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Se cumple un año de la operación especial del gobierno mexicano para impedir la migración sin documentos hacia Estados Unidos. Mientras organizaciones civiles denuncian que la estrategia sirve a los intereses estadunidenses, funcionarios de ese país festejan la eficiencia del plan
El gobierno de Estados Unidos informó recientemente de una drástica caída en el número de personas sin documentos migratorios en su frontera sur, especialmente de menores no acompañados.
Durante una audiencia en el Congreso estadunidense el responsable del Departamento de Seguridad Interior, Philip Miller, dijo que en el presente año fiscal –que inició en octubre de 2015- el número de migrantes detenidos bajó 34%.
El cambio más importante se ve en los niños que viajan solos. El funcionario indica que hasta junio de 2015 se detuvieron a 22,869 menores, mientras que el año anterior la cifra fue superior a 47 mil: una caída de 51%.
Pero lo que es un festejo en el norte, organizaciones civiles en México lo ven como una mala noticia.
Según el albergue Hogar-Refugio Para Personas Migrantes, “La 72”, desde la implementación del Plan Frontera Sur (PFS) en julio del año pasado aumentaron los asaltos, secuestros, abusos por parte de la autoridad, extorsiones y muertes en la región sur del país.
“La 72” indica que albergues de la zona “son ahora de facto campos de refugiados” donde los migrantes están atrapados en condiciones de desesperación ante la imposibilidad de seguir su viaje hacia el norte.
Hay una razón, añade el organismo: con el PFS México se convirtió en el “principal brazo de Estados Unidos para impedir que la gente llegue a esa nación”, señala en un comunicado.
Algo que reconocen las autoridades estadunidenses. Mark Greenberg, alto responsable del Departamento de Salud, indica que la caída en el número de menores detenidos se debe a una mayor seguridad fronteriza y sobre todo a la cooperación y ayuda de sus vecinos del sur.
Un ejemplo de la eficiencia de tal estrategia es la cifra de deportaciones que reporta el Instituto Nacional de Migración (INM): más de 60 mil personas en lo que va del año.
La expulsión del país es una parte de la nueva realidad para los migrantes.
Organizaciones y albergues han denunciado que los métodos para la contención ponen en peligro la integridad de los centroamericanos, señalan que conductores de los trenes aumentan la velocidad para impedir que aborden los vagones y además se realizan sin avisar operativos policíacos en sitios donde observadores de derechos humanos no tienen acceso.
En días recientes el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca, denunció que el INM utiliza armas eléctricas para capturar personas.
El albergue La 72 también señala que los agentes del Instituto usan macanas, perros y gas pimienta para perseguir a migrantes desprotegidos.
La casa registró a partir de la implementación del PFS 461 asaltos, 42 secuestros, 224 casos de abuso de autoridad y 128 extorsiones contra migrantes.
