Entre las víctimas de la masacre de 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, había seis migrantes provenientes de Ecuador, uno de ellos sobrevivió. Cinco años después se sabe que sólo en ese país se ha encarcelado a uno de los traficantes de personas que llevaron a las víctimas al lugar de la matanza. Una lección para México, donde las promesas de justicia siguen en el aire.
Por Concepción Peralta
José Arcesio Vázquez Marín se hacía llamar Carlos. A su casa en la ciudad de Cuenca llegaban tantas personas que las reuniones parecían mítines políticos.
A todos los sentaba en el enorme patio de una de sus propiedades, mientras él y sus cinco secretarias contaban montones de billetes que depositaban en una caja, en el centro de la casa.
Cuenca es la ciudad principal de la provincia de Azuay, en el sur de Ecuador. Es una región eminentemente rural que junto con la vecina Cañar representan el principal punto de origen de los migrantes que abandonan el país en busca de una mejor vida.
La mayoría se va al norte, a Estados Unidos. Y muchos emprendieron camino con Carlos, que según el fiscal general de Cañar, Romero Gárate, ha sido el mayor traficante de personas de Ecuador.
“Era el más grande ‘coyote’ que ha tenido el país. Llevó al exterior a miles de ecuatorianos. A miles”, recuerda el hombre que lo atrapó en agosto de 2012.
Arcesio es famoso por “coyote” y porque entre sus clientes se cuenta a Fredy Lala Pomavilla, de 18, y Telmo Leonidas Yupa Chimborazo, de 17 años de edad.
El primero es uno de los sobrevivientes al asesinato de 72 personas en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, en el noreste de México, entre el 22 y 23 de agosto de 2010. El otro fue uno de los que murieron en el lugar.
El caso provocó el encarcelamiento de Arcesio, casi dos años después de la matanza. De poco sirvieron sus alianzas y las montañas de billetes que juntaba en cada reunión con sus clientes.
Romero Gárate, fiscal desde 2007, dice que el traficante de personas amasó una fortuna inmensa y tenía propiedades en casi todo el país.
Era famoso, pero “nadie la había seguido un juicio penal”.
En San Fernando murieron migrantes de Ecuador, Brasil, Honduras, El Salvador, Guatemala y la India, según se han identificado las víctimas hasta ahora, aún falta conocer la identidad de once de ellas. Es la peor masacre de migrantes en Latinoamérica desde 1911, cuando 300 chinos fueron asesinados en Torreón, Coahuila.
Las autoridades mexicanas culparon al cartel del narcotráfico de Los Zetas, y apresaron a varios de sus líderes acusados de la masacre.
Pero el único país que responsabilizó a quienes traficaron a sus ciudadanos fue Ecuador.
Uno de esos traficantes es Vásquez Marín. La historia de su captura empezó el mismo día en que se supo de la masacre.
“Si son migrantes debe existir gente de mi país y de mi provincia”, pensó el fiscal Garate. Escuchó entonces que uno de los sobrevivientes era de Ecuador y se apellidaba Lala Pomavilla. La inquietud aumentó. Eran apellidos muy comunes en su zona, Cañar.
“Inmediatamente monté un equipo de investigación, puse a trabajar cuatro fiscales, como nunca”. Pero para cuando el equipo llegó a casa de Fredy, la familia ya había recibido amenazas del “coyote” y se negaba a aportar información.
Primero les ofreció terrenos, una casa nueva y un carro para que no lo delataran. Pero luego pasó a las amenazas de muerte, dijo meses después Alejandro Lala Lala, padre de Fredy.
Detrás del silencio no estaban sólo las amenazas. La misma familia Lala estaba vinculada con la migración irregular hacia el norte. Por eso se calló, un tiempo. “Al final Fredy, habló y con esos elementos le acusamos”, relata Garate.
El gobierno de Ecuador responsabilizó a José Arcesio de tráfico ilegal de personas. Lo colocaron en la lista de los más buscados del país. Era el número 8. “Pero estábamos frente a uno de los “coyotes” más poderosos del país, que tenía sus ramificaciones en todas partes”, dice Garate.
Aprehenderlo no fue sencillo. Confiado en su poder corruptor, Vásquez Marín se paseaba por la ciudad de Cuenca. Incluso se atrevió a llamar en la madrugada a la casa del fiscal para amenazarlo. En los medios empezaban a decirle “el fantasma”. Cuando Garate se dio cuenta de que la Policía local no quería atraparlo se fue a Quito a hablar con el ministro del Interior. Salió de la oficina con una orden superior para detenerlo.
El fiscal acepta que asumió la captura del mayor traficante de personas de Ecuador como un asunto personal, primero porque se atrevió a amenazarlo y después, asegura, porque en sus 20 años de carrera ha visto el daño de la migración en sus comunidades.
También le enoja que “coyotes” y “chulqueros”, como llaman a los agiotistas, han operado sin problemas durante décadas.
“Se llegó a difundir la propaganda del “coyote” ofreciendo sus servicios en instancias públicas. Era una impunidad total”, cuenta.
Pese a la red de corrupción que le protegía, la captura de José Arcesio Vásquez Marín se logró el 1 de agosto de 2012 en el cantón de Pasaje, en la provincia sureña del Oro, también de altos índices migratorios, tras infinidad de horas hombres, tecnología y recursos que llegaron desde Quito.
El arresto ocurrió, sobre todo, porque unos policías honestos rechazaron un ofrecimiento de 250 mil dólares para dejarlo escapar.
José Arcesio intentó fugarse de la cárcel del Tambo, en Cañar, pero la Fiscalía general supo del plan y lo trasladó al penal de máxima seguridad de Guayaquil, donde actualmente se encuentra.
El 21 de octubre de 2012, José Arcesio fue hallado culpable por tráfico ilegal de personas con el agravante de lesiones.
“Comprobamos que Fredy sufrió lesiones física y psicológicas. En un principio fue sentenciado a 12 años de cárcel, la pena máxima por ese delito”, comenta el fiscal.
En la audiencia el médico Miguel Méndez testificó que Fedy Lala recibió un impacto de bala en el cuello y otro en el pómulo derecho, además de sufrir secuelas psicológicas permanentes. Como pruebas fueron presentados los registros de llamadas del teléfono celular de Vásquez Marín, depósitos bancarios a su favor y el rastro de los movimientos migratorios de Fredy Lala.
El juez del caso de Fredy ordenó una indemnización de 8 mil dólares, sin embargo, no lo ha podido cobrar la familia, porque no hay propiedades a nombre de Arcesio, dice la abogada del propio Fredy.
La sentencia de José Arcesio aumentó a 16 años cuando se comprobó que él fue el “coyote” que enganchó a Telmo Leonidas Yupa Chimborazo, a quien llevó con engaños porque a su madre le dijo que no pagarían nada hasta que él estuviera en Los Ángeles.
Margarita Chimborazo, madre del adolescente, reconoció a Carlos, sin duda, cuando se lo presentaron en la Cámara de Gesell. Dijo que el traficante fue hasta su casa, un recóndito lugar en el poblado de Tauri, a amenazarla y obligarla a pagar dos mil dólares de adelanto para sacar a Telmo de Guatemala.
En su denuncia ante el juez Margarita relató, según consta en el expediente del caso:
“Cuando sucedió la masacre en Tamaulipas, Lourdes esposa de José Vásquez llamó telefónicamente al padre de Telmo, para comunicarle que su hijo había fallecido y que no era culpa de ellos, que le iban a entregar el cuerpo de su hijo, corriendo ellos con los gastos y manifestándole al padre del fallecido, que cuanto más quiere de dinero para darle, para que dicha situación quede allí nomas…”, señala el documento.
Arcesio también es enjuiciado por lavado de dinero, e incluso en 2013 la policía cateó 16 propiedades que se le atribuyen al traficante de personas. Entre éstas aparecen los hoteles Vásquez Inn, Chola Cuencana y San José, en el centro de Cuenca.
La policía buscaba documentos que justificaran el incremento patrimonial del “coyote” a quien todavía se le llama “presuntamente el mayor traficante de seres humanos de Ecuador”, aunque hasta la fecha no se le ha podido decomisar nada porque sus propiedades, al parecer, están a nombre de otras personas.
El juez le fijó una cantidad de 50 mil dólares como indemnización, pero la madre de Telmo no sabe que existe este fallo a su favor.
Investigación en México sin resultados.-
En Ecuador fue difícil explicar que la sentencia al traficante de personas no era por la muerte de sus paisanos en San Fernando, y más complicado fue hacer ver que el castigo por ese crimen le corresponde a México.
Pero en este país la Procuraduría General de la República (PGR) parece haber cerrado el caso, sin investigar las redes de tráfico de personas que llevaron a los migrantes al rancho donde fueron masacrados.
En febrero pasado el entonces procurador Jesús Murillo Karam se reunió con el fiscal ecuatoriano, Galo Chiriboga, a quien le dijo que por el caso de San Fernando hay un juicio contra siete presuntos responsables a quienes se les acusa de homicidio.
Nada dijo de otros delitos que se pudieron haber cometido en la masacre, como tráfico de personas, uso de arma prohibida o corrupción de servidores públicos.
El procurador mexicano pidió apoyo para buscar, entre las familias ecuatorianas con desaparecidos en México, datos y pruebas de ADN que pudieran ayudar a ubicar la identidad de 11 personas masacradas en Tamaulipas y cuyos cuerpos, a cinco años de los hechos, permanecen en en una fosa común, en el Panteón Dolores de la Ciudad de México.
El funcionario se comprometió a que pronto habría sentencias para los acusados. Meses después, sin embargo, Murillo Karam dejó la PGR. Su promesa no se ha cumplido.
Mientras tanto Margarita, la madre de Telmo Leonidas sufre para sacar adelante a sus otros tres hijos. Es campesina con un sueldo, cuando hay trabajo, de seis dólares al día.
Sabe que puede demandar el “coyote” para obtener una indemnización “pero para eso necesito abogado, y plata para pagarle. Y yo ya no tengo tiempo para eso”, dice con su vocecita tímida. Ignora que el juez de Chimborazo ordenó para ella una indemnización de 50 mil dólares.
Además de la sentencia que ha recibido, José Arcesio enfrenta otras denuncias por fraude e insolvencia, pero sólo se le han fincado dos juicios.
Puede salir pronto de la cárcel: Las leyes ecuatorianas permiten que eventualmente su sentencia sea reducida a la mitad.
Enredos legales.-
¿Por qué el traficante de personas puede librar tan pronto su castigo?
Porque la falta de cooperación del sobrevivente, Fredy Lala, no permitió vincular el caso de Arcesio con otras redes de “coyotes” involucrados en el caso de San Fernando.
“Lo más lógico es que sea el mismo Vásquez Marín, pero no lo tuvimos la capacidad de demostrarlo. Y una cosa es saber y otra demostrar”, reconoce el fiscal.
Para conseguir la colaboración de Fredy la Fiscalía se desistió de los posibles cargos que tenía en contra de su familia.
“Inicialmente estuvieron como sospechoso dos o tres personas, pero después se estableció que él (Vásquez Marín) era quien realizó todas las labores para mandar a la gente a los Estados Unidos. Los otros cuatro casos quedaron en indagación”.
También influyó que los familiares de otras víctimas que también murieron guardaron silencio.
“Jamás quisieron hablar, ese fue el problema, y de una u otra forma Fredy, que estaba recibiendo el beneficio del Estado, habló”.
Vásquez Marín fue la única persona consignada por la muerte de Telmo y el daño a Fredy Lala. La cadena delincuencia en Ecuador no fue más allá porque, asegura el fiscal, él manejaba todo: transportes, hoteles, alimentos.
“Sus empleados sólo recibían órdenes, y nosotros no vamos a meter a la cárcel a una persona que recibía un sueldo de 400 dólares por ser chofer. Tenemos que irnos a quien verdaderamente cometió estos delitos”.
Pero no lo hicieron. La Fiscalía provincial no estableció contactos con México, Centroamérica y Estados Unidos “porque ya depende de otros Estados. Y no llegamos a tener nombres porque es imposible que el “coyote” dé información. Imposible. Para eso hay que hacer una investigación técnica, para poder dar continuidad con toda la cadena delictual”.
-¿Se canceló la investigación?
“No se interrumpió la investigación, no había mucha coordinación en ese tiempo y nosotros nos dedicamos a investigar quién era el ‘coyote’”, asegura el fiscal.
El 22 de julio de 2011, Carlos Heriberto Guzmán fue detenido en flagrancia cuando amenazaba a Rosa Elvira y a María Luisa, madre y hermana de Rosa Amelia Panza Quilli, una de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, luego de que éstas pidieran ayuda para localizarla porque llevaba un año desaparecida en México.
Aunque este coyote tenía demandas desde 2001, siguió operando y en julio de 2010 se llevó a Rosa Amelia rumbo a Estados Unidos por 11 mil dólares, y pese a que la ley en Ecuador dice que cuando el tráfico de personas desemboca en la muerte del migrante la pena es de 16 años de prisión, a él se le sentenció a ocho, de los cuales ya lleva cuatro.
Rosa Amelia fue identificada en la masacre de San Fernando en agosto de 2011, pero el gobierno de México, concretamente la PGR, traspapeló su expediente y envió sus restos a la fosa común. Fue hasta enero de 2012 que su cuerpo fue exhumado y enviado en cenizas a su familia, en Gualalcay, provincia del Azuay. Por la revictimización de la familia ningún funcionario mexicano ha sido sancionado.
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