México ha negado el derecho de las familias de desaparecidos a ser considerados víctimas de ese delito, pero la historia puede cambiar con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de una mujer salvadoreña, madre de un joven asesinado en las masacres de migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
Texto: Daniela Rea
Fotos: Ximena Natera / Fernando Santillán
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen en sus manos la resolución de uno de los temas más sensibles de la historia reciente de México: el derecho de familiares de desaparecidos a ser considerados como víctimas.
El caso que puede abrir la puerta a este nuevo escenario se concentra en Bertila, madre de un joven salvadoreño cuyo cuerpo fue encontrado en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en 2010. En ese lugar se encontraron los cuerpos de decenas de personas asesinadas.
Bertila, una mujer salvadoreña, peleó ante la PGR el reconocimiento como víctima por la muerte y desaparición de su hijo, y los derechos que esto implica, entre ellos el acceso a la investigación de lo que le ocurrió en la primavera del 2011.
Sin embargo la PGR se negó a reconocerla como víctima –hasta que se identificó el cuerpo de su hijo- y a permitirle conocer y acompañar la investigación judicial, por lo que Bertila, acompañada por la acompañada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, interpuso un amparo contra estas decisiones y el caso llegó a la primera sala de la Corte.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación, destacó que este caso tiene relevancia no sólo para la familia de Carlos, sino para el acceso a la justicia y verdad de otras víctimas en el país.
Delgadillo explicó que el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo a revisar mañana –el cual es público en internet-, tiene aspectos positivos, pero otros que preocupan.
Entre los aspectos positivos está el reconocer que una víctima puede coadyuvar en la averiguación previa –y acceder a la investigación-, reconoce a los familiares como víctimas de delitos o violaciones a los derechos humanos, reconoce también la importancia de que el Estado publicite información de las investigaciones cuando se trate de violaciones de derechos humanos. Otro punto positivo es el hecho de reconocer el derecho a la verdad como un derecho de las víctimas y familiares.
Sin embargo, según el análisis de la Fundación, el proyecto no reconoce a las víctimas en su calidad de migrantes, no analiza el caso como una violación grave a los derechos humanos –a pesar de que hay indicios de participación de policías y había antecedentes del clima de terror y secuestros que había en la zona y que el Estado no evitó- no se reconoce a Bertila como víctima de desaparición, sino que sólo se le reconoce ser víctima a partir de que se encontraron los restos de su hijo.
Otro punto que preocupa a la Fundación es en relación al hecho de que una misma investigación esté en la mesa local y federal.
“La fragmentación de la investigación de los hechos en dos jurisdicciones ha impactado gravemente en el derecho de acceso a la justicia. Es importante que esta Corte determine que la fragmentación de los casos no sólo es un obstáculo para el acceso a la justicia, sino que además puede abonar a crear esquemas de impunidad”, dijo Delgadillo.
Esta preocupación ya ha sido anteriormente manifestada por los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes Ayotzinapa (GIEI) quienes en su último informe del 21 de febrero del 2016, manifestó:
“El Grupo ha manifestado a la PGR su preocupación por la fragmentación interna del expediente y la investigación de los hechos de 26 y 27 de septiembre. Mientras la investigación ha ido avanzando a través de las peticiones y propuestas realizadas por el Grupo al nuevo equipo de investigación, simultáneamente, la SEIDO ha ido abriendo otras averiguaciones previas, que han supuesto en la práctica la imposibilidad de acceder a informaciones relevantes claves para el caso”, refirió.
LAS FAMILIAS DE MIGRANTES
Seis familias de Centroamérica y una familia de Brasil de víctimas de las masacres de 72 migrantes y de San Fernando llegaron a México a exigir a la PGR exámenes independientes de identificación de restos y que sus derechos de víctimas sean reconocidos para que puedan avanzar hacia la verdad y la justicia.
Las familias acudieron a la PGR, pero la titular Arely Gómez no los recibió. Entonces acudieron a las puertas de la Suprema Corte para hacer una manifestación pacífica como un llamado a los Ministros para el debate de hoy.
Glenda Pineda Lacán perdió a sus hermanos Mayra y Richard, además de su papá Efraín Pineda, además de una prima Mayra Cifuentes y un tío Luis Humberto Álvarez.
“Yo tengo a cinco familiares desaparecidos y yo lo que pido es justicia y que hagan pruebas independientes para saber si son los cuerpos. El de Nancy, lo único que logré ver en su ataúd fue agua, agua ahí extendida en el féretro, con un olor muy malo, y papel, bolas de papel periódico. Con Richard no nos dejaron ver el ataúd y sólo nos enseñaron una foto de él que bajaron del internet y de mi papá Efraín sólo pude ver en el ataúd unos pedazos de carne. A mi prima y mi tío los recibieron sus familias directas”.
Junto a ella estaba su sobrino Gustavo, de 10 años, que cargaba una pancarta que decía:
“Buco Jucticia Mayra. Mayra Cifuentes Pineda te sigo buscando. Te busco mami”, decía y un corazón cruzado por una flecha estaba dibujado al lado de las letras.
“Esta gente, estos políticos y gobernantes deberían ponerse la mano en la conciencia y ponerse en nuestro lugar. Queremos justicia, queremos la verdad de lo que pasó con nuestros familiares, vamos a defender los derechos de estos niños y de todas las familias que no han sido respetados”
Arnildo Aires, padre del joven Juliard que también fue asesinado en la masacre de 72 migrantes, también exigió pruebas independientes.
“Tenemos duda de que el cuerpo que recibimos es el de nuestro hijo Juliard, todo eso es un dolor muy fuerte de todos los días. ¿Es él? ¿Qué le pasó? ¿Cómo murió? Y es un silencio de las autoridades y es una falta de respeto a la justicia”.
El supuesto cuerpo de Juliard primero fue enviado a Honduras por parte de las autoridades mexicanas, pero las hondureñas al no reconocerlo como suyo lo devolvieron a este país. En octubre del 2010 la familia de Juliard recibió un féretro y la orden de no abrirlo, pero al desobedecer y hacerlo encontraron una “bola de masa”.
“No había huesos, ni cabeza, ni nada, era sólo una bola de masa. ¿Cómo vamos a creer que ese es nuestro hijo?”, repite Arnildo.
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