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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno de Chihuahua por violaciones a los derechos humanos de una niña de origen ecuatoriano, quien fue encontrada sin vida en el baño de un albergue, el 11 de mayo de 2014.

La niña de 12 años, quien era acompañada por un hombre que supuestamente la llevaría a Estados Unidos para encontrarse con sus padres, fue asegurada por la policía el 6 de marzo del año pasado en calles de esa localidad.

Los oficiales la pusieron a disposición del titular del departamento de Trabajo Social de la Secretaría de Seguridad Pública, que la canalizó al DIF estatal en calidad de niña en situación de riesgo o desamparo. La dependencia quedó como encargada de la tutela pública de la pequeña.

No obstante, la CNDH considera que la atención psicológica que se le brindó a la niña migrante resultó inoportuna. El retraso en la atención de su estado emocional, sostuvo, provocó la vulneración de su derecho a la integridad psicológica e imposibilitó su documentación para la toma de medidas de protección adecuadas.

En su recomendación, el organismo de derechos humanos destaca que el Ministerio Público Federal no proveyó apoyo y asistencia a la menor. Contrario a ello, le gritó y la hostigó cuando acudió al albergue para recabar su declaración ministerial.

Los representantes del MP regresaron en la madrugada, cuando la niña dormía, para que ésta firmara su declaración, lo que afectó el estado emocional de la pequeña.

Días después, el 11 de marzo de 2014, la menor fue encontrada en un baño del albergue. La causa de la muerte fue asfixia autoinfligida por ahorcamiento.

La CNDH emitió la recomendación 22/2015, donde acredita las violaciones a los derechos humanos a la integridad personal, al debido proceso y al acceso a una vida libre de violencia, así como la omisión en la atención del interés superior de la niñez, en agravio de la ecuatoriana.

La dependencia dirigió siete puntos recomendatorios a la PGR y cinco al gobierno del estado de Chihuahua, entre los cuales demandó que en el ámbito de sus competencias, cada institución capacite en forma obligatoria a su personal sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, en contexto de migración no acompañados, y extiendan una disculpa pública institucional a los familiares de la víctima, en que se reconozca la responsabilidad oficial.

Nota tomada de Proceso