé que es bien difícil, pero por lo pronto, lo logramos. El viernes a estas horas diríamos: ‘Híjole nos van a aplicar las tarifas el lunes’; pero finalmente lo logramos, esos 45 días son oro molido para México”.

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Esta martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo una conferencia de prensa en la que publicó el informe detallado que entregó a la Cámara de Senadores sobre la visita que realizó la semana pasada a Washington.

“La intención de Estados Unidos era que México firmara un acuerdo de tercer país seguro”, dijo el canciller, sin embargo, la comitiva mexicana presentó una serie de opciones alternativas para que no se firmara un acuerdo de ese tipo, y que un acuerdo de ese tipo tendría que haber sido firmado por el Senado de México.

Durante esas reuniones, el secretario de Estado del país del norte, Mike Pence, señaló que las aprehensiones de migrantes hechas por Estados Unidos llegaron a las 144 mil aprehensiones en un mes; un incremento del 32% respecto al mes anterior, un número sin precedentes, según dijo el secretario de Estado.

Días después de presentar propuestas diferentes a la del tercer país seguro, ambas partes llegaron a un acuerdo.

En ese acuerdo se estableció que si después de 45 días de publicado, el gobierno de México no presentaba resultados suficientes, entonces debería tomar las medidas correspondientes para que dicho trato siguiera vigente y se cumpliera con él, en los siguientes 45 días. “Por eso el acuerdo común señala 90 días”, explicó Ebrard.

“Es inusual que se lea y se publique un informe así”, dijo el secretario al inicio de su mensaje, en el que leyó un documento muy parecido a una bitácora de viajes. Punto a punto señaló qué funcionarios mexicanos se reunieron, señalando horas y fechas, con qué representantes del gobierno de Estados Unidos y de diferentes cámaras de la industria de ese país.

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