La Procuraduría General de la República ha hecho esperar durante seis años a los familiares de estos 23 migrantes desaparecidos; sus esposas y madres presionan en las investigaciones, que son inconsistentes y contradictorias. La Comisión de Víctimas tardó 5 años en reconocerlas, y lo hizo mal. La espera continúa en la región más pobre del estado de Guanajuato