El deshielo diplomático entre La Habana y Washington avivó el temor de que se cancelen los privilegios que aún tienen los cubanos para convertirse en estadunidenses. Detrás de la ola cubana –que ya provocó una crisis en países de Centroamérica– se encuentra el mismo protagonista de hace cinco décadas: la mano estadunidense que empuja a los migrantes de la región

Cuando terminaron los aplausos, empezó el miedo.

La bandera de Estados Unidos ondeaba en su embajada frente al malecón de La Habana. El secretario de Estado, John Kerry, saludaba efusivo a los invitados.

Afuera, cientos de cubanos festejaban el fin de 50 años de guerra fría entre Cuba y Estados Unidos. Era un alegre y soleado 14 de agosto de 2015.

Pero cuando terminó la fiesta, muchos empezaron a comprender su nueva realidad: la historia entre los dos países había cambiado, pero con la normalización de relaciones se diluía también el privilegio migratorio de que gozan los cubanos.

Se trata de una legislación aprobada en 1966 que establece la oportunidad de convertirse en ciudadanos a quienes logren pisar territorio estadunidense.

Oficialmente se llama Ley Pública 89-732, aunque también se le conoce como Ley de Ajuste Cubano o Ley de Pies Mojados-Pies Secos por la forma como se realizaba la migración desde la isla.

Durante décadas la mayoría de quienes la abandonaban salían en balsas improvisadas, para recorrer los 150 kilómetros que separan Cuba de Florida.

Es una travesía difícil, no sólo por el peligro de navegar en mar abierto sino porque a quienes atrapa la Guardia Costera son inmediatamente deportados a su país, donde existe el Delito de Salida Ilegal que se castiga con enormes multas.

Oficialmente la sanción es de 30,000 pesos cubanos, aunque activistas de derechos humanos como Javier Delgado afirman que, en realidad, el monto puede ser diez veces mayor.

Una situación muy distinta es la de quienes logran pisar, con sus pies mojados, la seca arena estadunidense: inmediatamente consiguen una especie de amnistía que les permite trabajar con permiso durante un año, y luego obtener la regularización migratoria

Este es el beneficio que los cubanos temen desaparezca con el deshielo diplomático.

Por eso, apenas se marchó la comitiva estadunidense de la isla, miles empezaron a planear su fuga. Y tres meses después, en Centroamérica, apareció la evidencia de su desesperación.

Varados en Costa Rica

El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel González Sanz, dice que nunca en la historia su país había vivido una crisis humanitaria como la que enfrentó a finales de 2015.

A lo largo de ese año los migrantes que salían de Cuba cruzaban sin problemas por Centroamérica y México, hasta llegar a ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Juárez o Tijuana.

Pero la situación cambió radicalmente. El 14 de noviembre pasado el gobierno de Nicaragua decidió cerrar las puertas a los cubanos para no validar, afirmó su cancillería, “políticas migratorias ilegales” de Estados Unidos, y también para proteger a estas personas en un viaje peligroso.

El argumento resultó “inentendible” para el canciller González. Hasta entonces, las autoridades nicaragüenses habían permitido el tránsito de cientos de isleños cada día, sin más pregunta que el nombre del migrante y su destino final.

“Primero daba el libre paso y luego les soltó palos y gases lacrimógenos”, dice, convencido que la medida es una venganza, porque días antes la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emitió una sentencia desfavorable a Nicaragua en dos disputas territoriales con Costa Rica.

Pero también, admite, la ola cubana es consecuencia de la política migratoria del Capitolio, que desde Washington abre y cierra sus garitas de acuerdo con las necesidades de mano de obra en su economía… Y de los intereses políticos del momento.

“Estados Unidos es un imán que atrae a miles y miles, no lo podemos negar”, reconoce el ministro González.

Esa atracción le generó a Costa Rica la mayor crisis humanitaria desde los conflictos armados de los años 80 en la región.

Ahora, cerca de 8,000 cubanos permanecen varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Otros 40,000 esperan en Ecuador el momento propicio para seguir su viaje al norte.

A principios de enero, esta crisis empezó a resolverse mediante un acuerdo regional. El Salvador aceptó recibir vuelos con migrantes cubanos, Guatemala permitirá que crucen su territorio en autobuses y México les entregará, de inmediato, oficios de salida del país para que puedan llegar a su frontera norte sin riesgo de deportación, aunque con los riesgos de seguridad que implica para cualquier migrante cruzar el territorio mexicano.

El primer grupo, de 180 cubanos, salió de Costa Rica el 12 de enero y ya llegó a la frontera con Estados Unidos.

¿De dónde surgió tanta generosidad diplomática? “Obviamente que no se pudo hacer nada sin que Estados Unidos estuviera de acuerdo”, explica un funcionario de la cancillería guatemalteca que pide no ser identificado.

“Los gringos supervisan todo, desde que salen de San José (la capital costarricense) saben quiénes son los que viajan porque todos llevan pasaporte”.

El Colegio Nocturno fue el primer albergue que se instaló en la ciudad de La Cruz en Costa Rica, después de que el Gobierno de Nicaragua cerró su frontera, en el se albergaron a 460 cubanos,  290 hombres, 152 son mujeres, 7 niños y 11 niñas.

La mano de Estados Unidos

Es una de las principales diferencias con la diáspora de la región. A diferencia de los migrantes hondureños, salvadoreños o guatemaltecos casi todos los cubanos están “perfectamente documentados”, dice el canciller González Sanz.

Muchos son personas con educación superior, a veces sin necesidades económicas ni problemas de violencia. Migran porque ya no quieren o creen que no pueden vivir en Cuba.

La mirada estadunidense no se queda en el pasaporte, porque la revisión incluye los antecedentes de cada uno de los viajeros. “No van a entrar todos, no por ser cubano ya tienes la puerta abierta, hay que demostrar que eres honesto”, dice el funcionario de Guatemala.

¿Por qué las facilidades estadunidenses a la migración cubana?

Una respuesta es la Ley Pública 89-732. Otra se encuentra en La Pequeña Habana, el barrio tradicional de los exiliados cubanos en Miami.

En los cafés y loncherías de la Calle 8 nació el poderoso movimiento anticastrista, uno de los grupos de presión política más fuertes en la política estadunidense.

El exilio histórico, como se hacen llamar quienes abandonaron Cuba tras la llegada de Fidel Castro al poder, ha logrado colocar a varios representantes suyos en el Capitolio, los cuales solían vetar cualquier intento de relajar el embargo.

De hecho, por décadas la relación diplomática con la isla fue marcada por la Fundación Nacional Cubano-Americana, fundada por Jorge Mas Canosa, uno de los hispanos más ricos de Estados Unidos.

El fallecido empresario fue uno de los principales impulsores de la Ley Helms Burton, que endureció las sanciones políticas y económicas hacia la isla.

Pero el poder de la Fundación no es sólo el dinero. Los anticastristas crearon una eficiente maquinaria para conseguir votos en favor del Partido Republicano, a cambio de controlar ellos el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Es otra de las razones de la reciente crisis migratoria.

Los conservadores cubanos defienden la política de pies mojados-pies secos, incluso en las oleadas de balseros de 1980, cuando 150,000 personas salieron del puerto de Mariel, en el noreste de la isla, o la de 1992 cuando la desaparición de la URSS provocó una intensa crisis económica en la isla.

Esa vez más de 35,000 personas abandonaron su país por mar. Ahora, grupos como la Organización Internacional de Migraciones ven en la crisis en la frontera de Costa Rica la tercera gran oleada de migrantes cubanos.

Y de nuevo, como en los momentos anteriores, el exilio se explica por la mano de Estados Unidos.

El especialista Yuris Nórido dice que la Ley de Ajuste Cubano “es un fuerte incentivo a emigrar ilegalmente”, por más que en el discurso la Casa Blanca insiste en que pretende un proceso legal y organizado. “Esta crisis involucra al país emisor, no faltaba más, pero también al país receptor, que no por casualidad es el más rico del mundo”.

Una legislación que atiende a presiones políticas y al interés de grupos económicos, porque desde hace mucho que el cerco comercial contra la isla está lleno de poros.

Alrededor de las prohibiciones a Cuba se ha construido un mercado negro de mercancías, remesas de dólares, turismo y suministro de tecnología donde los principales beneficiarios son, curiosamente, empresas cubano-estadunidenses.

Los migrantes son parte de ese negocio, como queda claro estos días.

Nueva ruta de comercio

Ahora la ruta es volar desde La Habana a Quito, Ecuador, país que hasta diciembre pasado no pedía visa para entrar a su territorio.

De allí el camino sigue por tierra hasta la frontera Norte de México, guiados muchas veces por traficantes de personas que encarecieron sus tarifas: antes que Nicaragua cerrara su frontera el viaje costaba 2,000 dólares. Luego aumentó a 5,000.

Una vez en la frontera norte los cubanos entran a las garitas migratorias y se entregan a las autoridades estadunidenses. Llegan con “los pies secos”: las leyes los protegen entonces.

En términos políticos –y recientemente también humanitarios- la travesía de los isleños afecta a los países por donde pasan, dice el especialista Nórido. Es lo que ahora se vive y quien mejor lo define es el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís:

“Somos las víctimas”, dice.