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En su paso por México, los migrantes son cotidianamente agredidos por las autoridades que deben protegerlos. En el Camino presenta dos historias que no sólo muestran la ineficiencia del sistema de justicia mexicano, sino los mecanismos que impiden a las personas en tránsito defenderse
Por Ana Cristina Ramos y Celia Guerrero, ( con información de Paris Martínez y Daniela Rea)
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Historias
[/vc_column_text][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”I. SIN OPCIÓN A LA DENUNCIA” tab_id=”1453166026169-3a463568-72b8″][vc_column_text]
Foto: Ana Cristina Ramos / Hermana Sor Nelly
PALENQUE, CHIAPAS.- Mayo de 2015. En la sala de la oficina gubernamental esperan sor Nelly Ríos, directora de la Casa del Caminante Jtatic Samuel Ruiz y quien ha dedicado los últimos tres años de su vida a asistir migrantes, y Wilmer, un hondureño de 36 años.
Ella viste un hábito beige, que es su escudo, tiene un lunar en el cuello y ojos marrón que miran fuerte y directo, incluso cuando se ríe. Él sólo lleva una playera y shorts.
Llevan horas en la delegación de la Procuraduría General de la República en Palenque. Wilmer es uno de los pocos migrantes que se ha atrevido a denunciar sus agresores: tres agentes del Instituto Nacional de Migración, que le dieron descargas eléctricas, lo golpearon y lo amenazaron por el único motivo de transitar por México sin documentos.
Pero cuando quiso denunciar, las autoridades estatales y federales se “pimponearon” la competencia de recibir la queja. Ahora, mientras intenta por segunda ocasión presentar la denuncia, un hombre se acerca y empieza a gritarle.
– ¡Oye, tú! ¿Para qué viniste? Si todos los migrantes son unos ladrones.
* * *
Cualquier migrante cuyos derechos han sido violados tiene derecho a denunciar, independientemente de su situación migratoria, y el estado mexicano tiene la obligación de garantizar su acceso a la justicia de la mano de un debido proceso, esto es lo que establece el Artículo 11 de la Ley de Migración.
Los lineamientos que garantizan derechos fundamentales a los migrantes se aprobaron junto con la Ley de Migración el 25 de mayo de 2011. Antes, en el 2008 una reforma a la Ley de Población quitó cargos criminales, pero dejó penas administrativas a quienes entraron a México sin documentos migratorios.
En este plazo, es decir, entre el 2008 y 2011, mientras las autoridades se regían por los artículos de la Ley General de Población, ingresaron al país unos 600 mil migrantes (150 mil anuales de acuerdo a la Secretaría de Gobernación) que viajaban sin garantías del Estado Mexicano. Y en 2010 y 2011 se cometieron las masacres de migrantes en San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León.
Ahora hay una ley que los protege, pero las condiciones de peligro a las que se enfrentan cuando cruzan por México, en esencia, siguen siendo las mismas.
Foto: Ana Cristina Ramos / Casa del Caminante Jtatic Samuel Ruiz
“Mañana, hermana, mañana”
La tarde del 5 de mayo del 2015, en el cruce La Unión, del barrio Palka-na, Chiapas, Wilmer caminaba cerca de las vías en espera del siguiente tren.
Se encontró con dos agentes de migración que llevaban macanas que sueltan descargas eléctricas; los agentes lanzaron unos toques al aire para amenazarlo, una práctica común cuando se encuentran con migrantes, según distintos testimonios.
El hondureño escuchó la descarga, pero no imaginó que aplicarían el arma contra su espalda.
Cayó al piso, perdió la gorra que llevaba. Sus agresores lo inmovilizaron mientras la electricidad lo contorsionaba. Empezó a gritar.
Un tercer agente –el encargado de vigilar el área—se acercó y entre los tres lo levantaron y zarandearon, a pesar de los gritos de indignación de una mujer que trató de intervenir a favor del migrante.
-Ya lo lastimaste chavo, eso no se hace, ¡trátalo bien!- gritó la vecina.
-Está borracho, déjalo, déjalo- dijo el tercer agente, según el relato de Wilmer, quien nunca supo por qué lo agredieron.
-Nos están grabando- advirtió otro.
Dos minutos después, los agentes lo soltaron. Wilmer se alejó lo más pronto que pudo cojeando. Su gorra quedó tirada en las vías.
Los vecinos de Pakal-na que atestiguaron la agresión lo llevaron al albergue de Sor Nelly, y después lo escoltaron a la Fiscalía Especializada en Delitos en contra de Inmigrantes, que depende del gobierno del estado. Pero ahí le dijeron que era un delito federal (porque involucraba a agentes federales) y debía ir a la subdelegación de la PGR. Ahí lo mandaron de vuelta a la Fiscalía estatal.
Sor Nelly llamó, sin éxito, a todas las dependencias de la zona relacionadas con la atención a los migrantes.
“Como era 5 de mayo no estaban los jefes”, recuerda la religiosa.
En entrevista, explica que no es la primera vez que los agentes utilizan estas armas para agredir migrantes. En mayo y agosto las quejas sobre estos abusos fueron frecuentes en la región.
Después de varias horas, toda la caravana que acompañó a Wilmer y a la hermana regresó a la Fiscalía estatal, donde Sor Nelly llegó a un acuerdo con el fiscal para que tomara la denuncia, pero con la advertencia de que no se haría cargo de la investigación, sino que la remitiría a la PGR.
Wilmer pudo presentar la denuncia hasta el siguiente día. Pero la omisión de las autoridades responsables de protegerlo se resume en la insólita respuesta que dio esa noche a sor Nelly un funcionario de la Secretaría de Gobernación: “Me dijo: ‘Ahorita no puedo porque es de noche y todos los vecinos pusieron su coche delante del mío, entonces ya no puedo salir. Pero mañana, hermana, mañana’”.
Agresiones a Wilmer por parte de autoridades del INM
Letra muerta
Si un migrante es agredido en territorio mexicano, éste puede solicitar una visa humanitaria de un año; sin embargo, muy pocas veces la autoridad cumple con esta obligación y cuando lo hace, ofrece la visa como un premio de consolación, pues no genera ningún otro mecanismo de acceso a la justicia, como restaurar el daño o castigar a los responsables de las agresiones.
El Instituto Nacional de Migración (INM) tiene un plazo de 20 días hábiles para entregar una visa humanitaria, pero el tiempo puede variar. Los migrantes que se alojan en el albergue dirigido por Sor Nelly, por ejemplo, esperan, en promedio, dos meses y medio.
El gobierno mexicano afirma que cumple con su trabajo al entregar un documento que, en teoría, debe proteger legalmente a los migrantes, pero se han documentado casos en los que las propias autoridades acusan al portador de falsificar la visa, o lo amenazan con destruirla.
¿Por qué las autoridades responsables de proteger a los migrantes actúan cotidianamente en contra de ellos? Los defensores de derechos de los migrantes aseguran que por la impunidad que tienen.
En septiembre de 2010, días después de la masacre de 72 migrantes en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, la Secretaría de Gobernación inició un proceso de depuración del INM. La primera en salir fue la comisionada Cecilia Romero.
En los siguientes meses 168 agentes fueron suspendidos o separados del cargo, al igual que los delegados del Instituto en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, San Luis Potosí, Estado de México, Quintana Roo, acusados de entregar migrantes a organizaciones criminales. A ninguno de ellos se le inició proceso judicial. Las sanciones fueron leves, como fue el caso de Humberto Alessandrini Mojica, delegado en Veracruz, quien enfrentó cargos por irregularidades administrativas.
* * *
La tercera visita de Wilmer a la subdelegación de la PGR fue para identificar a sus agresores. Durante el careo identificó a los tres, incluido Jorge Martínez, el agente que más se ensañó con él durante la agresión.
Después del careo, Rubicel Méndez, Subdelegado Federal de la Zona Norte, le pidió retirar la demanda contra Martínez. ¿El argumento? Que era un chavo de 20 años, y que iba a perder su trabajo y pasar muchos años en la cárcel.
Jorge Martínez y otros tres agentes de migración fueron detenidos por la policía federal en septiembre, acusados de llevar secuestrados a 13 migrantes. El Instituto Nacional de Migración los obligó a firmar sus renuncias, pero no fueron procesados penalmente.
Wilmer no retiró su demanda, pero el 7 de julio, cuando recibió una visa humanitaria por seis meses, siguió su camino hacia el norte.
Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la siguiente frase: “Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx”
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Foto: Prometeo Lucero
DISTRITO FEDERAL.- Febrero de 2015. Patricia estaba en un área apartada del resto de la población de la estación migratoria Las Agujas. A su pareja, Armando, quien también se encontraba recluido en ese lugar, no le permitían estar con ella y a su suegra tampoco la dejaban visitarla. Patricia tenía 4 meses encerrada. Comenzó a enfermarse y casi no tenía fuerza para levantarse. Primero sufrió una infección respiratoria, después comenzaron los ataques de ansiedad producidos por el encierro y el psicólogo de la institución le recetó un tranquilizante.
“Estás haciendo berrinches de loca”, se burlaba uno de los guardias de la estación migratoria la amenazaba. Sólo porque había cámaras de seguridad, no la controlaba a golpes, decía.
Patricia y Armando habían llegado a México en agosto del 2014 buscando refugio por la violencia en El Salvador. Fueron detenidos por agentes del INM y encerrados en la estación migratoria. Luego, cuando la pareja promovió un amparo, comenzaron las torturas psicológicas. En noviembre, Patricia fue presionada hasta firmar el desistimiento de la denuncia y el retorno asistido a su país.
La batalla legal continuó durante dos meses más. En febrero de 2015, cuando los abogados de la organización Sin Fronteras hablaron con Patricia, la encontraron aletargada. Al hablar arrastraba las palabras.
“Si me quedo aquí me voy a morir”, le dijo Patricia al representante legal y le pidió que desistiera del amparo y la regresaran a El Salvador. El INM había ganado la batalla.
Incidente de suspensión de amparo
La huida
Patricia y Armando salieron de El Salvador en agosto de 2014, cuando él tenía 24 años y ella 18. Vivían en unión libre desde hacía cuatro años, en Santa Marta, en el Departamento de Sonsonate. Él siempre había vivido ahí, en una colonia que primero fue controlada por la pandilla M18 y ahora forma parte del territorio de la pandilla contraria, la MS13.
En 2008 el hermano de Armando fue asesinado, pero las autoridades locales no investigaron y el motivo del homicidio sigue sin conocerse. Armando cree que pudo deberse a la lucha entre las pandillas, que por vivir en Santa Marta atribuyeran su pertenencia a la M18. Sin embargo, durante los seis años que siguieron al crimen, ningún miembro de la familia enfrentó problemas con las pandillas, hasta que Armando comenzó a recibir amenazas.
Dos meses antes de huir de El Salvador, Armando encontró una nota afuera de su casa en donde le decían que debía irse de la colonia, que ya tenía mucho tiempo viviendo ahí y la MS13 lo consideraba colaborador de la pandilla contraria. Después recibió otra nota, luego otra, hasta reunir cinco mensajes que aparecieron siempre en el patio de su casa.
La última advertencia llegó una semana antes de huir: “Eres un necio, no entiendes que la MS quiere que te vayas. Recuerda lo que le pasó a tu hermano”.
Antes de pensar en abandonar el país le pidió ayuda a un policía de San Salvador. Pero la respuesta le quitó la esperanza: pensaron que estaba inventando y que él mismo había escrito las notas de amenazas.
La última noche en Santa Marta, Patricia y Armando estaban en su casa y escucharon disparos en la calle. Cuando salieron, sus vecinos les dijeron que aparentemente los disparos habían sido en contra de un desconocido que corrió, aunque cuatro de los tiros dieron en la casa de la pareja. Esa noche se fueron a casa de unos familiares.
Armando tenía miedo de que aún lejos de su casa, su vida y la de Patricia corrieran peligro. El lugar donde se refugiaron está localizado en un territorio controlado por la pandilla contraria a la que dominaba Santa Marta, y temía que volvieran las intimidaciones, ahora por parte de la M18.
No tenía casa, no tenía trabajo y consideraba que en cualquier lugar de su país sería interrogado por la pandilla que dominara el territorio y no les permitirían vivir ahí. Pasados un par de días, el joven habló con su mamá —quien vivía en México desde 1999—, ella le ofreció ayuda a él y a su compañera. Aceptaron la oferta. Huyeron de El Salvador.
La solicitud de refugio
Era agosto de 2014. Patricia y Armando entraron a México y fueron detenidos por autoridades migratorias en la delegación de Tapachula, Chiapas. Un par de días después, presentaron una solicitud de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), pidiendo ser reconocidos ambos como refugiados en territorio mexicano.
Como su madre se encontraba en la capital, Armando pidió que los trasladaran de la estación migratoria en Chiapas a una en el Distrito Federal mientras continuaban con el trámite. A principios de septiembre la pareja llegó a la estación migratoria Las Agujas, en Iztapalapa.
Fue hasta octubre que la COMAR entrevistó a Armando y dio respuesta a su solicitud. Durante todo éste periodo, de agosto a octubre, la pareja continuó recluida en estaciones del INM, a pesar de que la ley migratoria mexicana distingue a los solicitantes de asilo de los migrantes irregulares y permite que el trámite lo realicen en libertad y sin ninguna sanción.
En su resolución la COMAR negó a la pareja el reconocimiento de refugiados, alegando que no acreditaron “un temor fundado de persecución”. Según la autoridad no se confirmó que el asesinato del hermano fuera por pleitos de pandillas ni creyó que las amenazas fueran reales.
El argumento: durante la semana que pasaron escondidos en El Salvador, Armando y su novia no enfrentaron “actos que pudieran considerarse persecutorios”.
Nadie les explicó que tenían derecho a promover un recurso legal para revisar la decisión de COMAR ni mucho menos que podrían ampararse para evitar una deportación.
Hasta que contactaron a Sin Fronteras siguieron el camino legal.
Batallas legales ganadas, vidas perdidas
A principios de noviembre de 2014, cuando Armando y Patricia cumplían tres meses de encierro, Sin Fronteras inició un juicio de amparo contra la privación ilegal de la libertad de la pareja por parte del INM; así como para evitar que los regresaran a El Salvador después de la resolución de la COMAR.
El juez de Distrito ordenó que se suspendiera la deportación y que se les permitiera seguir con el trámite de la solicitud de refugio en libertad. Sin embargo, el INM —que reiteradamente violó los derechos de la pareja salvadoreña— ignoró la orden judicial y los mantuvo arraigados.
Paralelamente, la mamá de Armando pidió la custodia de ambos al INM, pero la misma oficina, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, se la negó y planteó la posibilidad de que fuera solicitada por el Consulado de El Salvador o por alguna organización de DDHH.
Después de un mes —a mediados de diciembre de 2014— el cónsul de El Salvador presentó la solicitud de custodia de Patricia y Armando. El INM retrasó la entrega de la pareja al consulado.
En febrero de 2015 el abogado de Sin Fronteras visitó a la pareja en la estación migratoria y confirmó las presiones que el personal del INM ejerció a través de la salud de Patricia. Estaba enferma desde hacía meses y la mantenían permanentemente sedada.
Después de casi medio año de lucha legal en México, de permanecer en reclusión en una estación migratoria y enfrentar los abusos de las autoridades mexicanas, Patricia y Armando pidieron al abogado abandonar su defensa y al INM el retorno asistido a El Salvador.
*Epílogo
Al llegar la pareja a El Salvador, los abogados de Sin Fronteras se enteraron que Patricia aún iba muy grave de salud e inmediatamente fue llevada al hospital. Fue lo último que supieron de ellos, tanto su familia en ese país como su familia en México, dejaron de contestar las llamadas. A pesar de que Patricia y Armando se desistieron del juicio de nulidad contra la resolución de COMAR, los abogados continuaron con el trámite de la queja ante la CNDH.
Los abogados de Sin Fronteras consideran que el amparo de Patricia y Armando, así como la decisión del juez, son en sí un logro. Sin embargo, las condiciones en la estación migratoria fueron lo que llevaron a la pareja a desistir del proceso legal. Sin esta presión, dicen, el procedimiento judicial finalmente los hubiera beneficiado.
**Esta narración se construyó a partir del expediente legal y los testimonios de los abogados que representaron a la pareja salvadoreña. Los nombres fueron modificados para proteger la identidad de las víctimas.
Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la siguiente frase: “Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx”
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En el Camino realizó una serie de peticiones de información a las procuradurías locales para conocer el universo de denuncias por crímenes contra migrantes o violaciones a sus derechos humanos.
Tras varios meses de peticiones, se obtuvo información muy irregular que impide obtener información a nivel nacional, pero sí hacer algunas lecturas locales.
Aquí les presentamos 13 fichas con los datos recabados.
Delitos contra migrantes
Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la siguiente frase: “Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx”
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