En marzo de 2010, un camión de la empresa Pirasol salió de Ciudad Valles rumbo a Tamaulipas. Llevaba 29 migrantes provenientes de Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas. Iban al otro lado. Pero nunca llegaron. Los pocos indicios hallados apuntaban a grupos criminales. Pero pistas e información fueron “perdidas” en las procuradurías. A diez años, sus familiares no dejan de buscarlos

Texto: Marcela del Muro

Fotos: Archivo Pie de Página

CIUDAD VALLES Y SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- César Alberto Sánchez Landaverde regresó a México para visitar a su mamá, que estaba recién operada del apéndice. A las pocas semanas, planeó el viaje de regreso a Estados Unidos junto a su mejor amigo, Enrique de la Torre Netro. Éste sería padre primerizo en junio del 2010, en Carolina del Norte. Contactaron y pagaron a dos polleros que los ayudarían a cruzar la frontera por el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas.

Pagaron boletos para un autobús de  la línea “Pirasol”. Y cuando subieron a éste,  coincidieron con Fidel Barragán Salazar, quien cada año viajaba a Houston, Texas, para trabajar durante nueve meses y poder darle una mejor vida a su familia.

A las ocho de la noche del 17 de marzo del 2010, el camión partió del municipio de Xilitla, San Luis Potosí, con más de 30 personas en su interior. Pero, mientras transitaba por la peligrosas carreteras que atraviesan Tamaulipas, el camión y sus pasajeros desaparecieron.

No hay certeza sobre este crimen, pero los rumores indican que en la localidad de Valadeces, Tamaulipas, un retén policíaco los detuvo. El resto de la historia ha sido dolor, desesperación e incertidumbre para las familias.

La primera denuncia y el aviso 

Rafael Rodríguez García tenía seis meses de trabajar como chofer en la empresa Pirasol, que se dedica al alquiler de autobuses en la huasteca potosina. Esa noche de miércoles, llegó el camión de Querétaro, ya con algunos pasajeros ocupando sus lugares. A él le tocó manejar desde Xilitla hasta la frontera norte de Tamaulipas. Por aquel entonces, ya se escuchaba sobre los asaltos en las carreteras de aquel estado, pero ni él ni su compañero chofer, Román Castillo Briseño, sospecharon nada.

La familia sabía que Rafael no demoraría más de un día en el viaje. Para el 19 de marzo lo esperaban en Ciudad Valles –en el norte de San Luis Potosí–, donde radicaba. Pero pasaron las horas, y no se tenía ninguna noticias sobre él. El sábado 20, Ángeles, hermana de Rafael, acudió a las oficinas de Pirasol. Pero el dueño del negocio tampoco sabía nada sobre los trabajadores y la unidad. La familia Rodríguez esperó todo el fin de semana, con la esperanza de comunicarse con el chofer. Sin respuesta y con un hoyo en el estómago provocado por la incertidumbre, el lunes 22 de marzo, Ángeles levantó una denuncia por la desaparición de su hermano.

Rosa Laura, esposa de Fidel Barragán, se enteró por la nota de un periódico local, que informaba de una denuncia por la desaparición del chofer y un camión Pirasol. Inmediatamente, marcó a su sobrino en Houston, quien recibiría a su esposo, pero aquél tampoco tenía noticias sobre Fidel. Enseguida acudió a la empresa de transportes, enterándose sobre la desaparición  del camión y sus pasajeros.

A Paulina, mamá de César Alberto, le avisaron que su hijo no había llegado a su destino, y tampoco se había comunicado con su familia en Estados Unidos. Consternada, preguntó a Don Santiago, papá de Enrique de la Torre, y éste tampoco conocía  el paradero de su hijo. Ellos, también, acudieron a las instalaciones de Pirasol.

¿Probable “ajuste de cuentas”?

A dos semanas de la ausencia, algunos de los familiares se reunieron con los polleros, Arturo Mayorga y Arturo Benítez. Aquella noche, los dos hombres viajaron aparte y tomaron una ruta más segura. Aunque los familiares nunca lo pudieron confirmar, las versiones apuntaban  al grupo delictivo de los Zetas y un ajuste de cuentas con Arturo Benítez.

Arturo Mayorga fue detenido en marzo del 2011. Dos años después, en agosto de 2013, Benítez también. Pero ninguno fue procesado por el caso de Pirasol. Arturo Benítez estuvo involucrado en la masacre de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010, pero  fue liberado por falta de pruebas en el 2017.

Oídos sordos

“Una de las cosas más difíciles del caso ha sido explicarle a las autoridades que nuestros desaparecidos tenían sueños, tenían proyectos en familia, tenían preocupaciones. Darles a entender que no desapareció una cosa, ni un animal. Explicarles que se perdieron personas que tenían una vida”, comenta Rosa Laura.

Las familias interpusieron denuncias por desaparición en individual. Además, en la procuraduría local de Ciudad Valles, las autoridades abrieron una carpeta de investigación, con hasta ahora, treinta y dos casos.

Al igual que la carpeta, las familias comenzaron a trabajar de la mano. Pero, desde un principio, se vio el actuar lento, despreocupado y omiso de las autoridades. Meses después, se enteraron de que por ser un crimen de alto impacto, en Ciudad Valles no estaban calificados para la investigación y el expediente fue enviado a la procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de San Luis Potosí, en la capital.

De mal en peor

“Ya en San Luis, fue durísimo para nosotros”, comenta Paulina, quien cada semana se acercaba a las oficinas de la PGJE para preguntar por los avances.

“Tuvimos una cita con Federico Garza, (entonces, Procurador General del Estado, hoy Fiscal). Nos enojamos mucho y peleamos con él, nos dijo que en San Luis no hay desapariciones, que la de nuestros hijos se dio en otros lados. Por eso no trabajaban, negaban el problema”.

El tiempo pasaba rápidamente y nadie les daba respuestas.

Voz y dignidad

“En el 2015, en un foro organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, conocí a algunas de las familias de Pirasol. Fue muy sorprendente, ellos estaban desesperados porque nadie les había hecho caso: no sabían donde estaba su averiguación previa, ni qué era un acta circunstanciada, ni quién era su Ministerio Público asignado. Sin formarlo, ahí fue cuando comenzamos con el colectivo”. relata Edith Pérez Rodriguez, directora del único colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en San Luis Potosí, Voz y Dignidad por los Nuestros.

Después de ese encuentro y con ayuda de Edith, las familias comenzaron a tener contacto con el entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Para inicios del 2016, la SEIDO tomó el caso y pidió a la PGJE de San Luis Potosí la carpeta de investigación. Llegó octubre de 2016, y el expediente seguía sin entregarse. Estaba traspapelado, nadie en la procuraduría sabía de él.

Cuando se encuentra el expediente del caso, en el 2018, las familias se percatan que no es el original, pues faltaban las declaraciones y documentos de Paulina y Santiago. Hasta la fecha, se continúa trabajando con esa copia de la carpeta de investigación.

También, se enteraron de una, supuesta, notificación a la señora Ángeles, sobre el hallazgo del camión y la solicitud del peritaje.

El camión “no es una prueba”

El autobús de Pirasol fue hallado un año después de la desaparición, en abril del 2011. Fue localizado en una pensión en el municipio de China, Nuevo León. Aunque existe el documento donde, supuestamente, se le notifica a la familia de Rafael, este papel no está firmado de recibido. En realidad, nunca llegó a su destinatario. Quien sí recibió la notificación fue el dueño de la unidad, quien, sin perder tiempo, fue por su camión.

Las familias potosinas se enteraron cuando vieron circular el autobús por las calles de Ciudad Valles. Se avisaron entre todos y acudieron a las instalaciones de Pirasol. Para ese momento, el camión ya estaba lavado y el tapiz de los asientos cambiados. Las familias, desesperadas, reclamaron al dueño por la limpieza de la unidad. El hombre alegó que lo único que se encontró fue basura. Para él, dentro de su autobús no existía ninguna prueba que aportara al caso.

Aunque la Procuraduría afirma haber realizado el peritaje del autobús, con la pérdida del expediente esta información falta en la carpeta de investigación.

Meses después de este suceso, el camión fue vendido.

Buscar hasta debajo de las piedras

Fidel llevaba desde 1985 trabajando en Estados Unidos para construir su casa. En el primer piso armaba su taller de carpintería. Ya tenía maquinaría y  herramientas. Su sueño era dejar de irse para el otro lado y trabajar donde estaba su familia. Cuando desapareció, Rosa Laura lo buscó sin descanso y con sus propios recursos. Al pasar de los meses, Fidel seguía sin aparecer y el dinero ya no ajustaba: se tuvieron que vender las herramientas de carpintería para continuar con la búsqueda.

Al igual que Rosa; Paulina, don Santiago y Ángeles investigaron por su cuenta y con sus propios recursos, sin conseguir ningún resultado aparente.

Cuando ocurrieron las dos masacres de San Fernando (Tamaulipas), fueron a investigar. Y también a Monterrey, cuando encontraron a los migrantes secuestrados. Se internaron por lugares peligrosos y preguntaron a quien se dejaba. Lloraron con otras familias. Exigieron y gritaron a las autoridades. Pero no han tenido respuestas.

Ligera mejoría

Con la formación de la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas, en el 2017, y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en el 2018, las familias del caso Pirasol han visto una pequeña mejoría en su proceso de búsqueda. “Es difícil después de tantos años de omisiones y malas respuestas, recuperar la confianza en las autoridades, pero lo único que deseo es que alguien me ayude a saber dónde está mi hijo” comenta Paulina, con la voz entrecortada.

A diez años del caso Pirasol, mientras las familias realizan búsquedas en campos y volanteo por varios lugares del estado, no existe una línea de investigación clara que nos ayude a entender qué pasó aquel 17 de marzo.