Marcelo Ebrard anunció que México será asesorado por agencias de la ONU en el diseño del sistema de gestión migratoria; organizaciones que han sostenidos la red de apoyo a migrantes aún no han sido convocadas. Mientras, el diputado Porfirio Muñoz Ledo acusó una invasión de funciones de Gobernación por parte de la cancillería y cuestionó el acuerdo con Estados Unidos: “Nos quieren enjaular”
Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Rocío Gallegos / Archivo / Presidencia
El próximo mastes, en la cancillería, agencias de la Organización de las Naciones Unidas se reunirán con autoridades de México para diseñar el sistema de gestión migratoria, aseguró Marcelo Ebrard.
Ésta es una de las acciones derivadas del acuerdo que firmaron México y Estados Unidos para evitar que se apliquen los aranceles a las exportaciones mexicanas con los que amenazó el presidente Donald Trump, México se comprometió a contener el flujo de migrantes de Centroamérica y dar resultados en un plazo de cinco meses. La medida fue cuestionada por el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien sostuvo que con ese acuerdo México está cediendo soberanía.
Entre las agencias convocadas por la cancillería están la Alta Comisionado de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de la Organización Internacional para las Migraciones.
“La idea es buscar a las organizaciones que sí les preocupa, que son muchas, que tienen muchísimo que decir”, dijo Ebrard durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. “El presidente me ha pedido no sólo que hablemos; sino que los incorporamos”.
Ebrard no especificó cuáles eran las organizaciones a las que “sí les preocupa” el fenómeno migratorio. Pero evadió referirse a las organizaciones de la sociedad civil, que durante las últimas dos décadas han sostenido la estructura de apoyo y atención a migrantes, frente a la ausencia total de instituciones del Estado.
Ahora, el gobierno tiene dos opciones: acercarse a las organizaciones civiles que existen, o crear una infraestructura paralela, lo que, de acuerdo con expertos en migración, sería un grave error.
En estos momentos, es necesario que el gobierno haga un llamado claro a las organizaciones, opina Leticia Calderón Chelius, experta en migración del Insituto Mora.
“La sociedad Civil está muy organizada, yo creo que más bien es una disposición a participar, pero que de alguna manera se les relegó”, dice. “En la región no hay nada, ningún gobierno de estos tiene implementados procesos de albergues. En el país no hay albergues de gobierno. Lo que hay es por la sociedad civil”.
Hasta ahora, el contacto que han tenido las organizaciones que trabajan con migrantes con el gobierno es a través de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, con la que en diciembre delinearon la estrategia migratoria del Plan Nacional de Desarrollo .
“Trabajo hay, y mucho, el problema es que nos hicieron a un lado”, asegura Rita Robles, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, ubicado en Tapachula, Chiapa, y quien también es parte de un grupo de monitoreo migratorio en la región sur del país.
“Nada más interlocutamos con la unidad de política migratoria y solo hemos tenido trabajo con la subsecretaría de Derechos Humanos (de la Secretaría de Gobernación) una vez. Pero ahora que la cancillería es la que va a coordinar, nos estamos topando con pared”, lamenta la activista, quien también piensa que el gobierno tiene mucho que perder.
“Lo que está en juego es un diagnóstico de 30 años de trabajo”.
Al distanciamiento del gobierno con los defensores de migrantes han contribuido las contribuido las descalificaciones del presidente a las organizaciones de la sociedad civil. La situación no solo parece crítica para el gobierno mexicano, sino también para estas organizaciones, asegura Martha Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, que ha organizado 13 caravanas de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en México.
“Es un momento muy crítico en el que las organizaciones que defendemos a los migrantes no tenemos mucho margen de maniobra, más que pedir que se respeten los derechos humanos”, advierte la activista respecto al complejo panorama en el que deja a México la amenaza de que su primer socio comercial aplique tarifas a todos sus productos.
“Es un callejón sin salida. No nos queda más que esperar que el plan de López Obrador funcione”, añade.
Pérdida de soberanía y robo de atribuciones
Este miércoles en sesión de la Comisión Permanente, el diputado Porfirio Muñoz Ledo señaló cómo el secretario de Relaciones Exteriores, en el acuerdo binacional, ha violado la ley al intervenir en la política migratoria, que es atribución de la Secretaría de Gobernación.
“De facto, esas atribuciones las ha absorbido la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ayer dio órdenes al comisariado de migración. Violaron la ley interna para satisfacer una demanda de los Estados Unidos”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados.
Muñoz Ledo, quien pertenece al mismo partido del ejecutivo, aseguró que desde el martes las tropas de la Guardia Nacional acudieron a la frontera a poner el muro mexicano.
“La Guardia Nacional fue creada para combatir delincuentes, no para combatir migrantes. ¡La Guardia Nacional está ahorita de muro en Chiapas!, aseguró el legislador, tras anunciar que propondrá una reforma constitucional que recoja lo mejor de las convenciones internacionales en materia migratoria de las que México sea parte, para mantener la soberanía de la nación.
“(La migración) es para mí el problema más grave que hoy confrontamos: la pérdida de nuestra soberanía y libertad para transitar sobre el territorio. Nos quieren convertir en un país enjaulado. Si se llega a aprobar la condición de tercer país seguro, eso significa que los que entran aquí ya no pueden salir. Es la parálisis del movimiento de las personas”.
Por su parte, Ebrard anunció que este viernes dará un informe de las acciones previstas comisión creada para establecer el plan emergente de control migratorio. En esa comisión no participa la subsecretaria de Derechos Humanos y Migración, ni la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar, creada en 1980 para recibir refugiados de las guerras civiles en Centroamérica), ni el Instituto Nacional de Migración.
Francisco Garduño, el encargado de la operación combinada entre Guardia Nacional, autoridades estatales y el Instituto Nacional de Migración en el sur del país anunciará el plan de acción que seguirá en la frontera sur.
Se espera un anuncio similar de Horacio Duarte, subsecretario de Empleo, quien se encargará de coordinar las acciones para la atención de los migrantes que pidan asilo en Estados Unidos y tengan que tramitarlo en territorio mexicano.
Por su parte, el subsecretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, también presentará su plan para detonar el desarrollo en el sur del país. Ésa es la estrategia principal del gobierno federal para detener la migración: crear proyectos económicos e industriales en la frontera sur y en Centroamérica, de la cual deberán haber resultados en 40 días.
El viernes el gobierno federal también comunicará a los gobiernos estatales de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Campeche sus responsabilidades en este plan. En el mismo sentido el gobierno de México instaló una mesa de trabajo con los representantes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Liberan a activistas
Hoy por la mañana, después de sus audiencias, los activistas Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez fueron puestos en libertad después de que un juez determinara no vincularlos a proceso. Ambos fueron detenidos y acusados de tráfico de personas, derivado de denuncias de migrantes; sin embargo, pudieron acreditar que los días que supuestamente ocurrieron los hechos estaban en otra ciudad.
Los dos activistas han asesorado y acompañado decenas de caravanas de migrantes que han cruzado México rumbo a Estados Unidos. Irineo Mujica fundó la organización de defensa de migrantes Pueblo sin Fronteras, mientras que Cristóbal Sánchez es parte del colectivo Cultura Migrante.
Su detención se dio un día antes de que la delegación mexicana que negociaba un acuerdo migratorio en Estados Unidos anunciara que entre los compromisos que tomaría estaba el de detener a las bandas de trata de migrantes que operan en el país.
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