Como candidato, Donald Trump prometió deportar a los jóvenes Dreamers. En sus primeros días como presidente dijo que los respetaba, luego que los amaba y ahora en un nuevo giro mental, canceló el programa DACA que los ampara. No la tiene fácil, porque miles de los jóvenes beneficiarios del Programa de Acción Diferida están listos para librar una larga e intensa batalla

Texto: Arturo Contreras Camero
Fotos: Daniela Rea

Cuando JK, un joven dreamer coreano escuchó que el fiscal general de Texas y otros 9 fiscales más el gobernador de Idaho habían dado un ultimátum para que Trump terminara el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como DACA, sabía que tenía que hacer algo para mover a la gente y defender su estancia en el país.

El ultimátum daba de límite el 5 de septiembre, mismo día en que el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció en un mensaje por televisión la cancelación del programa.

La decisión dejó en el limbo la vida (y permanencia en el país) de cerca de 800 mil personas que se beneficiaron del programa para obtener permisos de estudio y trabajo a pesar de ser migrantes indocumentados.

Jung Woo Kim, o JK, como se hace llamar para hacerlo más fácil, es uno de esos 800 mil dreamers. El 80 por ciento de los beneficiarios de ese programa son mexicanos, que también incluye a migrantes de otros 25 países y varias regiones del mundo como Centroamérica y el sureste de Asia.

La mayoría de ellos desarrollaron una vida casi como la de cualquier estadunidense desde 2012, cuando el entonces presidente Barack Obama emitió la orden ejecutiva que dio lugar a la acción diferida, o DACA, en la que se pospuso indefinidamente la deportación de migrantes que llegaron a Estados Unidos como menores de edad.

Ese es el caso de JK, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía quince años, y gracias a la acción diferida cursó la preparatoria y la universidad, mientras trabajaba en todos los sectores de servicios imaginables (desde Valet Parking hasta limpiador de ventanas). Después consiguió un trabajo y pagaba su parte de impuestos a pesar de no ser reconocido como ciudadano.

Eso lo hizo caer en cuenta de que su futuro no podía depender de una orden ejecutiva. Entonces decidió cambiar de giro y convertirse en promotor de los derechos migrantes en el Centro de Recursos Coreanos, una organización dedicada a la procuración de la comunidad inmigrante de ese país. Cuando vio que DACA tambaleaba decidió hacerle frente:

“Prefiero hacer esto que estar en mi casa. Era un periodo crítico en la historia y yo no quería estar pasivo. Sabía que, si iba a haber un cambio, tendría que venir desde las personas. No desde los medios, no de los congresistas ni del gobierno. De ninguno de ellos. La gente somos los que haremos el gran cambio. Esa era la situación, y decidí que iba a hacer cualquier cosa que pudiera… que iba a hacer todo lo que pudiera para defendernos. Fue entonces cuando decidí volar a DC, ir directamente a la Casa Blanca y sentarme aquí en protesta”, explica el migrante en una entrevista por teléfono.

Así, el día en que se anunció la terminación de DACA, JK junto a su compañero TJ, ya llevaban 21 días en protesta. Al principio nadie les ponía atención, pero a medida que el tema de la acción diferida iba ganando importancia, también su plantón.

“A veces venían algunos congresistas a decirnos que nos apoyaban. No recuerdo el nombre de todos. Muchos demócratas y también algunos republicanos. También mucha gente se nos acercaba, pero el 80 por ciento de ellos no sabían que era DACA. Después de oír nuestras historias, decidían apoyarnos. Entonces (el 5 de septiembre) llegaron las protestas por la cancelación”, cuenta JK sobre el tiempo que mantuvo su campamento.

JK y TJ estuvieron dispuestos a hacer todo lo que pudieron para demostrar que no sería tan fácil deshacerse de los Dreamers en Estados Unidos, tanto que incluso el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, les prometió que haría que su partido apoyara el Dream Act, la propuesta para hacer que los 800 mil beneficiarios de DACA y otros 400 mil migrantes regularicen su estancia en el país.

“Nunca había visto a un republicano salir de esa manera”, asegura JK con un tono de sorpresa. Es para sorprenderse; Ryan, que hace unos años votó en contra del Dream Act, ahora forma parte de un grupo de republicanos que apoyan se pase la ley que regularice a estos miles de jóvenes.

Seis meses vitales

JK y TJ no son los únicos migrantes que están dispuestos a dar una pelea por defender su estancia en el país, al que llegaron como inmigrantes pero que se ha convertido en el único que conocen.

Ximena Magaña, otra beneficiaria de la acción diferida que vive en Houston, explica que en FIEL, la organización de apoyo a Dreamers en la que trabaja, ya están empezando a planear las movilizaciones civiles y políticas para hacer frente a la suspensión de DACA.

“Con lo de DACA, nos están diciendo que tenemos seis meses para que se termine, entonces ahorita estamos buscando a líderes locales para que nos reunamos con los congresistas, sobre qué es lo que se puede hacer”, asegura.

Seis meses es el tiempo en el que, de acuerdo con el mensaje del fiscal Sessions, no se podrá renovar ningún permiso de acción diferida o extensión de DACA. Esto quiere decir que después del 5 de marzo de 2018 todos los dreamers cuyos permisos caduquen podrán ser deportados.

Trump ha dicho que los agentes de migración no ejercerán acción alguna contra ellos. El mismo Trump que en campaña prometió deportarlos y después como presidente prometió no tocarlos; el que dijo que los amaba y canceló el programa.

Eso es señal para Ximena de que la lucha se tiene que hacer sin importar qué.  Su lucha se centra en cambiar el enfoque de las movilizaciones sociales, que ya no se trate sólo de un tema migratorio, sino de Derechos Humanos, para que más gente se involucre y puedan ejercer mayor presión en sus representantes.

“Nos estamos juntando con líderes de iglesias, estamos haciendo todo lo que se pueda hacer para mover gente. Ayer me contactó un obispo de una iglesia afroamericana y me dijo que teníamos que cambiar el enfoque para traerlo más hacia un público más grande”.

Parece una buena estrategia. Entre los beneficiarios de DACA se encuentran brasileños, paquistaníes, dominicanos, jamaicanos, e incluso algunos polacos.

Sin embargo, en Houston el tiempo y los recursos parecen ir en contra de los migrantes, quienes además de tener que preocuparse por la reconstrucción de la ciudad que fue azotada hace unas semanas por el huracán Harvey, ahora tienen que hacer frente a esta inesperada decisión gubernamental.

Miles de jóvenes migrantes están buscando renovar su DACA cuanto antes, para que sus permisos de estudio o trabajo puedan extenderse por dos años más, no solo seis meses. Esto representa un gasto inesperado por el trámite. No obstante, la gente de Houston, como Ximena Magaña, están dispuestos a pelear:

“Nos agarró justo después del huracán, y entonces me tocó ver cómo había gente que sí había perdido todo, pero pues yo no, yo aún tengo mi casa, a mi familia y mi trabajo, entonces…  o sea, al final del día, uno va a salir adelante, porque así somos (los migrantes) y es lo que hemos hecho por muchos años. Veo a mi alrededor y digo: algo se puede hacer”, asegura.

Actualmente las pláticas de planeación no sólo incluyen a iglesias y otros colectivos de defensa de migrantes. Ximena asegura que también está platicando con representantes de los partidos demócrata y republicano, pues hay facciones en ambos lados que buscan aprobar el Dream Act.

La lucha por la permanencia de miles de jóvenes en edad productiva, muchos de ellos estudiantes universitarios graduados no sólo pasa por los colectivos migrantes. Un día después de la cancelación del programa, 15 estados liderados por el fiscal de Nueva York levantaron una demanda en contra del Departamento de Seguridad Nacional, de la presidencia y del propio fiscal Sessions para que los derechos que DACA daba a los dreamers no sean vulnerados.

Pareciera una acción simétrica a la que llevaron a cabo los fiscales de 11 estados al levantar el ultimátum. A ella ya se han sumado empresas como Microsoft y Amazon, quienes dijeron estar dispuestos a pagar los gastos para la defensa legal de los Dreamers cuyos permisos se venzan. Ambas empresas tienen sus oficinas centrales en California, estado que concentra a por lo menos un cuarto de los beneficiarios de la acción diferida.

Por su parte, Janet Napolitano, la presidenta de la Universidad de California y quien fuera secretaria de defensa de Obama durante la aprobación de DACA también levantó una demanda en contra de la suspensión del programa. El fiscal general de ese estado, Xavier Becerra, anunció que pronto haría lo mismo.

Estas acciones legales parecieran crear un contrapeso ante las decisiones de la administración, que los demandantes describen como racistas, sin sentido y promovidas por un sentimiento antimexicano.

Mientras tanto, JK y Ximena tienen esperanza en que la lucha que muchos sectores están dando tenga une repercusión y puedan ayudarlos a quedarse en el país que conocen como suyo.

Una lucha a largo plazo que ellos, sobrevivientes de una sociedad cada vez más hostil en su contra, están dispuestos a sostener. El tiempo que sea necesario.

Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la siguiente frase: “Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx”