Una vez más, centenas de migrantes indocumentados de Centroamérica se convocaron en el Viacrucis Migrante para recorrer el territorio en demanda de un cruce seguro y el cese a la violencia contra ellos que significa el Plan Frontera Sur. Esta vez la respuesta de México fue clara: si dan un paso más, serán detenidos y deportados.
Texto y Fotografía: Ximena Natera
Apenas amaneció el jueves 9 de abril, el encargado del albergue Hermanos en el camino, Alberto Donis, recibió por whatsapp una serie de fotografías mostrando a decenas de elementos del Instituto Nacional de Migración posando junto a patrullas, camionetas y seis camiones de lujo estampados con los colores de la bandera nacional. Flanqueados por otros tantos policías federales armados y miembros del ejercito, Donis entendió claramente el mensaje, que no tenía una sola palabra:
Se trataba de una advertencia, una amenaza, una intimidación.
A los pocos minutos, recibió una llamada de José Santos Guzmán, delegado de Migración en Oaxaca.
El operativo, implementado por el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, impidió que el Viacrucis Migrante 2015, formado por 210 migrantes centroamericanos, activistas y defensores de derechos humanos, encabezados por el Padre Alejandro Solalinde, saliera de Ixtepec, Oaxaca para recorrer su tramo final hasta la Ciudad de México.
Por su parte, los choferes de los tres camiones que las organizaciones habían logrado rentar para mover a la procesión hacia la Ciudad de México, fueron advertidos por autoridades federales quienes los amenazaron con arrestarlos por tráfico de personas. Antes de las diez de la mañana, a menos de una hora de la salida acordada, la compañía de transportes se disculpó y rompió el acuerdo.
Para el medio día, cuando la inmovilidad del Viacrucis era irrefutable, el Padre Solalinde intentó entablar un diálogo con el comisionado Ardelio, un hombre alto y grueso, construido como tanque y con cabello cano al ras, estilo militar.
“Ni madres”, recuerda el padre que fue su respuesta. Demandó que el único dialogo posible sería sobre la carretera a la salida de Ixtepec. Ahí los esperaban los más de 200 policías que aparecían en las fotos. Los agentes superaban en número a los migrantes que estaban por marchar.
A la mañana siguiente, el viernes 10 de abril, Ardelio y su subcomisionado, llegaron sin anunciarse al albergue, donde Solalinde y sus colaboradores mantuvieron una reunión larga que terminó sin solución concreta.
Para el comisionado y el INM, los últimos meses han sido de cambios y avances en materia migratoria, el número de rescates y aseguramientos de migrantes ha aumentado al mismo tiempo que los accidentes en el tren se han reducido en un 100 por ciento.
“El tema de seguridad ha bajado desde que evitamos que la gente se suba al ferrocarril”, dijo. También, afirmó que todos estos cambios positivos no se deben al Plan Frontera Sur Segura, el cual aseguró “en realidad no existe”.
El entusiasmo del comisionado choca de frente con el fenómeno que los encargados del albergue han documentado desde agosto pasado cuando Enrique Peña Nieto anunció el PFFS, un programa que hasta la fecha no ha presentado lineamientos definidos.
Un ejemplo de esto es el número de procesos iniciados para conseguir visa humanitaria, a partir de denuncias por casos de violencia, que Jessica Cárdenas, trabajadora social del albergue, ha registrado desde Julio 2014 a la fecha: 179.
La cifra ni siquiera se puede comparar, con un escaso número de denuncias previas, el albergue no había tenido las necesidad de contar con bases de datos sobre el tema.
“La realidad es que incluso si el Plan Frontera Sur Segura no existe como dice el comisionado, ni en papel ni en la práctica, en la realidad ha tenido un enorme impacto sobre la seguridad de los miles de migrantes que han cruzado México en los últimos ocho meses”, afirmó Cristóbal Sánchez, miembro del comité organizador del Viacrucis.
A esto, el comisionado dijo carecer del nivel político para influir en las leyes, pues su trabajo es el de cumplir con el marco teórico de la ley y en su opinión, “el sobre uso de la palabra víctimas en los migrantes es algo que los medios han explotado y al final perjudica a la causa”.
La meta del viacrucis, insistió el padre Solalinde, es enfocar la visión de las autoridades en el desastre que se ha convertido el Plan Frontera Sur “Un programa que ha disparado todo tipo de violencia contra la población migrante en un 90% , un programa que ha enfocado todos sus esfuerzos en crear una cacería humana.”
Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la siguiente frase: “Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx”