Las crisis humanas y migratorias de los últimos años no son problemas emergentes, sino que son el resultado de una combinación de precarios factores estructurales que están fuera del control de las políticas mexicanas para las personas migrantes, señala el informe Detención sin excepción que publica hoy la organización Sin Fronteras.

A través de la revisión documental de 8 informes previos, la organización dibuja una línea que demuestra cómo el enfoque de seguridad nacional marca la política migratoria mexicana, y no así la procuración de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

El documento se centra en cómo la detención de personas migrantes en estaciones migratorias mexicanas iguala las condiciones de detención penal. Sintetiza 15 años de trabajo de Sin Fronteras junto con otras organizaciones en 26 centros de detención localizados en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Coahuila, Baja California, Tamaulipas, Jalisco y la Ciudad de México.

A partir del análisis de esos documentos, se puede tener una lectura histórica de las fallas de las políticas migratorias para hacer frente a problemas muy complejos.

En el informe se exponen las similitudes de las estaciones migratorias con centros penitenciarios y asegura que cuando los migrantes son detenidos en México saben que fue por “haber ingresado a México sin documentos migratorios y en todo momento esta medida es entendida como un castigo por haber transgredido las normas de un país que no es el suyo”.

La sistemática detención y deportación de migrantes ha devenido en una privación de la libertad y un confinamiento que crea controversia en las normas mexicanas, por ejemplo, a pesar de que una detención por cuestiones administrativas, como lo es una detención migratoria, no debe durar más de 36 horas, la estancia de migrantes en estos centros de detención llega a ser de más de 6 meses.

La situación actual en la que se usan medios violentos, como la detención, para controlar los flujos migratorios tiene una historia que se puede observar en el informe de Sin Fronteras.

En él se marca como punto más alto de esta política el Plan Frontera Sur, que es un gran esfuerzo por militarizar los pasos migratorios al sur de México, sin embargo, la desmedida seguridad implementada al sur del país se puede remontar a finales de los 90 con el Programa Nacional para el Control de Drogas, implementado por el entonces presidente Ernesto Zedillo.

A pesar de los esfuerzos por sellar el paso migratorio por el sur de México, la incapacidad de las autoridades para dar respuesta a temas complejos como las migraciones forzadas queda de manifiesto. Pareciera que a cada deportación le siguiera un nuevo intento de cruzar la frontera para salvar la vida, señala el documento.

Por ejemplo, a pesar de que en 2014 se deportó a 18 mil 169 menores, ello no significó la disminución de este flujo migratorio, pues en 2015 se confirmaron 35 mil 704 detenciones de migrantes menores de edad.

De acuerdo con la revisión de Sin Fronteras, la finalidad de la implementación de políticas de vigilancia tan severa es la de gestionar, ordenar y dinamizar los flujos migratorios. Sin embargo, los grupos vulnerables que huyen de situaciones de riesgo en su país no pueden acceder a servicios que aseguren un paso más eficiente. La desinformación sobre sus derechos los hace víctimas de detenciones arbitrarias de más de 60 días.

 “La llamada crisis humanitaria de las migraciones no es una problemática que emergió durante el último año o el último lustro, sino es una ‘punta de iceberg’ que hoy muestra la implosión de un intento de política que ha mezclado asuntos humanos con asuntos de seguridad nacional, que coloca a las personas migrantes en las mismas dinámicas de combate antidrogas y, sobra decir, que ha mostrado ser un modelo no funcional y de muy alto costo en las últimas dos décadas”, concluye el informe.

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