La Casa de Representantes de Texas aprobó una ley que prohibe a cualquier comunidad de ese estado ofrecer santuario para inmigrantes indocumentados.

La ley SB4, que se votó el miércoles después de un debate de 15 horas, obliga a todas las corporaciones policiales en ese estado a ejercer acciones propias del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. En caso de no hacerlo, serán relevados de su cargo y enfrentarán una pena en prisión.

De acuerdo con organizaciones locales, como el Proyecto de Defensa Laboral, esta ley creará un clima de mayor inseguridad para toda la población.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, Texas ha acatado todas las solicitudes del magnate para reforzar las políticas antimigratorias. Diferentes frentes civiles y gubernamentales se manifestaron en contra de ello, sin embargo, las amenazas de sanciones presupuestarias han limitado la disidencia.

Un ejemplo de ello es el caso de la alguacil Sally Hernández, la única sheriff de 256 que hay en el estado, que ordenó a su corporación no cooperar con las autoridades migratorias para aumentar las deportaciones.

La decisión de Hernández le costó al municipio de Travis, donde se encuentra Austin, la capital del estado, una retención de fondos estatales por 1 millón y medio de dólares que se usarían en programas educativos contra la violencia intrafamiliar y para cuidar a los veteranos de guerra.

De acuerdo con el representante republicano, Charlie Geren, esta ley es necesaria para “mantener a la población segura y para remover a la gente mala de las calles”.

Al contrario, la alguacil Hernández cree que esta ley crearía comunidades inseguras y alejadas de la policía al no permitir que las personas indocumentadas se acerquen a los agentes de seguridad para denunciar delitos, por el temor de ser deportados al presentarse ante un policía.

La ley también hará que los policías de las comunidades ya no se enfoquen en proteger a su comunidad, sino que los obligaría a centrar su trabajo en la deportación de inmigrantes, de acuerdo con la oficial.

La polarización del país

Texas es la primera entidad en Estados Unidos en aprobar una ley que prohíbe la existencia de ciudades santuario, sin embargo, en otros 18 estados con gobiernos republicanos están impulsando legislaciones parecidas.

En contraste hay estados en los que se está buscando armar un marco legal para dar protección a los inmigrantes indocumentados, como California con la Ley de Valores Californianos que prohíbe a los policías indagar sobre el estatus migratorio de las personas así como colaborar con organizaciones como la patrulla fronteriza o el servicio inmigración.

La ley que se aprobó ayer en Texas, y que se propuso en noviembre, tras la 2elección del nuevo presidente, no es la primera que hace uso de los agentes de seguridad pública para ayudar con las detenciones de inmigrantes. El programa de comunidades seguras, implementado por George W. Bush operaba de manera parecida.

Comunidades seguras logró deportar entre 2008 y 2014 a más de 375 mil 31 personas sin documentos y ayudó a desarrollar la maquinaria logística que le ganó a Obama el título de “Deporter in Chief”, o deportador en jefe, misma que heredó Trump.

Integrantes de la Caravana Contra El Miedo, durante su jornada de actividades en la Casa de Representantes de Texas. 

La resistencia

En el condado de Travis la alguacil Hernández no es la única dispuesta a resistir ante la SB4. Carmen Zuvieta, una inmigrante comprometida con su comunidad y miembro del colectivo ICE fuera de Travis ayudó en 2016 a que al antiguo alguacil del condado, quien apoyó la política de la comunidades seguras, no fuera reelecto.

Esa lucha fue sencilla, cuenta Zuvieta, sólo tuvieron que entrevistar al entonces alguacil Greg Hamilton, lograr que expresara su afinidad con las políticas antimigrantes y después difundirlas entre la comunidad.

“La gente entendió que los casos de deportación no hacen daño al deportado, hacen daño a la familia que se queda. Nos debilitan emocional y económicamente. Nos torturan porque ¿cómo le dices a tu hijo de dos años que su papi no va a regresar? porque él corre a la puerta para ver a su papá y tienes que abrirle y tienes que decirle “Hijo, él no va a regresar. Tu padre no va a regresar”, explica Carmen.

Ahora, que pasó la SB4, saben que la lucha va a ser más difícil, porque la política de comunidades seguras no era obligatoria, mientras que la nueva legislación sí lo es.

También la Sherif Sally Hernández está dispuesta a enfrentarse a esta ley. A pesar de que su juramento la obliga a hacer que se cumpla, la policía, con 34 años de experiencia, sabe que ella eligió esa carrera porque es un servicio público, y quiere asegurarse de que su trabajo ayude a su condado a ser una comunidad para todos.

“Yo hice un juramento para hacer valer la ley, así que, con la SB4, si se pasa como ley, y no se opone a los mandatos constitucionales, tendremos que hacer cumplir esa ley. Pero también creo que se debe pelear en contra de ella y cambiarla. Yo no he violado la ley. Y no voy a violar ninguna ley. Sin embargo, voy a motivar a mi comunidad para que entre todos la cambiemos”.