Ocho jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos votaron este jueves para definir el futuro de los programas DACA Y DAPA, las acciones ejecutivas que el presidente Barack Obama presentó en noviembre de 2014 como una forma de frenar las deportaciones de personas que viven en el país con documentos irregulares. El resultado: un empate y la suspención de estos programas que podrían blindar temporalmente a casi cinco millones de migrantes.
La votación será aplazada hasta el próximo año cuando la nueva administración se instale en el gobierno. La resolución sobre los programas dependerá, en gran parte, de la asignación de un noveno juez que reemplaze a Antonin Scalia que murió en febrero pasado.
El DACA, Acción Diferida para la Llegada de Menores, y el DAPA, Acción Diferida para los Padres de Ciudadanos Americanos fueron los paliativos del presidente Obama para responder a las exigencias de más de 11 millones de migrantes en el país. Si bien no garantizan la ciudadanía, protegen temporalmente a las personas de la deportación además de permitirles obtener un permiso de trabajo y licencia de manejo hasta por dos años con la posibilidad de renovarla.
No todos los migrantes son candidatos, la protección está dirigida a la generación de los Dreamers, aquellos que llegaron al país con menos de 16 años hasta antes de 2012 y a los padres de ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos. En total ambos programas contemplan hasta cinco millones de personas.
Por ahora, este fallo de la Corte significa que miles de migrantes que todavía estaban en proceso de solicitud quedarán desprotejidos ante la deportación. Por esto, activistas y abogados defensores de derechos han pedido a los afectados que tomen precauciones pues la situación es precaria y cualquier paso en falso puede dirigirles a la deportación.
En entrevista para Univisión, Mariano Lobo, un abogado especializado en Miami, recomendó desconfiar por completo de cualquiera que ofrezca, a cambio de dinero, arreglar documentos migratorios por medio de DACA y DAPA.
“Eso significa que no debe hacer nada, no llene nada, ni pague nada a nadie. Si lo hace, puede perder su derecho de permanencia en estados unidos”, dijo el abogado.
Las organizaciones también recomiendan que en caso de ser detenido por ICE no firme por ningún motivo la salida voluntaria y que busque a través de su abogado mantener el caso abierto para evitar ser expulsado del país.
El futuro de ambos programas dependerá no solo de la elección del nuevo juez, también recaerá en el próximo presidente que tendrá las facultades de eliminarlo por completo y mantenerlo. El candidato Donal Trump por su parte ha dicho en su proceso de campaña que de ser elegido eliminará el programa en los primeros 100 días de mandato, mientras Hilary Clinton se ha reconocido que apoya la medida.
Lo cierto es que estas acciones ejecutivas han servido para atender superficialmente la problemática que rodea a la comunidad indocumentada viviendo en E.U y que cualquiera de los candidatos que llegue al poder se enfrentará a la necesidad de una reforma migratoria.
