La Caravana contra el Miedo cruzó esta semana el territorio del tercer estado más grande de Estados Unidos sacudiendo la parálisis que las políticas de Donald Trump han significado para sus comunidades migrantes

Texto y fotos: Arturo Contreras Camero

SAN DIEGO, CALIFORNIA.- Decenas de manos azotaron la puerta de madera clara y fina del corporativo Travelers. El pasillo, abarrotado de manifestantes, retumbó con los cantos de decenas de manifestantes, que demandaban entrar. El grito era claro: “¡Aquí estamos! ¡Y no nos vamos!”.

Nadie había irrumpido de esa manera en el lujoso complejo de oficinas, restaurantes, gimnasios y otras amenidades que albergan los centros de mando de diferentes empresas, y que está ubicado en el condado de Irvine, en la zona metropolitana de Los Ángeles. Ahí también se encuentran las oficinas de distrito de la congresista Mimi Walters, una republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Cuando la Caravana contra el miedo se plantó ante las oficinas, el viernes 14 de abril, el equipo de seguridad del edificio cerró las puertas a los activistas y los dejó fuera. Después de algunas negociaciones, la representante Walters accedió a dialogar con cinco representantes, pero un pequeño grupo de la caravana entró al edificio por la parte trasera, burlando a la seguridad privada y minutos después, el resto del contingente se había apoderado de los elevadores del corporativo.

Con una muchedumbre de latinos gritando en el lobby y desquiciando los ascensores, la pequeña comitiva, ya designada, subió a hablar con la legisladora. Pero los activistas bajaron a los pocos minutos.

“¡Fue un truco con todos ellos, así que nos quedaremos aquí hasta que nos reciban!” Dijo Alejandra Valles, tesorera de la Unión Internacional de Empleados de Servicios (SEIU en inglés), un sindicato de conserjes que integra la caravana. De eso a que el grupo usara las escaleras de servicio y atormentara la puerta de la oficina de la representante no pasaron más de 10 minutos.

La escena es un retrato de lo intempestivo que ha resultado para el estado de California el paso de la Caravana contra el Miedo, una iniciativa de la sociedad civil que busca combatir el pasmo social que estremeció a muchas comunidades estadounidense con la llegada del magnate Donald Trump a la Casa Blanca y el endurecimiento de las políticas antimigratorias de Estados Unidos.

Desde el arranque de la Caravana, el 10 de abril en Sacramento, las protestas, tomas de edificios, marchas y eventos de denuncia no han parado.

Los activistas buscan impulsar una iniciativa de ley que se espera se vote pronto en el congreso estatal de California.

La SB54, o Acta de valores californianos, es una propuesta legislativa que de facto convertiría a la entidad en el primer estado santuario de Estados Unidos, al prohibir que la policía, o cualquier otra dependencia estatal, municipal o local colabore con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE por sus siglas en inglés.

La propuesta ha recibido el apoyo de diversos senadores locales: tres demócratas dieron su espaldarazo al movimiento y firmaron su pliego petitorio impulsando la SB54; otros dos del mismo partido recibieron la solicitud y prometieron firmarla.

Pero otros tres legisladores republicanos, entre ellos Mimi Walters, fueron objeto de una vertiginosa visita de la Caravana en sus oficinas de contacto local al negarse a recibir la solicitud de los ciudadanos a los que representan.

De acuerdo con Jane Martin, otra de las organizadoras del SEIU, la caravana ha ganado terreno no sólo con el impulso de una ley que beneficiará a muchos grupos étnicos, sino que ha logrado que la gente salga a las calles y haga frente al miedo que las deportaciones están creando entre ellos.

“He visto comunidades que realmente se han inspirado con nuestras acciones, Muchos de ellos están diciendo ‘Oye incluso ahora que Trump es presidente ¿debería salir a protestar? ¿Es seguro?’ Es algo que nunca antes habíamos visto”, dijo Martin, quien además es responsable de manejar una de las siete camionetas en las que se mueve el grupo.

“Además, hemos sido capaces de recabar las historias de muchas familias impactadas que están encarando una separación inminente debido a la deportación”, agregó.

Los alguaciles

La Caravana también han tocado la puerta de los ejecutores de la ley: los alguaciles, que abiertamente apoyan las políticas de Trump y que buscan cooperar con los agentes migratorios para aumentar las deportaciones.

Es el caso de los sherifs Youngblood, Mims y Livingston, en los condados de Bakersfield, Fresno y Contra Costa, respectivamente.

Ellos han decidido prestar sus servicios para colaborar con ‘la migra’, afectando a miles de inmigrantes. Como le pasó a Yibi Heras, una mujer de Tegucigalpa, Honduras, madre de dos pequeños; su esposo  se encuentra encerrado en el centro de detención de Richmond, en el condado de Contra Costa.

Una tarde, cuando su esposo, Maguiver Filomeno Ramos, llegaba a casa de trabajar, unos hombres rodearon su casa de manera sospechosa.

“Como yo me puse a lavar platos, aprovechando que los niños se duermen. Vi que venían como siete personas, pero yo dije: ‘esos qué, o sea, son como ladrones o qué’”, cuenta la mujer, afuera del centro donde tienen preso a su marido.

“Pues ya le dije a mi esposo: ‘Fíjate que están unos hombres ahí’. Y él me dijo de repente, ‘es migración’. Le digo ‘¿Migración? No creo’. Y tocaron la ventana, pero yo dije ¿Quién me va a tocar a esta hora? Porque era temprano. Entonces, bueno, abrí la puerta y me dijeron ‘Se encuentra…’ me dijeron el nombre de mi esposo. ‘Yo le dije sí, sí está’. Pero deme un momento para que se cambie.”

En ese momento, la señora Heras no sabía cómo los encontró migración, después sospechó que los oficiales del sherif le dieron su dirección.

“Dicen que te están buscando”, cuenta que le dijo a su esposo. “Él habló solo por la reja y dijo ‘Sí, ese es mi nombre, ¿qué pasó?’. ‘No señor, es que el carro que lo tiene fuera, ha chocado y ha fugado’. Y eso no era cierto porque el carro estaba parqueado, lo teníamos tres días parqueado”.

Cuando su esposo salió por los papeles del auto, otros agentes salieron de las esquinas y lo esposaron. Entonces, él le dijo “Yibi, es migración”. Lo esposaron y se lo llevaron.

Para los activistas de la Caravana, estos alguaciles ayudan a que la inseguridad florezca en las comunidades californianas al inhibir que los migrantes indocumentados se acerquen a la policía por miedo a enfrentar una deportación.

Lo mismo piensa Yibi. Para ella, la gente debería colaborar con las autoridades, pero este tipo de acciones inhibe la participación. Por eso se alegra de la visita de la Caravana, porque cree que le puede ayudar a cambiar las cosas, a que más gente viva tranquila. Aunque su esposo aún pueda ser deportado.

La desobediencia

El lunes 17 en los Ángeles, el último evento de la caravana en California, los activistas decidieron reclamar al sherif de Los Ángeles, Jim MacDonnell, que se decantara entre acatar las órdenes de Trump o las necesidades de la comunidad a la que sirve.

Ocho de los integrantes del movimiento realizaron un acto de desobediencia civil en las calles del centro de la ciudad más grande de California y bloquearon la intersección en la que convergen el palacio de justicia, la corte federal, el palacio de gobierno y los cuarteles de la policía de Los Ángeles.

Como consecuencia, los ocho fueron aprehendidos por la policía, aunque después de una hora los liberaron. La caravana seguirá su ruta por toda la frontera sur de Estados Unidos.

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