Los terrenos destinados a la Sedena y la Marina están ubicados en los municipios de Tonalá, Pichucalco y Palenque, en la costa y norte de Chiapas
Texto: Ángeles Mariscal
Fotos: Isaac Guzmán
El gobierno de Chiapas solicitó al Congreso local la desincorporación de tres predios para destinarlos a instalaciones de la Guardia Nacional, en zonas de paso de migrantes. Serán entregados vía donación, a favor de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar).
El 4 de junio inició el proceso para destinar terrenos que servirán como base para la Guardia Nacional en los municipios de Tonalá, Pichucalco y Palenque, ubicados en la costa y norte de Chiapas.
La solicitud hecha por Ismael Brito Mazariegos, secretario de Gobierno de Chiapas, fue turnada a comisiones parlamentarias dentro del Congreso local.
Se trata de la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del estado de Chiapas la desincorporación de tres hectáreas de terreno ubicadas en el municipio de Pichucalco, “a favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional para llevar a cabo la construcción de las instalaciones de la Coordinación Regional de la Guardia Nacional”.
También se pide al ayuntamiento de Tonalá desincorporar del patrimonio municipal un terreno “a favor de la Secretaría de la Marina para la construcción del cuartel general de la Guardia Nacional”.
Y al ayuntamiento de Palenque desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo -vía donación- “a favor del Gobierno de la República quien lo destinará para la construcción de las instalaciones de una compañía de la Guardia Nacional”. La gestión de los terrenos se resolverá en días próximos.
Los acuerdos a los que llegaron los gobiernos de México y Estados Unidos se encuentra la contención del flujo migratorio y el envío de 6 mil integrantes de la Guardia Nacional al estado de Chiapas; ello luego de las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos si no realizaba acciones para detener a miles de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.
La política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de contener la migración en la frontera sur vía la militarización de las rutas de tránsito y la facultad que se dio a integrantes de la Guardia Nacional de hacer labores de agente migratorio, han sido cuestionadas por organizaciones de la sociedad civil y académicos que ven en ello el riesgo de violaciones a los derechos humanos de la población migrante, y la subordinación de las instituciones a la agenda económica y los intereses de Estados Unidos.
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