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Al cumplirse 4 años de la entrada en vigor de la Ley de Migración, su implementación ha carecido de efectos positivos en la vida de la población migrante, asegura el balance hecho por el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTMP).
En un comunicado, el GTMP informó que después de la publicación de la Ley Migratoria en el Diario Oficial de la Federación aún no existe una armonización con las 32 entidades federativas; el control y la verificación migratoria siguen siendo arbitrarias y contrarias, el acceso a la justicia sigue siendo un pendiente, pese a que la ley se crea en el marco de una de las masacres más cruentas en nuestro país: la de las 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
El grupo de trabajo envió a la Cámara de Senadores un paquete de propuestas de reformas a la Ley Migratoria con el objetivo de modificar aquellos artículos que impactan de manera negativa los derechos humanos de la población migrante. Sin embargo, a la fecha dichas reformas siguen sin ser discutidas en el pleno.
La organización fija siete ejes fundamentales en su propuesta: el acceso a la justicia, las condiciones de detención y alternativas, el procedimiento administrativo migratorio, la regulación y regularización migratoria, la participación ciudadana, la infancia migrante y el fortalecimiento institucional.
Las reformas propuestas por el GTPM relacionadas con el Acceso a la Justicia buscan asegurar que las personas migrantes y solicitantes de asilo puedan acceder a la justicia, sin importar su estatus migratorio, así como contar con un representante legal de su elección que les asesore en el proceso administrativo que enfrentan, permitiendo su entrada a las estaciones migratorias para realizar su labor.
Dentro del documento del GTPM insta a que las condiciones de detención de la población migrante no sea la privación de la libertad, toda vez que entrar al país de forma irregular representa una falta administrativa y no un delito.
El grupo de trabajo ha propuesto reformar diversos artículos de la Ley de Migración y su reglamento, así como el Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración.
En el documento se hace un llamado a las autoridades y los legisladores, actuales y entrantes, a dar salida a estas reformas y no seguir anteponiendo los intereses partidarios a los derechos humanos de la población migrante, solicitante de asilo y refugiada.
