Foto tomada de ventanaver.mx
Activistas de derechos humanos y abogados denunciaron que existen elementos para señalar que agentes del Estado mexicano participan en casos de desaparición forzada de migrantes.
“Hay casos tan graves como San Fernando, pero las responsabilidades de la autoridad vienen desde la omision cotidiana”, dijo Santiago Aguirre, del Centro Miguel Agustín Pro, durante el Foro Nacional sobre Desaparición Forzada de Migrantes Centroamericanos convocado por el Centro Prodh.
Al foro asistieron Pedro Pantoja, director de la Casa del Migrante en Saltillo y Tomás González, director de la 72 en Tabasco, además de miembros del Servicio Jesuita a Migrantes, la Fundación para la Justicia y el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso.
Hablaron de la urgente necesidad de crear un mecanismo transnacional de búsqueda que permita a los familiares una ventana de información y acción desde sus países de origen en casos de desaparición. Además propusieron la creación de un banco forense de datos y la obligación de la autoridad de procurar el acceso a la justicia, llevar a cabo la reparación del daño y medidas de no repetición.
El número de migrantes desaparecidos entre el 2009 y 2011 es de 21 mil, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un número que podría ser superado por la implementación del Plan Frontera Sur Segura (PFS), aseguraron los activistas.
“Sabemos que todas las políticas de cierre de fronteras hacen más peligroso el camino, solo atomizan las rutas y enriquecen al crimen organizado”, dijo Omar Buenfil sobre el PFS.
“Ha provocado que los migrantes transiten lejos de las rutas de ayuda humanitaria, por zonas más riesgosas y violentas, ¿cuántas personas están siendo secuestradas o asesinadas? No lo sabemos”, insistió Rita Marcel Robles, del Servicio Jesuita.
El PFS que fue presentado por el presidente Peña Nieto en julio pasado se basaría en dos ejes de acción, proteger la seguridad de los migrantes que cruzan México y combatiría el crimen organizado en el sur del país, sin embargo se ha enfocado en aumentar la presencia policiaca y militar en las rutas más usadas por los centroamericanos.
“La intención del estado es que no veamos a la migración, que parezca que ha disminuido y aliviar un asunto que internacionalmente es un asunto vergonzoso y esta medida disuelve un poco la atención mediatica sobre su falla”, finalizó Pantoja.
