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Sobre la masacre en Caborca, Sonora, la información es confusa y aún no se sabe con certeza el número de víctimas de homicidio y sobrevivientes.
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Existe gran preocupación porque los medios señalan que había mujeres y niños entre las víctimas. Las ONGs llaman a la CEAV para que garantice derechos de las víctimas.
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Se solicitaron medidas cautelares para que la CNDH requiera a las autoridades que garanticen la integridad y seguridad de las víctimas, vigile el proceso de investigación así como la identificación y entrega de los restos. A la fecha, la CNDH no ha dado respuesta a las solicitudes presentadas.
A través de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil han tenido noticia de una posible masacre cometida en el municipio de Caborca, estado de Sonora, el día miércoles 3 de junio de 2015. Según la información hasta ahora publicada, fallecieron varias personas- sin estar determinado aún el número- entre los cuales se encuentran personas migrantes mexicanas y extranjeras y hay algunos sobrevivientes.
Preocupa sobre todo que, entre las víctimas, se encuentran mujeres y niños, por lo que las organizaciones de la sociedad civil solicitaron el 5 de Junio de 2015 a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la atención inmediata del caso y la emisión de medidas cautelares.
Las medidas solicitas a la CNDH por parte de las organizaciones incluyen: la investigación de los hechos; la determinación de la identidad y nacionalidad de las víctimas; que la CNDH entre de manera inmediata en contacto con los sobrevivientes; que se garantice la integridad y seguridad de las personas sobrevivientes; que se respeten íntegramente sus derechos como víctimas, en particular el derecho a no ser deportados y a aplicar para una visa humanitaria si ese es su deseo; que solicite a las autoridades del Estado de Sonora medidas cautelares para que la investigación forense sea acorde a los más altos estándares internacionales; que la CNDH solicite a la PGR atraer el caso y que se garanticen los estándares de investigación efectiva; que la CNDH envíe personal en las diligencias para vigilar el proceso a fin de que no se cometan violaciones al debido proceso.
Las organizaciones de la sociedad civil consideran que por las características hasta ahora conocidas, el caso debe ser atraído por la PGR. Han solicitado la intervención de CNDH para que los restos de migrantes mexicanos y extranjeros sean trasladados a la PGR para su identificación forense por parte de la Comisión Forense establecida mediante convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación. En caso de que los restos tengan que ser repatriados a su lugar de origen, se solicitó que se haga en coordinación con la Comisión Forense y bajo el protocolo establecido para la notificación y entrega de restos correspondiente. Lo anterior para evitar que se cometan violaciones a derechos humanos ya documentadas en anteriores masacres de personas migrantes.
Las organizaciones de la sociedad civil reiteraron su indignación frente a los hechos ocurridos en Caborca, los cuales muestran la ausencia de políticas de prevención del Estado Mexicano frente a uno de los grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad en la región: las personas migrantes. Este hecho se suma a otras masacres en contra de personas migrantes ya documentadas como la de los 72 personas masacradas en 2010 y de los 193 restos encontrados en 2011 en San Fernando Tamaulipas así como la de los 49 torsos humanos encontrados en Cadereyta, Nuevo León.
Las organizaciones de la sociedad civil exigieron políticas efectivas de protección frente a los crímenes cometidos contra la población migrante, la protección de las víctimas, la investigación y sanción de los hechos así como la inmediata constitución personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que garantice que se respeten los derechos de las víctimas establecidos en la Ley General de Víctimas. En el mismo sentido, recordaron que el Instituto Nacional de Migración (INAMI) debería otorgar estancia migratoria por razones humanitarias a todas las víctimas extranjeras conforme al artículo 52 de la Ley de Migración y que bajo ninguna circunstancia debería privarles de la libertad en una estación migratoria. Si están presentes niñas y niños no acompañados el mismo INAMI debería darles documento migratorio conforme al artículo 74 de la Ley de Migración, protección consular y atención del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para determinación superior.
El comunicado fue firmado por varias organizaciones en pro de los Derechos Humanos como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y el Instituto para las Mujeres en la Migración.
Foto portada: unailusionalnortedelafrontera.blogspot.mx