Aunque las leyes mexicanas establecen la posibilidad de que las personas en tránsito que salieron de sus países huyendo de la violencia obtengan una Visa Humanitaria o Asilo, los trámites son burocráticos y dilatorios, y es prácticamente imposible que un migrante pueda llevar su solicitud sin un abogado
Por Jade Ramírez Fotos Héctor Guerrero
Eduardo duerme escasas cinco horas al día. El empleo temporal que consiguió en un mercado de Guadalajara le implica laborar hasta diez horas seguidas, descargando camiones de fruta y verduras por 250 pesos la jornada. No tiene contrato ni servicios médicos garantizados. Los dolores de espalda, a sus 22 años, ya se manifiestan.
Salió a los 19 años de Managua, Nicaragua, donde estudiaba administración de empresas en una universidad pública. Huyó de casa de sus padres en el barrio San Cristóbal, por puro espanto: “la pandilla que controla el negocio de las drogas en mi barrio intentó obligarme a venderla y distribuirles, me tenían vigilado, me enviaban notas por debajo de la puerta que me iban a matar, un día me golpearon y quedé inconsciente.
Denunciar no era la opción. Tenía claro que de volver a negarse, la pandilla del barrio Los Ángeles, en Managua, lo mataría, o alguien más de su familia sufriría la venganza. Así que tomó un autobús a Tecún Umán, pagó 100 pesos por cruzar el río en balsa, y se trepó –sin acuerdo de por medio- a La Bestia.
De su país salió con una muda extra y 200 dólares. Cuando llegó a México, le quedaba sólo la mitad. Su idea era llegar hasta Estados Unidos. Descansó en albergues, terminales de autobuses y vías, así fue enterándose de qué rutas eran menos peligrosas. Luego, se acercó a experimentados migrantes que llevaban más recorridos.
Dos veces estuvo a punto de ser secuestrado. La primera, en Arriaga, Chiapas, una madrugada aparecieron camionetas tipo Van y a balazos hicieron brincar a los migrantes que iban en el tren. A los de adelante, unos 30, sí los detuvieron. “Los que veníamos en el último vagón corrimos con adrenalina, brincamos por un barranco a oscuras, era la única manera de sobrevivir.”
La segunda vez, en Orizaba, el tren frenó en seco. “De un lado teníamos a los betas persiguiendo a unos que venían en los vagones y del otro lado a hombres armados con uniforme parecido al militar, pero encapuchados con armas largas”. Eduardo logró escapar de nuevo, pero está seguro de que “sí capturaron a varios migrantes”, en un operativo que no tiene claro quién coordinaba.
Finalmente, con los otros migrantes que escaparon tomó un autobús a la ciudad de México y por una recomendación fue a dar hasta Guadalajara. En noviembre de 2014, inició el trámite de Refugio, por haber salido de su país a causa de la violencia de pandillas. “No hay justicia en mi país ni tampoco aquí, tengo entendido que a los que agarra migración los regresa de inmediato, no te dicen si puedes o no denunciar”, dice ahora.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) es una instancia que depende de la Secretaría de Gobernación; según sus cifras, de mil 296 solicitudes recibidas en 2013, solo se concedió la condición de refugio a 240 personas; en 2014 las solicitudes aumentaron a 2 mil, pero solo 545 migrantes consiguieron la protección del gobierno mexicano. Uno de los rechazados fue precisamente Eduardo, porque su trámite desde un inicio estuvo mal procesado por la COMAR.
“El embudo está en que COMAR a Eduardo ni siquiera le concedió el beneficio de traitante: durante los tres meses que le giró respuestas, solicitudes de verter más información, comprobar hechos denunciados entre otras argucias legales, le rechazó su solicitud sin justificación exacta.”, describe Enrique González el abogado que inició los trámites, y quien asegura que en este caso, ha habido omisión y cero colaboración del consulado de Nicaragua.
¿En calidad de qué quedó Eduardo en México?
Cuando las personas en tránsito llegan a Jalisco viajando en tren o autobús, llevan un mes o un poco más de viaje en condiciones adversas y muchas veces violentas.
Aunque desde 2011 se reformó la Ley de Protección y Asilo, con su correspondiente reglamentación, y la Ley de Migración, de la que se desprende el Programa temporal de Regulación Migratoria (vigente de enero 12 a diciembre 12 de 2015), los procesos para que un migrante obtenga la Visa Humanitaria o el Asilo, se vuelven burocráticos y dilatorios; además, lo que implica denunciar y ratificar agresiones, violaciones a los derechos humanos y delitos, provoca que muchos migrantes opten por no denunciar.
El abogado Enrique González explica que la reglamentación de la Ley de Migración y los trámites para solicitar refugio, están diseñados para no facilitar el proceso y es imposible que un migrante solo pueda llevar su solicitud y responder todos los oficios que le giran.
El artículo 18 de la Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, en el párrafo primero señala:
“El extranjero que solicite ser reconocido como refugiado deberá presentar por escrito su solicitud ante la secretaría dentro del término de 30 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que haya ingresado al país o en su caso aquel le haya sido materialmente posible, presentarla en los términos defina el reglamento”
González, quien en 2014 representó legalmente a tres migrantes que pidieron refugio, seis que solicitaron Visa Humanitaria -se las negaron-, una denuncia y un caso de asunto civil, sostiene: “las autoridades son omisas y hay una ignorancia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, porque no hay involucramiento de las autoridades municipales y estatales cuando se percatan de un posible delito contra los migrantes en los operativos donde se convierten en coadyuvantes del INM”.
Por el principio internacional humanitario de no devolución, cualquier persona nacida en otro país que llega a México y se asume como refugiado no se le puedes devolver, explica el abogado. Sin embargo, en casos como el de Eduardo, la narrativa de su historia y los motivos de expulsión no fueron suficientes y se calificaron de inconsistentes en la COMAR.
“La omisión de INM se convierte en dolo, porque no pide peritaje de lesiones en caso de tortura”, dice.
La COMAR le negó el refugio pero tampoco le dio un oficio de salida, porque ese documento lo genera el Instituto Nacional de Migración. Eduardo permanece en una deliberada indefinición y en cualquier momento puede ser detenido, trasladado a una estación migratoria e incluso deportado a la misma ciudad que lo expulsó por violencia.
“Está muy feo vivir así sin documentos ni nada, sin acceso a estudios, ni salud o un mejor trabajo porque no tienes todos los papeles que en cualquier lado te piden”, narra el joven que salió de Managua cuando tenía planes laborales, amigos, familia y una vida más o menos trazada.
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