Hace más de un año surgió el Programa Frontera Sur. El resultado ha sido el endurecimiento de fronteras y el aumento en la deportación de migrantes. En este tiempo, el gobierno mexicano no ha podido comprobar con documentos la intención y origen del programa. En el Camino indagó en antecedentes políticos de la región y pudo hilvanar cómo detrás está el plan de Estados Unidos de extender su frontera a otro río, al Suchiate
Por Ángeles Mariscal y Eileen Truax
Es junio de 2014. Una comitiva de funcionarios de Estados Unidos, vinculados a las fronteras y la seguridad nacional e internacional, recorrieron la frontera entre México y Guatemala. Viajaron desde su país con el argumento de “enfrentar problemas de seguridad que afectan a nuestras comunidades”.
La comitiva estaba conformada por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, el jefe del Comando Sur del Departamento de Defensa de ese país, John Kelly y el secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson.
Parecía una visita diplomática más. Pero el recorrido de los funcionarios fue un paso más en el camino que desde hace ocho años echaron a andar: la creación de una nueva frontera estadunidense, ajena a la geografía y más cercana a la seguridad interna de esa nación.
La “Frontera del Siglo XXI”, como le llaman los norteamericanos, comenzó a idearse en el 2007 con la Iniciativa Mérida y su más reciente efecto en la región fue el Programa Frontera Sur, puesto en marcha por Enrique Peña Nieto, y el Plan para la Prosperidad, por los países de El Salvador, Guatemala y Honduras.
El presidente mexicano no ha podido explicar el origen o el sustento de este proyecto. En el camino realizó varias peticiones de información al gobierno para conocer el documento sustente tal programa, que se ha traducido en un embudo que obstaculiza cada vez más el paso de migrantes por el territorio. No existe tal papel. Lo único evidente es el bloqueo de fronteras.
Así, el límite fronterizo de Estados Unidos ya no es una línea horizontal que corre sobre el Río Bravo. En 8 años se ha convertido poco a poco en una línea “vertical” que busca contener la migración desde otro río, más de 3 mil kilómetros al sur: el Suchiate que divide a México con Centroamérica.
En palabras del investigador Daniel Villafuerte, investigador del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Programa Frontera Sur es “una frontera vertical que va desde el sur hasta el norte. Se va filtrando la migración hasta que llegue lo mínimo”.
Sin origen claro
La visita de los funcionarios de seguridad de Estados Unidos ocurrió un par de meses antes de implementarse el Plan Frontera Sur.
En lenguaje diplomático, un comunicado informó sobre la colaboración entre países, pero parecía más bien un cobro del vecino del norte a México por los 3.5 millones de dólares entregados a través de la Iniciativa Mérida para incrementar la seguridad en la frontera sur.
Un mes más tarde, el gobierno mexicano anunció el Programa Frontera Sur, sin que existiera de por medio ningún cabildeo legislativo o proyecto escrito.
El Programa se anunció el 7 de julio de 2014 en presencia de los mandatarios de México y Guatemala, Otto Pérez Molina, con la promesa de “proteger a los migrantes que entran a México, y construir puertos de entrada en la frontera que promuevan la seguridad y la prosperidad en la región”.
En el Camino realizó solicitudes de información a cada una de las dependencias del gobierno mexicano involucradas en el programa. Pidió el diagnóstico previo que le dio origen, su balance de trabajo y su proyección futura. La Secretaría de Gobernación, responsable de su aplicación, respondió a cada una de las preguntas que “en los archivos de la Coordinación Para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, no existe documento alguno que pueda dar respuesta a dicha solicitud”.
Por su parte las secretarías de la Defensa, de Salud, de Desarrollo Social, de Hacienda, Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República (PGR), sugirieron canalizar la petición a Segob.
Sólo la Secretaría de Marina (Semar) respondió parcialmente a la solicitud, indicando que “el gobierno de la República decidió implementar un programa de seguridad atención integral a la frontera sur, que resuelva la problemática de seguridad y también promueva el desarrollo de la región sur-sureste”.
A la pregunta sobre la primera vez que se planteó el proyecto en una reunión institucional, la respuesta fue que el 2 de junio de 2013, durante una reunión del Gabinete de Peña Nieto, en Tapachula. Se cita también otra reunión celebrada el 31 de marzo de 2014, y presidida por el “Gabinete Especializado México con responsabilidad global, en la que se acordó conformar un grupo de trabajo de la Frontera Sur, coordinado por la Cancillería para elaborar el Plan Integral de Desarrollo Fronterizo del Sur”.
Un antecedente adicional proporcionado por la Marina es una reunión de noviembre de 2013, donde en conjunción con Guatemala se planeó la modernización de los 8 cruces fronterizos entre ambas naciones.
Sobre la prospección del Programa, mencionó que el objetivo de modernizar los cruces internacionales y las líneas de control interno sobre los principales nodos carreteros de los estados fronterizos de Chiapas y Tabasco, “cuyo propósito será impedir el tráfico de personas, armas, drogas y contrabando, así como brindar atención a los migrantes y erradicar la corrupción”.
Chiapas y Guatemala, la nueva frontera sur
La colaboración en seguridad entre México y Estados Unidos no es nueva. Con ayuda de Estados Unidos en 2001 Vicente Fox implementó el Plan Sur, que blindó el camino a migrantes con retenes militares; después siguió Felipe Calderón que firmó la Iniciativa Mérida que donó recursos para incrementar la seguridad al sur de México y ahora Enrique Peña Nieto con el Programa Frontera Sur.
Paralelamente, en 2001, Guatemala le siguió los pasos y aplicó su versión de la estrategia, llamada Venceremos 2001. El resultado: la reducción en 30 por ciento de cruces, según la versión oficial, que orilló a los migrantes a rutas más riesgosas. Entonces Felipe de Jesús Preciado, que era comisionado del Instituto Nacional de Migración en México, dijo: “sé muy bien que nuestros esfuerzos serán de gran beneficio para Estados Unidos”.
El presupuesto destinado al programa concebido en 2007 para dar ayuda militar a México ha aumentado: en 2011 el Departamento de Defensa estadounidense inició un programa de asignación de recursos para proveer a la región fronteriza México-Guatemala-Belice con 50 millones de dólares; en 2014 fueron 112 millones.
Este monto, que incluye fondos adicionales del Departamento de Defensa, se usó para comprar equipo como camionetas con rayos X, de detección de contrabando, kioscos biométricos y bases de datos con información de identificación de rostro, retina y huellas digitales. El dinero también se destinó al INM, la Marina y la Policía Federal para instalar retenes, patrullar las aguas y tener medios de visión nocturna y sensores marítimos.
Todd Miller, periodista que durante 15 años ha seguido las operaciones de la Patrulla Fronteriza, hace referencia a un reporte de la Oficina de Washington en América Latina (WOLA) publicado en junio de 2014, que confirma la existencia del equipo de seguridad recibido de Estados Unidos, y que detalla la presencia ocasional de helicópteros UH-1H Huey y SAC-333 en puntos cercanos a la frontera sur, en Tapachula, Chiapas; Ciudad del Carmen, Campeche; y Chetumal, Quintana Roo. Miller agrega que además hay evidencia de unidades K-9, los perros entrenados para detectar contrabando de narcóticos, patrullando la zona.
Miller detalla que esa infraestructura está acompañada del entrenamiento para agentes de aduanas, migratorios, marinos, policías, y la posibilidad de compartir información de inteligencia en la frontera.
“Lo que estamos viendo en México es parte de una estrategia para expandir el régimen policial fronterizo de Estados Unidos a lugares muy lejanos al país”, asegura Miller, autor del libro “Border Patrol Nation”, sobre aspectos del programa de la Patrulla Fronteriza para el periodo 2015-2016.
“El proyecto señala explícitamente que realizará un ‘enfoque por capas’ en su vigilancia fronteriza, en la cual la división con el territorio mexicano no es la primera ni la última ‘línea de defensa’”, agrega Miller vía telefónica desde Filipinas, en donde realiza una investigación sobre la participación de agencias estadounidenses en la implementación de programas de seguridad regional.
En 2012, Alan Bersin, secretario asistente del Departamento de Seguridad Interna (DHS) para Asuntos Internacionales de Estados Unidos, dijo una de sus célebres frases que hoy se ha vuelto designio: “La frontera entre Guatemala y Chiapas es ahora nuestra nueva frontera sur”.
Un ejemplo de esta expansión de frontera es lo que ocurre en el estado de Chiapas.
Hace una década, durante la gestión de Juan Sabines, se creo una Policía Fronteriza estatal, con el objetivo específico de patrullar la zona y prevenir el crimen en el área de la frontera, que abarca 17 municipios del estado.
Sin embargo el nuevo gobernador Manuel Velasco, quien tomó posesión en 2012, decidió crear una nueva fuerza policiaca de élite, la Policía Fuerza Ciudadana, que ha desempeñado un rol fundamental en el control fronterizo, según reporta la propia WOLA. De los más de 400 nuevos agentes de esta nueva fuerza, cerca de la mitad están desplegados en la franja fronteriza; y siguiendo la tendencia de militarizar la seguridad pública en México, estos agentes también han recibido entrenamiento de el Ejército y la Marina estadounidenses.
Daniel Villafuerte explica que si México logra demostrar a Estados que “está haciendo su trabajo” incrementando el numero de detenciones de migrantes, “le va a ir bien en términos diplomáticos, comerciales y de asistencia”.
Centroamérica tras el anzuelo de los recursos
El Salvador, Guatemala y Honduras también están haciendo su parte. Mientras México se lanzaba el Programa Frontera Sur en 2014, estas tres naciones centroamericanas presentaron en paralelo los lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (Plan Prosperidad) derivado de la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (CARSI) EN 2008.
El Plan Prosperidad –que se ha presentado ante Congresistas de Estados Unidos y en la Cumbre de las Américas de Panamá- refleja un plan de desarrollo basado en la inversión de la iniciativa privada internacional, como método para buscar el arraigo de la población potencialmente migrante.
Los mandatarios de los tres países han reconocido que además de la pobreza, la violencia alienta la migración y desalienta el desarrollo económico. Así, sus países están sumidos en un círculo donde la única salida parece ser la migración.
Por ello, en un primer momento los recursos para echar a andar el Plan Prosperidad deben venir de Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El gobierno de Estados Unidos ofreció 5 mil millones de dólares, en partidas anuales de un millón de dólares- que constituiría el 20 por ciento del costo total del proyecto.
La aparente salida que plantea el Plan Prosperidad para buscar el arraigo de los migrantes -que en estos países alcanza al 9 por ciento del total de su población- no ha estado exento de análisis que advierten que el camino planteado no necesariamente es el correcto.
Por ejemplo en mayo de este año, un estudio de la consejería de proyectos internacionales llamada Project Counselling Service, planteó que aún cuando Estados Unidos aporte el 20 del costo del Plan, las tres naciones no tendrían capacidad financiera para obtener el 80 por ciento restante.
Más aún, establece que el modelo de desarrollo planteado “va a reforzar aún más la explotación de recursos naturales, la expansión de la agroindustria y nuevos megaproyectos turísticos, que son algunas de las causas por las que la población se está viendo desplazada y forzada a la migración”.
Project Counselling Service señala que en ninguno de sus puntos en Plan Prosperidad se consideró la opinión de las y los migrantes, a sus familiares, a organizaciones de la sociedad civil o a la academia .
El investigador Daniel Villafuerte Solís coincide con la consultora que un plan pueda detener la migración, pues cada año los migrantes envían 14 mil millones en remesas que van a dar directo al bolsillo de sus familiares. Es decir, la inversión pensada para el Plan es mínima comparada a las remesas.
A este paso, considera Villafuerte Solís, la migración es imparable.
“Es inviable pensar que la migración se pueda detener, aún con el endurecimiento de las medidas de control en las fronteras, con militarizar a la policía de Honduras, con la mano dura en El Salvador, con la militarización de Guatemala, ni con la agresiva política mexicana”, concluye el economista.
El pretexto de los niños migrantes.-
En julio de 2014 el embajador Thomas A. Shannon, consejero del Departamento de Estado estadounidense se acercó al Senado a plantear su preocupación por lo que ocurría en las fronteras al sur de su país. Se dijo preocupado por la crisis de los niños migrantes no acompañados y pidió al Senado de su país 300 millones de dólares para atenderla. Shannon argumentó que esta crisis de infantes se podría resolver frenando su cruce a ese país repatriándolos y mejorando la capacidad de México y Guatemala para interceptarlos antes de cruzar a México y encaminarse a Estados Unidos.
Entonces, casi 60 mil niños y niñas migrantes centroamericanas cruzaron la frontera de ese país del norte en un periodo de seis meses, desde finales del 2013 a mediados de 2014.
En su presentación ante el Senado, Shannon celebró el anuncio del Plan Frontera Sur de México y la presencia de Guatemala en ese evento y lo calificó como un paso adelante para mejorar el control de la frontera sur. Por ello pidió a los senadores 86 millones de dólares adicionales a lo que ya se entrega en el Plan Mérida, para apoyar este Programa y combatir el cruce de narcóticos.
Estados Unidos debe ser llamado a cuentas
Unos meses después del inicio del Programa Frontera Sur, una delegación de representantes de organizaciones pro inmigrantes de Estados Unidos viajó a algunas ciudades de Chiapas y Guatemala y visitó los albergues para conversar con los migrantes en ruta y evaluar al situación. A su regreso, decidieron presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiendo una revisión del programa y las consecuencias de su aplicación.
“Es evidente que la presión y la política está moviendo la frontera de Estados Unidos hacia el sur”, comenta Ángela Sanbrano, presidenta de la mesa directiva del Centro de Recursos Centroamericanos, con sede en Los Ángeles, e integrante del grupo que impulsa esta demanda con el apoyo del Center for Human Rights and Constitutional Law.
Sanbrano señaló que como parte de este proceso se ha solicitado al gobierno estadounidense, a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA), un desglose de los montos asignados y el uso.
“Vamos a pedir que Estados Unidos suspenda la ayuda que envía a México para los programas de seguridad, como la Iniciativa Mérida, el Programa de la Frontera Sur, y otros. Los millones de dólares que están llegando a México y Centroamérica para crear las ‘condiciones de seguridad’ para que los migrantes no crucen, son una invitación a que haya más corrupción y más violación de derechos humanos sin garantizar la seguridad de las personas que migran”.
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Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la siguiente frase: “Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx”
The Southern Border Program was set into motion over a year ago. The result has been the reinforcement of the borders and the increment on immigrants’ deportations. During that time the Mexican government has not been able to provide a document that defines the intention and source of such program. En el Camino looked into the region´s political background and was able to unveil U.S.´s plan to extend its border to a river down south, the Suchiate river.
It´s June, 2014. A committee from U.S., all of them involved in border and national and international security, traveled along the Mexico-Guatemala border. They came from their country claiming to “face the security issues affecting both of our communities”. The committee was formed by the, back then, U.S.´s ambassador in Mexico Anthony Wayne, U.S.´s Department of Defense´s South Section chief John Kelly and Homeland Security Secretary Jeh Johnson. It seemed a regular political visit. However, those civil servants’ trip represented one more step on a road they had been on for 8 years: the creation of a new border for the U.S., a border which is not based on geography but on their nation´s internal interests. The “21st Century Border”, as Americans call it, started being planned in 2007 with the Merida Initiative and its most recent effects on the region have been the Southern Border Plan, set into motion by Enrique Peña Nieto, and the Prosperity Plan, started by El Salvador, Guatemala and Honduras. Mexico´s president has not been able to explain the origin or foundation for this plan. En el Camino, submitted several requests to the government in order to learn about the document supporting such plan, which has turned into a bottleneck that clogs more and more the immigrants´ transit through Mexican territory. The before mentioned document does not exist. The only self-evident truth is the blocking of the borders. That way, U.S.´s border is no longer a horizontal line running along the Bravo River. In the last 8 years it has become, little by little, in a “vertical” line that attempts to stop immigration at another river, over 3,000 Kms to the south: the Suchiate River, which divides Mexico from Central America. According to Daniel Fuentes, researcher at Mexico and Central America Superior Studies Center from the Science and Art Chiapas University, Southern Border Plan is “a vertical border that extends from the south to the north. It filters immigration to its minimum”. [caption id="attachment_1622" align="aligncenter" width="480"] U.S.´s national security “problem”.[/caption]
Without a clear origin
The U.S. civil servants´ visit took place a couple of months before the Southern Board Plan was implemented.
Officially, there was an announcement for the collaboration among countries, although it seemed more like U.S. was charging Mexico for 3.5 USD delivered through Merida Initiative to increase the security at the southern border.
A month later, the Mexican government announced the Southern boarder Plan, without any voting or written project.
The program was announced on July 7th, 2014 with the attendance of Mexico´s and Guatemala´s presidents who promised to “Protect the immigrants entering Mexico and build entrances to promote security and prosperity in the region”.
En el Camino submitted information requests to every government branch involved in the Plan. We asked for the diagnostic which led to the creation of such a plan, information about the plan´s workload and its future. Mexico´s Secretary of the Interior, responsible to the plan´s application, answered each one of our requests saying “There is not a document among the files at the Coordinacion Para la Atencion Integral de la Migracion en la Frontera Sur that contains information to answer your request”.
Mexico´s Secretaries of Defense, Health, Social Development, Finance, Foreign Relations as well as Mexico´s Office of the Federal Attorney General suggested to submit our requests to Mexico´s Ministry of the Interior.
Only the Secretary of the Navy (SEMAR) partially answered our petition, indicating that “The Republic´s government had decided to implement a comprehensive security program at the southern border that solves the security issues and promotes the south-southeast region development”.
Answering our question about the first time the project was officially presented at an institutional meeting, it was on June 2nd, 2013, during a Peña Nieto´s office meeting in Tapachula. Another meeting held on March 31st, 2014 was also mentioned, presided by “Mexico´s Specialized Office for global awareness” in which it was agreed to assemble a team to work at the southern border, coordinating actions with the chancellery to elaborate the Comprehensive Plan for Southern Border Development”.
An additional piece of background provided by the Navy was a meeting held during November 2013, where, in agreement with Guatemala, the updating of 8 crossing roads between both nations was planned.
Regarding the Program´s announcement, the Navy mentioned that the objective was modernizing the international crossing roads and the internal control lines over the main roads in the border states of Chiapas and Tabasco, “its purpose will be stopping human, weapons and drug trafficking, as well as providing aid to immigrants and eradicating corruption”.
[caption id="attachment_1623" align="aligncenter" width="720"] Welcome to Mexico[/caption]
Chiapas and Guatemala, the new southern border
Security collaboration between Mexico and United States is not new. U.S´s support allowed Vicente Fox, back in 2001, to implement the Southern Plan, which bulletproofed the immigrants’ journey with military checkpoints; then, Felipe Calderon signed the Merida´s Initiative, which provided the funds to increase the security in the southern part of Mexico and finally, Enrique Peña Nieto, signed the Southern Border Program. At the same time, back in 2001, Guatemala followed suit and implemented its version of the same strategy, called “Venceremos 2001”. The result: a 30% decrease in the crossings, according to the official version, which cornered immigrants to travel through more dangerous routes. It was then when Felipe de Jesus Preciado, Immigration National Institute Commissioner claimed: “I know all our efforts will be of great help to the U.S.”.
The budget planned for the program in 2007 to provide military assistance to Mexico has been increased: in 2011 U.S.´s Defense Department started a program that provided the Mexico-Guatemala-Belize region with $50 million USD, in 2014 it reached $112 million.
That amount, which includes additional funds from the Defense Department, was used to purchase equipment such as: trucks equipped with X-rays, counterfeit detection, biometric kiosks and data bases with face, retina and finger prints recognition information. The money also went to the INM, Navy and Federal Police for them to set up checkpoints, water patrol operations, night vision equipment and sea sensors.
Todd Miller, a journalist who has kept track of the Border Patrol operations for 15 years, refers to a report from Washington Office for Latin America (WOLA) published in June 2014, which confirms the existence of the security equipment received from the U.S. and details the occasional presence of UH-1H Huey and SAC-333 helicopters near Mexico´s southern border towns such as Tapachula, Chiapas; Ciudad del Carmen, Campeche and Chetumal, Quintana Roo. In addition to this, Miller says that there is evidence about K-9 units, drug detection dogs, patrolling the zone.
Miller says that, this infrastructure comes along with training for customs, immigration, navy and police agents and, the possibility of sharing intelligence at the border.
“In Mexico we are witnessing a strategy to expand U.S.´s border patrol regime to places far away from U.S.´s borderline” assures Miller, author of the book “Border Patrol Nation”, which addresses aspects of the Border Patrol program during 2015-2016.
“The project clearly states that it will conduct a “layer approach” on its border vigilance, which no longer considers the Mexico-U.S. border neither the first nor the last “line of defense””, Miller adds over the phone from the Philippines, where he is conducting an investigation about American agencies involvement in the implementation of regional security programs.
In 2012, Assistant Secretary for International Affairs and Chief Diplomatic Officer for the U.S. Department of Homeland Security (DHS) Office of Policy, Alan Bersin, said one of his now infamous quotes which turned to be a design: “The Chiapas-Guatemala is our new southern border”.
An example of this border expansion is the situation taking place in the state of Chiapas.
A decade ago, during Juan Sabines´s office, the State Border Police was created, with the objective of patrolling the zone and preventing crime near the border, which covers 17 counties in this state.
Nevertheless, the new governor Manuel Velasco, who took office in 2012, decided to create a new elite police force, the Policia Fuerza Ciudadana, which has played a fundamental role in the border control, according to WOLA itself. Over half of the over 400 new agents from this new elite force are deployed near the borderline and, according to the trend of militarizing public security in Mexico, those agents have also received training from U.S.´s Army and Navy.
Daniel Villafuente explains that, if Mexico succeeds showing the U.S. that “It is doing its job” by increasing the number of immigrant arrests “Mexico will be sitting pretty diplomatic, commercial and assistance wise”.
[caption id="attachment_1624" align="aligncenter" width="720"] Border Police in Tapachula, Chiapas.[/caption]
Central America, chasing the money bait
El Salvador, Guatemala and Honduras are doing their part too. While Mexico started its Southern Border Plan in 2014, those three Central American nations presented their attempt to align to it with the Prosperity Plan, derived from the Central America Regional Security Initiative (CARSI) in 2008.
The Prosperity Plan –which has been presented to U.S.´s congressmen and to the Cumbre de las Americas in Panama- reflects a development plan based on international private initiative investment as a method to control the potentially immigrant population.
The mandataries from the three countries have also recognized that, besides poverty, violence encourages immigration and discourages economic development, leaving their countries in a vicious circle in which immigration seems to be the only way out.
The resources to kick-start the Plan Prosperidad should come from U.S. and the Banco Interamericano de Desarrollo (BID). U.S.´s government offered a total of $5,000 million USD, a million annually –which represents 20% of the project´s total cost.
The apparent solution proposed by the Plan Prosperidad to limit immigrants – that represents 9% of those countries total population- has not been exempted of scrutiny which suggests the chosen path might not be the right one.
As an example, back in May 2015, a study conducted by Project Counseling Service showed that, even if U.S. provided 20% of the plan´s cost, the three nations wouldn’t have the financial capacity to cover the remaining 80%.
Furthermore, it reveals that the development model presented “will reinforce the natural resources exploitation, agro-industry´s expansion and the development of new touristic megaprojects, which are some the reasons the population is cornered to emigrate after being deprived from their lands”.
Project Counseling Service points out that the opinion of immigrant men and women, their relatives and public or academic societies have not been considered in any part of the Plan Prosperidad.
[caption id="attachment_1658" align="aligncenter" width="548"] Infografía: David Hernández[/caption]
Researcher David Villafuente Solis agrees with the counseling firm about a plan´s inability to stop immigration, since immigrants send over $14,000 million USD back to their countries and straight into their relatives´ pockets. Meaning, the investment for the Plan Prosperidad is minimum compared with the money immigrants send back to their countries.
After considering this fact, Villafuente Solis sees immigration as an unstoppable phenomena.
“It is unrealistic to think immigration can be stopped, even after reinforcing the borders´ control, militarizing Honduras´ police, ruling with iron fist in El Salvador and militarizing Guatemala´s or Mexico´s aggressive policies”, sums up the economist.
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Using immigrant children as an excuse
In July 2014 the ambassador Thomas A. Shannon, Counselor to the Secretary of State, approached the Senate to present his concern about the situation taking place at his country´s southern border. He expressed his concern about the immigrant children crisis and asked the Senate for $ 300 million USD to address the situation. Shannon argued this infant immigrant crisis could be solved by stopping and repatriating them to their countries and increasing Mexico´s and Guatemala´s capacity to intercept them before they cross to Mexico and start their way to the U.S.
Back then, almost 60,000 immigrant children from Central America crossed U.S.´s border in a 6 month period, from late 2013 to mid-2014.
During his appearance before the Senate, Shannon celebrated the announcement of Mexico´s Southern Border Plan as well as Guatemala´s presence at this event and label it as a step forward to improve the control at the southern border. Because of that, he asked the senators for an additional $86 million USD to what had already been delivered for the Plan Merida, to support this Plan and fight drug trafficking.
The United States should be held accountable
A few months after the Southern Border Program started, a delegation of pro-immigrant representatives from U.S. traveled to Chiapas and Guatemala to visit some shelters, talk to the immigrants on the road and evaluate their situation. To their return, they decided to present a complaint before the Inter-American Court of Human Rights, demanding the program, and its consequences, to be revised.
“It is evident pressure and politics are moving U.S.´s border to the south”, according to Angela Sanbrano, president of the Central American Resources Center board, located in Los Angeles, and member of the group behind this complaint along with the support of Center for Human Rights and Constitutional Law.
Sanbrano mentioned that, as part of this process, U.S.´s government has been requested through the Freedom of Information Act, a breakdown of the amounts provided and the usage of each one of them.
“We are going to ask U.S. to stop its support to the Merida Initiative, the Southern Border Plan and any other alike. The millions of dollars Mexico and Central America are receiving to “create the proper security conditions” for the immigrants not to cross, are an open invitation for corruption and transgressions against human rights without guaranteeing the safe passage of those migrating”.
Reproduction is authorized as long as the author, the text and the following are clearly quoted “This article is part of the project En el Camino, produced by red de Periodistas de a Pie with the support of Open Society Foundations. To find out more about this project visit: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx”
