diciembre 15, 2015

Los migrantes que México declaró “invisibles”

Cada año, desde hace más de una década, una caravana de madres de migrantes centroamericanos camina por México en busca de sus familiares, desaparecidos en su viaje al norte. Algunos han sido encontrados, de otros se consiguieron noticias. Este año el grupo avanzó en la ruta legal y denunció la desaparición forzada de algunos. Un primer paso en un sinuoso camino: el de buscar justicia

 

Por Ximena Natera  Fotos Iván Castaneira

Iris Martínez no vino de Honduras a buscar a su hijo. Aun así, carga al cuello su fotografía. En ella, Carlos sonríe a la cámara. Es alto, rellena el pórtico de una casa de madera blanca; su playera, tipo polo, es roja brillante, y debajo, las mangas de un suéter negro delatan el clima. “En Houston hace mucho frío, me contaba”, dice la madre.

Aunque el frío no fue problema en los cuatro años que Carlos estuvo en Estados Unidos. “Se adapta bien, es trabajador y le gustaba la aventura, conocer” dice la mujer.

Iris Martínez llegó a la ciudad de México con la XI Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos. En los primeros 10 días de diciembre recorrió más de 900 km en el sureste del país junto con otras madres que también tienen hijos desaparecidos. Pero a diferencia de Esperanza, de Nicaragua, Sebastiana, de Guatemala, y María, de El Salvador, Iris no busca a Carlos en los rostros de las personas que van por la calle, ni en los reclusorios que visita la caravana en Tabasco, Veracruz, Puebla o Tlaxcala.

Ella sabe que él no está ahí. La última pista que tiene de su paradero la lleva al norte, a Reynosa, Tamaulipas, a donde la Caravana no llegará por las condiciones de inseguridad.

El rastro de Carlos terminó el 6 de julio de 2012 en un retén de policías federales en Reynosa, donde fue detenido por transitar sin documentos. Poco antes, había sido deportado de Houston a Nuevo Laredo. “Le dijo a migración que era mexicano y se ahorró el viaje”, cuenta Iris, con media sonrisa.

Carlos, de 30 años, no tenía posibilidades de pagar por el cruce de la frontera, así que decidió moverse con unos amigos hacia Monterrey, donde le dijeron que encontraría trabajo. Pero sólo llegó a Reynosa.

“A mi hijo lo tiene la policía”, dice ahora la mujer, que por 3 años y 4 meses lo ha buscado desde La Paz, Honduras, sin ningún tipo de respuesta de las autoridades mexicanas. Ya no cuenta las llamadas que ha hecho a la policía local y estatal de Tamaulipas, ni todos los intentos de interrogatorio que necesitó para recibir una escueta negativa de la policía federal.

Nadie sabe nada. Nadie dice nada. Nadie hace nada. “En mi casa tengo una colección de tarjetitas de presentación de todos los cónsules en Honduras y en México. Para darlas son muy buenos, pero al final ninguno contesta el teléfono”, dice la mujer.

 

Iris
Iris Martínez, sin perder la esperanza.

Exigencia de acción

El jueves 10 de diciembre, Iris presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la desaparición forzada de su hijo. A eso viajó hasta la ciudad de México desde la Paz, Honduras: a reclamar al gobierno mexicano que actúe.

No lo hizo sola. Once de los 37 integrantes de la Caravana presentaron sus denuncias ante la PGR, dos de ellos por desaparición forzada, lo que implica la participación de alguna autoridad en la desaparición de una persona, ya sea por acción, omisión o aquiescencia.

La presentación de las denuncias por la desaparición de migrantes en México es una acción sin precedentes para la Caravana, que desde 2006 recorre el país con el fin de buscar a los centroamericanos en tránsito que han desaparecido en su camino hacia Estados Unidos y visibilizar la lucha de sus familiares por los abusos sistemáticos de las autoridades mexicanas.

El Movimiento Migrante Mesoamericano estima que la cifra de migrantes desaparecidos en México pasa de los 70 mil, pero no hay ningún registro oficial.

“A nadie le interesa contar a los desaparecidos en tránsito por México”, dice Marta Sánchez Soler, coordinadora del MMM. “En los países de origen, porque es una prueba que sus sistemas están fallando; en México, porque no le conviene contabilizar más desaparecidos, y en Estados Unidos, porque quiere mantener el flujo de migrantes como les llega y cuando lo necesita”.

Las razones por las cuales las familias no presentan denuncias son muchas, y van desde el temor a las represalias de los traficantes de personas, hasta los estigmas sobre la migración dentro de sus comunidades. Sin embargo, las que deciden hacerlo se topan de frente contra un muro de burocracia.

“En los países de origen, donde inicia el tráfico, rechazan sus testimonios, porque las desapariciones suceden en México y no tienen jurisdicción y en México los ministerios públicos les exigen, casi que comprueben que sus hijos fueron secuestrados”, dice Rubén Figueroa, coordinador sur-sureste de MMM. Por otra parte, explica el activista, si llega a proceder la investigación, rápidamente se estanca porque “los traficantes que tienen información regresan a Centroamérica y México no tienen jurisdicción ahí.”

La imposibilidad de denunciar

“No me dejan ni siquiera entrar a su país”, contestó una de las madres de Honduras al fiscal de la Procuraduría General de la República el jueves 10 de diciembre, cuando, asombrado, el funcionario le preguntó por qué no había denunciado antes, en 2009, el año que desapareció su hijo.

No es un caso aislado, por el contrario, es una situación que se repite una y otra vez.

Iris Sánchez, también de Honduras, tardó 10 meses en conseguir una visa para poder viajar a Coatzacoalcos, Veracruz, a reconocer el cuerpo del joven que las autoridades mexicanas dicen que es su hijo. Para conseguir el permiso, la madre mintió al consulado mexicano y dijo que entraba al territorio por trabajo, pero en el último momento confesó los verdaderos motivos del viaje y le negaron la visa.

Eventualmente, una mujer en el Consulado autorizó su permiso de entrada con el pretexto de una visa de turismo. Pero después, el personal del Consulado fue reemplazado y cuando Sánchez intentó renovar su visa, se la negaron por no tener el acta de defunción de su hijo. Lo increíble de la historia es que, para obtener el acta de defunción, necesita presentarse personalmente en México para seguir con el proceso de identificación de los restos.

“Es un gran problema, las únicas dependencias capaces de seguir los casos y brindar apoyo a las familias son las embajadas, a cargo de (la secretaría de) Relaciones Exteriores, un servicio diplomático sin injerencia dentro del país”, explica Jesús Robles Maloof, uno de los abogados que acompaña a las madres en el proceso legal.

Marta Sánchez Soler lo explica de este modo: para que las autoridades mexicanas empiecen a buscar a los migrantes desaparecidos necesita haber una denuncia ante el ministerio público. Pero el sistema hace imposible esa posibilidad para las familias centroamericanas.

“Es imposible pensar que las familias de los 70 mil desaparecidos se puedan mover hasta México para denunciar. La mayoría no puede pagar el viaje y quienes sí pueden hacerlo, no reciben visas para llegar”, dice.

Por eso, uno de los objetivos de esta caravana es impulsar la creación de un mecanismo que posibilite a los familiares de migrantes desaparecidos presentar una denuncia sin tener que trasladarse a México.

MEXICO
Instituciones mexicanas, laberinto sin salida.

Ser víctima en tierra ajena

Lourdes ya no llora por su hermano. No ha llorado por él en un mes entero. Es un record, dice, pues cuando a uno le quitan a un ser amado en una carnicería humana –como a ella se lo arrebataron–, lo único que hay por hacer es llorar, sobrevivir con muy poco dentro del pecho. Volver a llorar.

Mauricio Suazo, su hermano, fue asesinado en México cuando intentaba llegar a Estados Unidos. Su cuerpo mutilado fue abandonado en una carretera del municipio de Cadereyta, junto al de otras 48 personas. Sin brazos, ni piernas, ni cabezas, los cuerpos formaban un rompecabezas macabro diseñado para imposibilitar la identificación de las víctimas.

Las autoridades mexicanas dijeron que fue un ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado, y enterraron en una fosa común los restos del joven junto con todo indicio de investigación.

Ahora, Lourdes ya no llora y se lo debe al sermón que dio el cura de su barrio en el velorio de una conocida. “Familia, este día le tocaba, déjenla ir en paz. Déjenla descansar”, aconsejó el religioso.

“Entonces me cayó el veinte, como dicen aquí. Hemos sufrido tanto por Mauricio y él tiene que descansar”, dice la mujer, que no sonríe, pero sostiene la mirada.

En La Paz, Honduras, de donde es originaria, una vecina le dijo a Lourdes que Tony, el coyote a quien su hermano había pagado para guiarlo a través de México y hasta Carolina del Norte, estaba de vuelta. “Tony está aquí y dice que a todos los que iban con él los mataron”, le dijo. Era verdad.

Para la familia Suazo la tragedia no terminó ahí. El grado de mutilación de los cuerpos y los malos procesos de peritaje dificultaron la identificación de los restos. Hasta ahora, tres años y medio después de la masacre de Cadereyta, sólo 11 cuerpos han recuperado la identidad; ocho de ellos eran de la misma región que Mauricio.

Pero las autoridades mexicanas tardaron 27 meses en mandar los restos de los migrantes identificados hasta sus comunidades. El día en que llegaron fueron recibidos con muestras de solidaridad y apoyo en las calles, el pueblo se unió en la pena por las muertes, pero también en la alegría de recuperarlos de alguna forma.

Las ocho familias, mujeres en su mayoría, formaron el Comité de Familiares de Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh), una organización sin fines de lucro enfocada en obtener respuestas y avances en la investigación de la masacre, además de brindar ayuda a las familias que, como ellas, tienen hijos y hermanos desaparecidos en México.

El Cofamicenh, junto con otras organizaciones civiles y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han empujado por la creación del Mecanismo Transnacional de Justicia, un conjunto de acciones del gobierno mexicano que permita a las familias de migrantes desaparecidos interponer denuncias desde las embajadas de México en sus países de origen, así como seguir el proceso de la búsqueda en vida y en caso de muerte tener acceso a la justicia y reparación del daño, además de crear un banco de datos de ADN con información de México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

“No hay nada como este mecanismo”, dice el abogado Robles Maloof sobre el proyecto, que fue presentado ante la CIDH en marzo de este año y que fue ratificado en representación del gobierno mexicano por la directora general de Derechos Humanos de la PGR, Rosalinda Salinas Durán, quien se comprometió a ampliar el alcance del mecanismo en México.

Para Lourdes, Tony, el coyote, debería haber pasado por un proceso legal. Pero la denuncia nunca procedió en Honduras y hasta la fecha, el traficante no ha sido juzgado por su responsabilidad en la masacre.

“Ahí aparece de vez cuando. Se volvió loco, a veces grita en la calle cómo mataron a mi hermano y a los demás. Ahí está, libre entre las calles del mercado”, dice la mujer, quien, como Iris Martínez, no busca a su hermano en el recorrido de la Caravana. Ella sabe que su hermano Mauricio fue asesinado en México.

Lo que busca, como las otras mujeres que presentaron sus denuncias en la PGR, es que los gobiernos cumplan su responsabilidad e implementen todo lo necesario para facilitar la búsqueda de los migrantes que no aparecen.

Que se recupere la palabra extraviada en México desde hace años: justicia.


Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la siguiente frase: “Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx”

 



Ivan Castaneira

Fótografo y documentalista freelance, ha colaborado con varias agencias de noticias y ONG's, estudió diseño en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y actualmente cursa la maestría en Cine Documental en el CUEC-UNAM.


Ximena Natera

Soy aspirante a la buena imagen, a la buena crónica, a la buena historia, soy aspirante al buen periodismo. Las historias de horror, miedo e injusticia que vimos y escuchamos a lo largo del camino me dejaron un hoyo en el estómago, la única manera que encuentro para cerrarlo es compartir estas mismas historias una y otra vez, con la esperanza de que la indignación se propague y, como dice el periodista Oscar Martínez, contribuya a iluminar poco a poco las esquinas oscuras.