Luego de haber tenido el primer pulso con los migrantes hondureños retornados desde México en la frontera de Corinto, Honduras, la Misión Internacional de Verificación que visita el país concluyó una ausencia del Estado en ese sector del territorio nacional hasta donde son dejados los adultos deportados por la vía terrestre.

– Anualmente unos 100 mil migrantes hondureños emprenden la ruta migratoria exponiéndose a toda clase de vejámenes durante el trayecto hacia EEUU.

– En el primer semestre del año más de 37 mil hondureños fueron deportados tanto por la vía aérea como terrestre, entre ellos más de seis mil menores de edad.

A criterio de Pablo Cala, consejero de Proyectos para Refugiados del organismo Project Counselling Service (PCS), lo primero que observó al visitar Corinto y ser testigo de la llegada de migrantes deportados es que las familias de los migrantes son quienes asumen.

“Aquí estamos viendo que quienes asumen la defensa de los derechos de los migrantes en un primer momento son los familiares”, dijo Cala en conversación telefónica con este medio de comunicación electrónica.

Acto seguido, lamentó que sean organizaciones de la sociedad civil y de la Iglesia Católica como las Hermanas Misioneras Scalabrinianas, quienes asuman la defensa de los derechos de los migrantes hondureños, al menos en ese sector del país que es punto limítrofe entre Honduras y Guatemala.

No obstante, aclaró que la visita a la frontera de Corinto es sólo el inicio de una serie de reuniones y lugares que visitar la Misión con el objetivo de formarse un criterio sobre los derechos humanos de los migrantes y si estos se están respetando.

El viernes 17 la Misión hará público en rueda de prensa en Tegucigalpa un informe preliminar de su misión, enfatizando la situación de mujeres, niños y niñas migrantes que son deportados al país tanto de Estados Unidos como de México.

Durante su instancia en Honduras los integrantes de la Misión, que en su mayoría son originarios de Colombia y de México, se reunirán simultáneamente con diferentes sectores del país, defensores de los derechos humanos así como con autoridades gubernamentales.

Por su parte, Patricia Montes quien es representante de la Alianza Nacional de Comunidades de América Latina y El Caribe (NALACC por sus siglas en inglés), criticó que los Estados latinoamericanos no garantizan el respeto a los derechos humanos de los migrantes pese a que es su responsabilidad.

“Los estados no garantizan la vida digna lo que provoca que la gente salga del país en busca de mejores oportunidades”, expresó la también directora ejecutiva del Centro Presente en Boston, una organización que trabaja por los derechos de los inmigrantes.

La activista de nacionalidad hondureña, pero residente en la nación norteamericana, dijo que durante su instancia en el país ha podido constatar que los migrantes hondureños, en su mayoría, son motivados a emprender la travesía a causa de la violencia de la que son víctimas por parte de grupos organizados.

“Hemos podido constatar en Corinto que hay poco personal atendiendo a la gran cantidad de migrantes que llega a este sector”, agregó al tiempo que dijo las condiciones en que los connacionales son recibidos son “precarias” ya que no existe siquiera un lugar para realizar sus necesidades.

En ese sentido, consideró que hace falta una mayor coordinación de los diferentes actores de la migración para recibir de forma “digna” a la población migrantes deportada desde la nación azteca.

Enfatizó que los migrantes hondureños repatriados desde ese país son sometidos a viajes de hasta 36 horas continuas en las que no se les permite abandonar la unidad por ningún aspecto ya que así lo establecen las leyes migratorias, mexicanas.

Acotó que militarizar la frontera, como ha sucedido en ocasiones anteriores, no es una solución a la problemática de la migración en Honduras y en los países de la región.

“Militarizar la frontera no es una solución ya que estamos hablando de personas y familias y no se trata de tomar una medida de castigo”, citó.

Ejemplificó que EEUU por años ha reforzado la seguridad en sus fronteras y eso no ha evitado que los migrantes continúen emprendiendo la travesía.

Para finalizar, puntualizó que unos de los principales objetivos de esta Misión Internacional es constatar, mediante testimonios directos, las violaciones a los derechos humanos de la población migrante hondureña retornada cometida en diversos países, y reportar ante organismos internacionales y los respectivos gobiernos la comisión de tales violaciones.

Migrantes hondureños han denunciado en diferentes ocasiones que son víctimas de múltiples delitos durante el trayecto que recorren para llegar al país del “sueño americano”.

Nota y foto tomada de Departamento 19