San Fernando, Tamaulipas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa uno de los casos más dramáticos de violaciones a derechos humanos en la historia reciente de México: la aparición de decenas de fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. ¿Es buena noticia? Tal vez no. La sentencia que se propone votar se queda a la mitad del camino que las víctimas necesitan y, peor, mantiene en el limbo la responsabilidad de la PGR en sus deficientes investigaciones sobre el caso
Texto: Daniela Rea
Foto: Pepe Jiménez
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la resolución del amparo que familiares de personas cuyos cuerpos habrían sido identificados en las fosas de San Fernando, Tamaulipas, interpusieron en contra de la Procuraduría General de la República (PGR) por la posible cremación de restos y por el no reconocimiento de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos; el amparo se iba a discutir el 17 de febrero
El amparo 382/2015 fue interpuesto por dos familiares de migrantes identificados y por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
Los ministros deberán resolver, entre otras cosas, si las fosas clandestinas encontradas en San Fernando, Tamaulipas en 2011 –que sumaron 47 fosas con 193 cuerpos- se consideran una grave violación a los derechos humanos; si se reconoce a Bertila Parada de Osorio y a la otra quejosa como víctimas de graves violaciones a derechos humanos (desaparición forzada); si se investiga la presunta orden de que se incineraran restos encontrados en esas fosas -contrario a los procedimientos judiciales y a los derechos de las víctimas-, y si se reconoce el interés legítimo de la Fundación para la Justicia en el proceso judicial.
“Este es uno de los primeros casos donde se tocan casos de desaparición forzada frente a restos sin identificar, enmarcados en graves violaciones a los derechos humanos y a víctimas migrantes, que deberían tener un estándar mayor de protección por la vulnerabilidad que enfrentan en su tránsito por México”, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora de la fundación.
“La Corte va a revisar la pertinencia de la fragmentación de un caso en competencia local y federal, sobre todo cómo eso afecta en el acceso a la justicia de las víctimas. Además, la Corte debiera evaluar cuáles son los límites, los retos que enfrenta un juicio de amparo cuando la víctima está en otro país”.
En mayo del 2013 las denunciantes, acompañadas por la FJEDD presentaron un amparo en contra de la PGR por varias deficiencias en la investigación de las fosas de San Fernando.
Entre los argumentos de las mujeres están la posible incineración de los restos y que la PGR no las reconoció como víctimas por la desaparición, asesinato o posible ejecución de sus familiares Carlos Alberto Osorio Parada y Manuel Antonio Realegeño Alvarado.
También se quejaron de la violación al derecho a no sufrir tortura o malos tratos como consecuencia de negarles derechos como víctimas de desaparición forzada; de la violación al derecho a la verdad por no tener información certera sobre la identificación de sus familiares y la falta de acceso de la Fundación a investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos.
El caso llegó a la primera sala de la SCJN a manos del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
El primer borrador del proyecto del Ministro está disponible en internet y a partir de ese documento la Fundación expresó su preocupación por la orientación que éste plantea, pues no se reconoce la condición de migrantes de las víctimas, lo que tiene mayor impacto en cuanto al acceso a la justicia, reparación y verdad; tampoco se reconoce a las quejosas como víctimas de la desaparición forzada de sus familiares, que se trate de una grave violación a los derechos humanos, que no se revisen las consecuencias de un trabajo pericial deficiente y que la carga de la prueba recaiga en las denunciantes.
“También nos preocupa que no se reconozca el interés legítimo de la Fundación, siendo que se trata de una grave violación a los derechos humanos”, expresó Delgadillo.
Desde que comenzó la investigación de estos casos la Fundación ha reclamado a las instituciones como la PGR y el IFAI que se reconozcan como grave violación a los derechos humanos y el daño colectivo que generan.
“Estos crímenes ocurrieron en un contexto de generalidad y sistematicidad de crímenes cometidos contra personas migrantes, y en lo específico en estos hechos participaron agentes y funcionarios del Estado mexicano, entre ellos varios policías”, expuso la Fundación en su alegato a la SCJN.
“Cuando se presentan este tipo de grave violaciones, los estados deberán garantizar tanto el conocimiento de la verdad acerca de los acontecimientos como la participación en el proceso judicial a todas las partes perjudicadas y también a toda persona u organización que tenga un interés legítimo en el proceso”, agregó.
Ana Lorena Delgadillo reconoció que el proyecto del Ministro Pardo Rebolledo sí exige que se otorgue una copia del expediente a la víctima, lo que había negado la PGR desde el inicio del proceso, y que se reconoce el carácter de víctima de las quejosas, aunque es de manera parcial.
* * *
Más información:
Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la siguiente frase: “Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx”
