Una controvertida ley, llamada SB4, que virtualmente convertía a los policías de Texas en agentes migratorios, fue suspendida por un juez federal. Una decisión que aviva la esperanza de combatir, en el terreno, la política antinmigrante de Donald Trump. Esta es la historia del triunfo hasta ahora provisional de activistas promigrantes.

Texto: Arturo Contreras Camero

Una de las luchas contra la discriminación de migrantes en Texas tuvo una victoria importante el pasado miércoles 30 de agosto. El juez federal de San Antonio, Orlando García, suspendió la ley SB4, también conocida como “Ley muestra tus papeles”, la cual podría afectar la vida de más de un millón y medio de latinos sin documentos que, de acuerdo con el Centro de Investigación Pew, viven en ese estado

La suspensión es resultado de una serie de demandas legales que distintos cuerpos policiacos, asociaciones civiles, y gobiernos de varios condados de Texas presentaron contra el gobierno estatal por la aprobación de la ley.

La SB4 pretendía convertir a todos los policías texanos en agentes de migración, violaba el debido proceso y la igual protección de las leyes al obligar a que todos los agentes de seguridad demandaran que cualquier persona que pareciera migrante declarara el estado legal de su estancia en el país, explica Efrén C. Olivares, abogado defensor del Proyecto Organizativo de Texas, una de las agrupaciones civiles que promovieron la demanda.

La suspensión federal llegó dos días antes de que la ley entrara en vigor, el primero de septiembre. Justo en un momento crítico: cuando el huracán Harvey causó daños a gran parte de Houston.

Durante los rescates a personas afectadas, muchos migrantes tenían miedo de ser ayudados por policías, pues su situación irregular en el país hubiera significado una deportación segura si no se hubiese suspendido la ley.

La discusión por la SB4 llegó al congreso texano poco tiempo después de que Donald Trump firmara las órdenes ejecutivas que ordenaban a los policías de todo el país a actuar como agentes de migración.

Cuando se inició la discusión de la ley, a inicios de año, la primera en desafiarla fue Sally Hernandez, la alguacil del condado de Travis donde se encuentra la capital del estado, San Antonio. La alguacil Sally dijo que no permitiría que los policías a su cargo fueran agentes de migración.

Como respuesta, el gobierno estatal cortó el presupuesto de un millón y medio de dólares para la policía a su cargo.

El punto controversial de la ley, mismo al que se oponían muchos alguaciles y policías a lo ancho y largo de Texas, es que provocaría que la gente se alejara de esas corporaciones por miedo a ser deportada. Eso aumentaría la desconfianza en la policía y, por tanto, el incremento de los delitos

Justo esa fue la arista que el abogado Jose Garza aprovechó para impulsar la demanda presentada por el condado de El Paso:

“La demanda que hicimos específicamente pedía que se declarara inconstitucional la ley que demandaba que los oficiales locales acataran las leyes de migración federales”, explica Garza.

En Estados Unidos, los alguaciles municipales hacen campaña para ser electos, y por tanto, tienen una relación más cercana con la ciudadanía. Muchos de los alguaciles electos en Texas ganaron por el voto latino; actuar como agentes migratorios podría romper el voto de confianza con sus electores.

“Los condados de El Paso, su sheriff y la ciudad de San Antonio, todos han aprobado leyes locales para proteger a su comunidad (incluidos los migrantes indocumentados). Lo que argumentamos fue que el intento del gobierno estatal por desmantelar esas leyes no sólo ponía en peligro a la población, sino que, además, no era constitucional”, agrega Garza.

Al parecer, la tesis que el abogado Garza promovió, era justo la necesaria. En la decisión del juez federal se establece que algunas partes de la SB4 podrían resultar inconstitucionales, y que el obligar a los agentes de seguridad a actuar como personal federal de migración podría “trastocar el delicado balance entre la aplicación de las leyes locales y la cooperación local”.

En cambio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que la decisión del juez federal de San Antonio “hacía más inseguras a las comunidades”. También anunció que preparan un amparo en contra de la decisión que su administración impulsó.

El abogado Garza no tiene miedo. Confía en que la decisión del juez federal sea lo suficientemente fuerte como para impedir algún amparo que reabra la puerta a la controvertida SB4.