La Procuraduría General de la República ha hecho esperar durante seis años a los familiares de estos 23 migrantes desaparecidos; sus esposas y madres presionan en las investigaciones, que son inconsistentes y contradictorias. La Comisión de Víctimas tardó 5 años en reconocerlas, y lo hizo mal. La espera continúa en la región más pobre del estado de Guanajuato

Texto y fotos: José Ignacio De Alba
Infografía: Arturo Contreras

SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO.- ¿Quiénes son los responsables de la desaparición de su hijo?

“El gobierno, porque ellos (su hijo y otros de su pueblo) se tuvieron que ir porque aquí no hay trabajo”, responde sin pensar Julia Ramírez, madre de Alejandro Castillo.

El joven, que apenas había cumplido la mayoría de edad, desapareció hace 6 años, con otras 22 personas originarias de este municipio, cuando iban a buscar trabajo a Estados Unidos. La última vez que se supo de ellos fue en marzo de 2011.

En la búsqueda de sus familiares desaparecidos, Julia y las otras esposas conocieron a la hermana de otro migrante de San Luis de la Paz que desapareció en las mismas fechas y en el mismo trayecto. La diferencia es que viajaba con visa estadounidense y atravesaría la frontera legalmente. Las familias se unieron en la búsqueda de los, ahora, 23 ludovicenses desaparecidos.

La investigación de su desaparición fue atraída por la Procuraduría General de la República un mes después. Para entonces ya habían sido localizadas 47 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, el mismo municipio donde ocurrió el hallazgo de 72 migrantes asesinados, en agosto de 2010. Esa masacre y el hallazgo de las fosas, de donde se desenterraron 195 cuerpos, puso el foco del mundo en los migrantes centroamericanos que cruzaban por México. Pero pocos se ocuparon de estos 23 migrantes que salieron de una de las regiones más pobres de Guanajuato.

De ellos, lo único que se sabe es que nunca llegaron a su siguiente destino. Y pesar de que han pasado 6 años, Julia tiene el presentimiento de que su hijo sigue vivo.

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El 21 de marzo de 2011, 22 migrantes originarios de San Luis de la Paz emprendieron el camino a Estados Unidos. Iban guiados por dos polleros de la zona. Fueron a una central camionera irregular en Dolores Hidalgo, un municipio que está a unos 30 minutos. Lo último que dijeron en sus casas es que iban a Monterrey y luego a Camargo, Tamaulipas, donde se resguardarían en el Hotel Guadalupano antes de que un coyote los pasara a Texas.

Pero según la reconstrucción que han hecho sus familias sólo 17 tomaron el camión en Dolores Hidalgo; los otros cinco, que no cupieron, se regresaron a la central de autobuses de San Luis de la Paz donde tomaron un autobús de la compañía Omnibus de México. Entre estos cinco iban Alejandro Castillo y el pollero, José García Morales. Los 22 se reunirían en Monterrey y viajarían juntos a Ciudad Camargo. Pero ninguno llegó a su destino y ni siquiera está claro si se encontraron en Monterrey.

Un mes después, en abril de 2012, la familia de García Morales fue notificada de que su cuerpo había sido hallado en una de las 47 fosas clandestinas que se localizaron en San Fernando, Tamaulipas. Sin embargo, el ataúd que les entregaron estaba sellado y resguardado por elementos de la PGR y los familiares nunca pudieron verificar que el cuerpo que enterraron en el panteón fuera el de él.

La familia tampoco tiene claro por qué el cuerpo de José fue hallado a más de 300 kilómetros de donde se suponía sería su primer destino, no por qué sólo él fue hallado en las fosas de San Fernando, si se supone que era uno de los coyotes de los migrantes. Hoy, sus familiares siguen exigiendo a la PGR que exhume el cuerpo para aplicarle pruebas independientes de ADN y comprobar su identidad, cosa que no se ha hecho.

Otro de los traficantes que debió acompañar el camino es José Guadalupe Almaguer, originario de Dolores Hidalgo, quien sigue desaparecido.

El único que regresó a San Luis de la Paz fue el tercer coyote involucrado: Juan Castillo Salazar, viejo conocido de los desaparecidos y quien habría contactado a los migrantes con Almaguer. Pero Castillo no subió a los autobuses. En octubre de 2011, fue detenido en su casa y encarcelado durante casi un año por tráfico de personas. Hoy libre, el hombre aseguró, en una entrevista realizada hace dos años, que no sabía qué sucedió con sus paisanos.

Pañuelo por los desaparecidos: Foto: José Ignacio De Alba

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Las esposas y madres de los desaparecidos han esperado durante años una noticia de las autoridades. En sus diligencias son apoyadas por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, una organización dedicada a la promoción del acceso a la justicia de víctimas. Gracias al acompañamiento de la Fundación, las mujeres han acudido a talleres y después de 5 años, el año pasado lograron por fin ingresar al Registro Nacional de Víctimas.

El pasado 21 de marzo, cuando se cumplieron los 6 años de la desaparición, los familiares de los 23 migrantes consiguieron que autoridades de los tres niveles se reunieran en San Luis de la Paz y firmaran una serie de compromisos sobre el caso.

Estuvieron 24 familiares, el equipo de la FPJED y una decena de funcionarios, entre ellos, el Secretario del Ayuntamiento, Rubén Uris Ruiz; Martín Díaz de León, Agente del Ministerio Público de la Subsecretaría de Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR (SEIDO); Gerardo Villalvazo, director de desaparecidos de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas.

Los familiares mostraron a las autoridades las inconsistencias de su investigación. Por ejemplo, en el caso del Hotel Guadalupano, en Camargo, que los familiares señalaron desde el inicio como el lugar al que llegarían los migrantes. Martín Díaz de León, el ministerio público que lleva el caso (el segundo) confirmó la existencia del hotel Guadalupano, en Camargo, pero aclaró que aún no han hecho diligencias en el lugar.

Sin embargo, desde hace dos años, en julio de 2015, el hotel fue localizado por un equipo de En el Camino, que comprobó que existía y que estaba custodiado por la delincuencia organizada. La PGR años más en confirmar lo que los familiares ya sabían, que el lugar sí existe y apenas está revisando la ruta por la que cruzarían.

Otras inconsistencias están relacionadas con la investigación de las fosas de San Fernando.

En enero de 2012, la Fiscalía de Nuevo León detuvo a Enrique Aurelio Elizondo Flores, José Arturo Flores Cavazos, Aarón Rodríguez González, acusados de formar parte del cartel de Los Zetas. Según la versión oficial Elizondo Flores, apodado El Árabe, controlaba la zona de Nuevo León y confesó 75 homicidios, la mayoría de pasajeros de autobuses interceptados entre marzo de 2010 y octubre de 2011. Por eso, la PGR relacionó al Árabe con los migrantes de Guanajuato. Pero, hasta ahora, no se ha cruzado la información de los dos expedientes, y tampoco se ha cotejado la información de los cuerpos que faltan por identificar en las fosas de San Fernando con el expediente de los migrantes de Guanajuato.

A eso se suman varias dudas de los familiares. Y que fortalecen su idea de que podrían estar secuestrados.

A finales del 2016, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca informó que había encontrado una coincidencia del 50 por ciento entre el perfil de Juana Guerrero –madre de Rafael Paz Guerrero, que es uno de los 23 desaparecidos- con un cuerpo localizado en Oaxaca. Pero tres meses después no se han realizado nuevos estudios para comprobar si son familiares; de tener parentesco la PGR tendría que explicar cómo fue a dar uno de los migrantes guanajuatenses a más de mil kilómetros al sur de Monterrrey, a donde se supone que se dirigían.

Después de la desaparición de los migrantes, Julia Ramírez y María Ángela Juárez –cuyo esposo, Valentín Alamilla, también iba en el Omnibus con el hijo de Julia– vieron en TvAzteca un video de migrantes rescatados por la Policía Federal y el Ejército, entre los que creyeron identificar a sus familiares. La PGR tardó 6 años en conseguir el video de la televisora y en la reunión lo presentaron a las familias. Pero después de verlo, las mujeres quedaron con la misma incertidumbre, puesto que no se trataba de la grabación original, sino de una en la que los rostros de los migrantes rescatados estaban borrados para no mostrar su identidad.

La otra cosa que se evidenció en la reunión fue la poca coordinación y la falta de diálogo entre las investigaciones ligadas al caso.

Díaz de León aseguró a las familias que no se ha podido determinar el destino de los migrantes desaparecidos porque en los boletos de autobús de Ominibus no se imprimen los nombres de los pasajeros y no hay cámaras funcionando en la estación. Eso fue cuestionado por Jimena García, hija de José García Morales, el pollero desaparecido, cuyo expediente está consignado por otro ministerio público por tratarse de un presunto traficante.

“En la carpeta de investigación de mi papá si aparece su nombre en el boleto. ¿Por qué no han investigado eso?” cuestionó la joven a un funcionario que sólo atinó a responder que “hablaría” con su colega y que por favor le avisen cuando tengan ese tipo de información.

Esposa e hijos de Valentín Alamillo Camacho. Foto: José Ignacio De Alba

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María Ángela Juárez está enojada. El gobierno mexicano tardó cinco años en darle apoyos para la manutención y escuela de sus hijos, después de la desaparición de su esposo, Valentín Alamilla. También tardó cinco años en considerarla víctima e incluirla en el Registro Nacional de Víctimas junto con tres de sus hijos, porque un error administrativo dejó fuera del registro a su hijo Valentín, de 17 años. Ella teme que el papeleo para dar de alta a su primogénito dure, otra vez, un año.

A María Ángela la operaron hace unos días de una hernia y no ha podido trabajar en la panadería donde es empleada; en este tiempo se ha mantenido con el dinero que le dan las hermanas de su esposo. En teoría, el gobierno de Guanajuato, a través del Sistema Integral Para el Desarrollo de la Familia, le tiene que dar una despensa, pero en lo que va de este 2017 no le han entregado nada.

Le pregunto si sabe que hay gente que se pone a buscar a sus familiares en fosas clandestinas en los cerros

“No pues sí, uno que más quisiera ir, pero uno también por decir yo que soy la cabeza de la familia si hago ese trabajo que le toca hacer a las autoridades cómo voy a sacar para mantener a mis hijos. Yo también, digo ganas no me faltarían. Un día que dejo de trabajar es un día que no hay comida”, dice.

El municipio de San Luis de la Paz vive, sobre todo, de las remesas que mandan sus paisanos desde Estados Unidos. Y a pesar de eso, apenas hace 10 meses, el Ayuntamiento de San Luis de la Paz creó una Comisión de Atención a Migrantes. Los trabajos en el campo como jornaleros y el trabajo en las empresas maquiladoras son las fuentes de empleo locales.

El hijo de Ángela, Valentín, está por salir del bachillerato con un promedio de 9.3.

“Él quiere seguir estudiando hasta la universidad, pero dice que quién lo apoya. Quiere meterse de militar para ahorrar y luego meterse a la universidad que está en Dolores Hidalgo”, dice la mujer.

Son las paradojas de la pobreza. Al hijo de Julia Ramírez, el más chico de los 23 migrantes desaparecidos, le llamaron de la maquiladora Yazbek para contratarlo en la confección de ropa unos días después de que había emprendido el camino hacia el norte. Su salario sería de 750 pesos a la quincena por trabajar en turnos de 12 horas al día.

Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la siguiente frase: “Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx”