El Comité contra la Desaparición Forzada, de la Organización de la las Naciones Unidas, se mostró preocupado ante la información de que hay numerosos casos de desaparición de migrantes, incluyendo niños. Esto se expresó en las observaciones sobre el informe presentado por Mexico en materia de derechos humanos.

Por este y otros casos en el que se incluye a los 43 normalistas sometidos a desaparición forzada, en el estado de Guerrero, instó al estado mexicano a aprobar una ley general para acabar con este delito y que por medio de la Procuraduría General de la República se cree una unidad fiscal especializada en la investigación que cuente con recursos adecuados, en particular personal específicamente capacitado en la materia; con una perspectiva estratégica a nivel nacional y trasnacional.

El Comité pidió que se prevengan, se investiguen y protejan las desapariciones forzadas además de que no se debe olvidar la obligación del estado de proteger adecuadamente a denunciantes, peritos, testigos y defensores de derechos humanos.

El Estado -dice el comunicado- debería adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales, coordinadas y encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito.

El Comité, además se dijo, preocupado por la falta de información estadística sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada. Se dice también preocupado por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por este tipo de delito, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por estas violaciones.

En el caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014, dice el informe, que ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y en búsqueda de las personas desaparecidas.

El Comité enfatizó la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y los niños. Las mujeres que son sometidas a desaparición forzada son particularmente vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género. Las mujeres que son miembros de la familia de una persona desaparecida son vulnerables a sufrir serios efectos sociales y económicos adversos, así como a padecer violencia, persecución y represalias como resultado de sus esfuerzos para localizar a sus seres queridos.

Por su parte, los niños víctimas de desaparición forzada, ya sea porque ellos mismos son sometidos a este delito o porque sufren las consecuencias de la ausencia de sus familiares, son particularmente vulnerables a múltiples violaciones de los derechos humanos, incluida la sustitución de su identidad. En este contexto, el Comité hizo hincapié en la necesidad de que el Estado integre perspectivas de género y enfoques adaptados a la sensibilidad de los niños y niñas en la implementación de sus derechos.