Colectivos y Organizaciones de la sociedad civil exigieron cese al hostigamiento y criminalización de defensores de derechos de migrantes ocurridas en al menos cuatro albergues. Llamaron a las autoridades a escuchar sus propuestas para cuidar los derechos de quienes recorren las rutas migratorias mexicanas rumbo al sueño americano

Texto: María Ruiz 

Fotos: Duilio Rodríguez

Colectivos, Organizaciones de la Sociedad Civil y defensores de derechos humanos de personas migrantes exigieron al gobierno mexicano el cese a la persecución de migrantes en territorio mexicano y el fin de la criminalización de defensores, centros de derechos humanos y casas del migrante. 

Pidieron que se garanticen los derechos humanos desde el principio pro persona, como marca el artículo 1° constitucional y medidas de seguridad para el equipo de la Casa del Migrante Saltillo, albergue que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos por el acoso constante por parte de grupos del crimen organizado y cuerpos de seguridad pública.

En una carta dirigida a la Secretaría de Gobernación, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al presidente Andrés Manuel López Obrador, evidenciaron el hostigamiento y la criminalización que vivieron defensores de los albergues La 72 Hogar-Refugio, en Tenosique, Tabasco; el Centro de Atención al Migrante en Agua Prieta, Sonora; la Casa del Migrante Scalabrini-Tijuana y la Casa del Migrante Saltillo,  en Coahuila.

La 72 denunció que el 20 de junio agentes federales rondaron sus instalaciones y  una unidad del Instituto Nacional de Migración persiguió uno de sus vehículos. El 18 de junio de 2019, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tabasco acusó a albergues que atienden a personas migrantes de ser fachada para lavado de dinero.

La Casa de Atención al Migrante Éxodus en Agua Prieta, Sonora, denunció que el 23 de junio, seis elementos de la Guardia Nacional solicitaron información de migrantes refugiados dentro de su albergue e insinuaron que harían una verificación migratoria.

Algo similar ocurrió el 18 de julio en la Casa del Migrante Scalabrini-Tijuana, cuando elementos de la Guardia Nacional amenazaron con entrar a realizar una revisión de los estatus migratorios,  implementaron patrullaje constante en sus alrededores y vigilancia por agentes federales.

El pasado 20 de julio, la Policía Federal intentó realizar una verificación migratoria en la Casa del Migrante Saltillo y al no conseguir el permiso, de acuerdo con testimonios de los encargados del albergue, el defensor José Luis Manzo fue amenazado.

Este martes, personal del albergue denunció que la Dirección de Policía y Tránsito Municipal con elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional tomaron videos del director de la organización, Alberto Xicotencatl, cuando exigió se retiraran de la Casa del Migrante Saltillo.

Durante la conferencia de prensa sobre los costos humanos del acuerdo migratorio, realizada este martes en la Ciudad de México, los activistas señalaron que se encuentran en alerta roja.

“El mensaje que está mandando el gobierno es que el acuerdo del combate de tráfico de personas está vinculado a la defensa. Estamos en alerta roja porque Estados Unidos pide detenciones de migrantes y culpables, y ahí sí considero que nos están poniendo en riesgo”, declaró Berenice Álvarez, coordinadora de Políticas Públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración.

La activista afirmó que es desconcertante la relación establecida por el presidente López Obrador hacia las organizaciones civiles:

“Entendemos que hay organizaciones derivadas de políticos pero generalizar y descalificar, eso no lo entendemos”

Las organizaciones civiles señalaron su preocupación por la vulnerabilidad en que se encuentran las personas migrantes que acuden a los albergues y advirtieron que los grupos criminales resultan los más beneficiados por la política de cierre de fronteras.

Los colectivos civiles presentaron cuáles han sido los costos de los primeros 45 días en que se formalizó el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, entre los que destacan la deportación sin acceso a posibilidad de asilo de la mayoría migrantes detenidos; el hacinamiento en estaciones migratorias sobrepasadas en capacidad y la falta de apoyo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Las organizaciones destacaron que en los primeros seis meses de 2019se detuvieron en México 100 mil 861 personas.

“La detención por razones migratorias es una política que viola derechos humanos además de ser muy cara. Las condiciones son terribles y sin embargo van a asignar 60 millones de pesos en tratar de dignificar la reclusión, hay que recordar que quienes migran no están cometiendo ningún delito, más allá de meter un sistema de detención, es necesario apostar por alternativas distintas a la de privar a la gente de su libertad”, exigió Ana Saiz de Sin Fronteras, IAP. 

La cifra de niños, niñas y adolescentes migrantes detenidos es de 50 mil, según datos de las organizaciones. Berenice Álvarez, de IMUMI, recordó que el pacto mundial de la migración exige que la detención se use como último recurso y que detener a la niñez migrante está prohibido. No se trata de poner columpios en cárceles, los niños no tienen que estar en estos lugares.

Para el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, la presencia de la Guardia Nacional refleja una guerra que parece estar dirigida a los migrantes.

“La Guardia Nacional  ahora realiza operativos y retenes migratorios sin el Instituto Nacional de Migración. Están haciendo una especie de ‘limpieza social’, incluso detienen a personas mexicanas porque se basan en perfiles raciales e impulsan imaginarios colectivos que representan a los migrantes como parte de la inseguridad en la sociedad”, recuerda Claudia León.

El pasado 19 de julio organizaciones sociales, entre ellas el IMUMI y Sin Fronteras IAP, interpusieron una demanda que quedó en el juzgado 11 de la Ciudad de México contra el acuerdo migratorio por las ambigüedades que presenta.
Rechazan que la Cancillería mexicana lo llame “acuerdo político no vinculante”. Ana Saiz, de Sin Fronteras, IAP, explica que el acuerdo tiene todas las características de un tratado y que para entrar en marcha debió pasar por el Senado, la secretaría de gobernación o la publicación oficial de un decreto  que designe una comisión para estas negociaciones.

Organizaciones de la sociedad civil y de la iglesia apoyan a migrantes con hospedaje y alimentos. Foto Duilio Rodríguez.

La crisis la están ocasionando los gobiernos

Las organizaciones que defienden y acompañan a migrantes opinaron que la nueva política migratoria corresponde más a una reacción precipitada por las amenazas arancelarias de Donald Trump, que a una estrategia bien pensada en pro de los derechos humanos.

“No es una crisis que generen las personas migrantes porque ellas siempre han migrado, la crisis la están generando los gobiernos por restringir su derecho a salvar su vida. Al dejarlos a la intemperie, a su suerte”, expresó Berenice Valdez, coordinadora de Políticas Públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración.

Las acciones

A principio de 2019 la Red de Redes sobre Migración entregó a Presidencia, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores una propuesta titulada: “Sistema Integral para Personas en Movilidad en México”. Su propuesta fue ignorada.

México, aseguran, tiene la capacidad de tener una política de acogida, en lugar de una política de detenciones. Es decir, crear e impulsar acciones y programas que garanticen los derechos y la seguridad de las personas que requieran asilo o que transiten por el país. 

Los defensores mencionan que el gobierno mexicano cae en contradicciones, por un lado el presidente Andrés Manuel hace un llamado a evitar la xenofobia pero por otro, criminaliza a los migrantes con la persecución de la Guardia Nacional. Sin embargo, no dejan de creer que “México puede ser una punta de lanza en materia de derechos humanos para la región y para otras regiones”.

El Sistema Integral para Personas en Movilidad en México: 

El Sistema Integral para Personas en Movilidad en México está compuesto por 19 acciones. Algunas de ellas son:

-Reconocer a México como país de origen, destino, asilo, tránsito y retorno. Considerar que dentro del país hay diferentes formas de movilidad humana: como la migración interna y el desplazamiento interno forzado.

-Fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y convertirla en el Instituto Mexicano de Ayuda a Refugiados. Buscar que quede a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración. 

-Diseñar un plan de acción regional con Centroamérica que incluya movilidad laboral, visas de trabajo abiertas y programas de residencia. 

– Compartir responsabilidad con Estados Unidos y Canadá en la estrategia regional para atender las causas estructurales de la migración. 

-Diseñar un protocolo para prevenir y atender la separación familiar por motivos migratorios entre México y EU.

-Garantizar el reconocimiento de la nacionalidad mexicana de quienes nacieron fuera del territorio mexicano, pero sus progenitores son mexicanos. 

-Incluir a migrantes internacionales, refugiados, deportados y retornados como beneficiarios de programas sociales. 

-Eliminar detención de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana.

A la fecha siguen esperando poder emprender diálogo con el gobierno mexicano respecto a estas propuestas.