El canciller Marcelo Ebrard compareció ante el Congreso para detallar el plan para contener la migración de Centroamérica y evitar una guerra comercial con Estados Unidos, lo que calificó como el punto más alto de conflicto con ese país. Organizaciones llamaron a garantizar los derechos humanos, mientras la ONU se dijo lista para apoyar. “México se encuentra en una situación compleja que exige solidaridad internacional”

Texto: Arturo Contreras Camero y María Fernanda Ruiz

Fotos: María Fernanda Ruiz

Una semana después de comprometerse a contener la migración de Centroamérica, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pidió su apoyo a los legisladores en la ruta que ha de seguir en caso de que el plan migratorio no funcione a los ojos de Estados Unidos.

“Es importante que estemos juntos”, dijo Ebrard Casaubón en el pleno del Senado, ante la comisión permanente. “No nos engañemos, esto no es una victoria. Se los solicito, ayúdenos en esta negociación y lo que venga va a ser un resultado positivo, porque vamos a estar juntos. Los vengo a invitar muy modesta y humildemente a que me ayuden, a que vayamos juntos”.

Algunos legisladores cuestionaron la viabilidad del plan; otros cuestionaron que se tratara mejor a los migrantes que a los nacionales al ofrecerles educación, trabajo y salud.

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, reprochó el plan; recordó que, de acuerdo con la Constitución y con la tradición de asilo de México, toda persona tiene derecho a entrar y salir libremente en la República.

“En ninguna circunstancia México se prestará a cerrar sus puertas a los migrantes”, dijo, en el tono más fuerte que le permitía su voz apagada por la edad. “Una cosa es que hayamos propuesto el desarrollo a largo plazo para controlar la migración, y otra cosa que lo vayamos a aceptar”.

Ebrard reviró: “México no aceptará un acuerdo de tercer país seguro y menos en estas condiciones, fueron las instrucciones del presidente (…) Lo que se plantea es regular el flujo, no prohibir. Se dice que estamos haciendo un muro humano al sur del país. No. Vamos a cuidar sus libertades y derechos. Lo único que haremos será cumplir con las leyes mexicanas”.

El pasado viernes 8, después de tensas negociaciones en Washington, el canciller anunció que México implementaría un plan para contener la migración de Centroamérica que pasa por México para llegar a Estados Unidos.

Fue la respuesta de México ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar un impuesto progresivo a todos los productos mexicanos que quisieran entrar a ese país, lo que pudo haber desatado una guerra comercial con el principal socio de México y destino del 80 por ciento de los productos mexicanos que se exportan.

El plan que presentó Ebrard y que debe dar resultados “satisfactorios” en menos de 40 días, incluye cinco puntos esenciales: México recibirá a unos 10 mil migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos para que esperen en el país la resolución de su solicitud. Trabajará con los gobiernos de Centroamérica un plan de desarrollo que ha sido avalado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para detonar la prosperidad en la región, con ayuda financiera de Estados Unidos. También establecerá las bases para un sistema de gestión migratorio integral, con el apoyo de las secretarías de Bienestar y de Trabajo. Además, 6 mil elementos de la Guardia Nacional apoyarán al Instituto Nacional de Migración (INM) en el registro de personas migrantes en la frontera sur. Por último, convocará a la ONU para el acompañamiento del plan.

Naciones Unidas reiteró este viernes su apoyo al gobierno mexicano y se declaró lista para apoyar, a través de las 25 agencias del organismo que tienen presencia en México, un trabajo conjunto y con enfoque regional para atender la movilidad humana de forma integral.

“México, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes y refugiados, se encuentra en una situación compleja y que exige solidaridad internacional”, dijo la ONU en un comunicado en el que destaca que los flujos migratorios que ingresan a México son de los más importantes del mundo y que, hasta mayo, el país registró un aumento de 196 por ciento de la solicitudes de asilo, con respecto al año anterior.

“El Sistema de las Naciones Unidas en México reitera su disposición para seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades y la sociedad civil de México para apoyar la gestión regular y ordenada de los flujos migratorios que llegan al país, y para garantizar el respeto y protección a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiados”, dice el documento.

La propuesta del gobierno mexicano es que, con dichos proyectos de desarrollo, las personas de la región del sur de México y Centroamérica ya no se vean obligados a dejar sus países por falta de oportunidades y puedan quedarse a vivir de manera digna en sus lugares de origen.

La iniciativa, sin embargo, ha recibido diversas críticas de defensores y expertos en el tema migratorio, que aseguran que se está supeditando el tema humano al interés comercial.

Este viernes, en la reunión con los legisladores, Ebrard entregó la bitácora de su visita, el acuerdo binacional y una copia del plan de desarrollo integral que la Cepal sugiere se lleve a cabo en Centroamérica y el sur.

Según anunció el canciller, el plan de desarrollo iniciará el próximo jueves 20 de junio, en los días siguientes dará más información al respecto.

El resto de la propuesta migratoria ya se está llevando a cabo y está listo para echarse a andar, según dijo antes el propio Ebrard en la conferencia matutina del presidente, en la que también participaron los gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Por ejemplo, el despliegue de la Guardia Nacional.

El despliegue de Fuerzas Armadas en la frontera sur no es algo nuevo, según dijo el canciller. Actualmente hay mil 600 elementos de la Policía Federal en 260 puntos de la franja fronteriza, mismos que formarán parte de la Guardia Nacional, y que serán reforzados con elementos de la Policía Militar y de la Marina.

Según Ebrard, estos elementos no realizarán detenciones, sino tareas de apoyo a los agentes de migración.

Cambio en el Instituto Nacional de Migración

Por la tarde, Mientras Ebrard comparecía ante legisladores, el INM anunció en Twitter la renuncia de su titular, Tonatiuh Guillén López, sin precisar sus motivos.

Su lugar será ocupado por Francisco Garduño, quien hasta ahora era el responsable de atender las cárceles federales en el país y quien, desde el martes, había sido integrado a la comisión para llevar a cabo el plan migratorio.

El relevo ocurre en medio de la llegada de 825 agentes migratorios adicionales, que serían parte de la reingeniería del instituto. El martes, el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, informó que han sido dados de baja casi 600 elementos del INM. En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el INM estaba sumamente corrompido y que la depuración debilitó la capacidad del propio instituto.

Por la tarde, mientras viajaba a Chihuahua, López Obrador dijo que la salida de Guillén, un académico reconocido entre los expertos de migración, fue consensuada con el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas desde principios de la semana.

Ahora, Garduño deberá coordinar las acciones entre la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.

Garduño no tiene una trayectoria especialiazada en migración, sino en el área de derecho, donde tiene un doctorado. Pero Garduño es, sobre todo, un funcionario cercano a López Obrador. Participó en su gabinete en el gobierno de la Ciudad de México y en su campaña presidencial de 2006. Operó en el llamado “gobierno legítimo” posterior a las elecciones y es fundador de Morena.

“A Francisco Garduño lo conozco hace muchos años, trabajo conmigo en el gobierno de la ciudad”, dijo López Obrador sobre él.

Este viernes, también, el Movimiento Migrante Mesoamericano informó de un ataque armado a migrantes en la carretera Villahermosa – Coatzacoalcos, donde perdió la vida un mujer y al menos dos más resultaron heridas de bala, cerca de un retén de la Policía Federal y elementos del Instituto Nacional de Migración.

‘El país que desaparece y mata migrantes’

Organizaciones sociales advirtieron que el acuerdo binacional y las medidas par frenar el paso de personas por México rumbo al norte sólo aumentarán los riesgos a los que se enfrentan las personas en sus rutas migratorias: “la principal consecuencia de los acuerdos entre México y Estados Unidos será la grave crisis humanitaria que se va a generar”.

Más de 20 organizaciones aprovecharon la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard en el Senado para cuestionarlo en el escrito público para que explicara cómo garantizará el gobierno mexicano el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.

Quedan 37 días para la fecha límite acordada entre México y Estados Unidos. La tensión aumenta por dos posibles desenlaces: que se desate una guerra comercial o que México se vuelva “Tercer país seguro”.

Las organizaciones civiles, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Families Belong Together Mexico, descartaron que las estrategias que está impulsando Donald Trump frenen la migración, por los niveles de violencia e impunidad de las que huyen los centroamericanos.

“El acuerdo que México está llegando con Estados Unidos va a incentivar la actuación de los grupos del crimen organizado, quienes cobrarán más y harán viajar a las personas por rutas más peligrosas. No hemos escuchado cómo van a hacer frente a esto. Tenemos marcada en nuestra historia masacres de migrantes como la de 72 en San Fernando, como la de Cadereyta en Nuevo León, como la de Güemez y muchas otras más. No queremos ser el país que desaparece y mata migrantes.”

Las agrupaciones acusan a la Secretaría de Relaciones Exteriores de usar como moneda de cambio a miles de personas y mezclar lo migratorio con lo comercial y económico.

Otro de los temas que más preocupan a activistas, tanto de México como de Guatemala, son los elementos de seguridad que México y Estados Unidos están movilizando ya que denuncian no hay información respecto a la Guardia Nacional ya desplegada en la frontera sur:

“No hay transparencia sobre las instrucciones dadas a los militares -porque la Guardia Nacional no ha sido formalmente constituida y capacitada-, partiendo de que no se están enfrentando a delincuentes, el Canciller debe responder qué mecanismos de control y de denuncia van a poner para vigilar a la Guardia Nacional y a las autoridades que actuarán con ellos.”

De forma paralela, 33 organizaciones civiles exigieron transparentar el pacto de cooperación firmado entre el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y el Ministerio de Gobernación de Guatemala, con el que el país centroamericano permitió que agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se desplegarán en su territorio con la intención de frenar la migración rumbo a Estados Unidos.

El miedo a estas medidas se incrementa por la posibilidad de que estos agentes violenten los derechos humanos de quienes migran, empezando por la restricción del derecho al asilo.

Algunas de las organizaciones que firman esta carta son el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), Casa del Migrante Saltillo, Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. (INEDIM), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, CAFEMIN. Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes y otras 20 más, juntas se preguntan y le preguntan al Gobierno de México: ¿de verdad no teníamos otra opción?

Los pronunciamientos de las organizaciones civiles se suman al llamado que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos el jueves pasado para que la política migratoria de México sea regida por la igualdad, no discriminación y el respeto a los derechos humanos.

La CNDH se dijo preocupada por el despliegue de elementos militares en la frontera sur como contención a los flujos migratorios sin que haya claridad en sus objetivos, límites a su intervención y protocolos de actuación.

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