La Ley de valores californianos, o SB54, fue firmada y aprobada el pasado  jueves 5 de octubre, por Jerry Brown, gobernador de California. Esta ley, que entrará en vigor el primero de enero de 2018, convierte a California en un autodenominado estado santuario para migrantes, en el que la persecución que sufren por parte de policías o autoridades estatales y locales está prohibida por la ley.

En el papel, prohibe que la policía, o cualquier otra dependencia estatal, municipal o local colabore con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE por sus siglas en inglés, lo que significa un alivio para los casi 2.3 millones de migrantes sin documentos que viven en ese estado. Esta ley fue ampliamente promovida por varios grupos civiles, una lucha que en algunos casos, unió las causas de la población afroamericana, de los latinos así como de los migrantes coreanos.

A pesar de haber sido el primer estado en proponer una ley de ese tipo, es el segundo en promulgarla; Illinois fue el primero al aprobar la Ley de la confianza, el pasado 30 de agosto. Estas leyes entran en el entramado legal que divide al país en cuanto al trato a migrante sin papeles. Apenas, a inicio de este año, el estado de Texas aprobó una ley que obligaba a los cuerpos policiales de la entidad a funcionar como agentes de migración, completamente lo contrario a lo aprobado en California; no obstante, gracias a distintos actores civiles y municipales a lo largo y ancho de ese estado, la ley fue suspendida por un juez federal por considerarla inconstitucional.

Esta serie de legislaciones son producto del apoyo o rechazo, según el caso, al fuerte discurso antimigrante que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, mismo que ha desencadenado una serie de hechos que pone en vilo la estancia en el país de millones de migrantes sin documentos. El mismo día en que se firmó la Ley de valores californianos, se cumplió la fecha límite para que miles de dreamers, jóvenes indocumentados que llegaron a ese país siendo menores de edad, renovaran su permiso DACA, que les permitirá seguir trabajando y estudiando en ese país por dos años más, a pesar de no contar con documentos. Esos serán los últimos permisos DACA emitidos, pues el programa, que beneficiaba a cerca de 800 mil personas, fue cancelado hace un mes por Trump.

Junto con la aprobación de la SB4, el gobernador de California también aprobó otras 12 leyes que garantizan el acceso a diversos derechos a las personas indocumentadas que viven en ese estado:

• Ley AB60: Permite la obtención de licencias de manejo
• Ley AB21: Garantiza el acceso a la educación superior
• Ley SB68: Establece ayuda financiera para la continuación de los estudios de personas migrantes
• Ley AB343: Otorga apoyos educativo a refugiados, con tarifas especiales y clases de inglés
• Ley SB257: Da acceso a educación básica de hijos de padres deportados que residan en México, en las ciudades fronterizas
• Ley AB450: Obliga a empleadores a pedir una orden judicial antes de dejar entrar a un operativo de ICE a los lugares de trabajo
• Ley AB699: Prohíbe a las autoridades migratorias realizar operativos o cualquier tipo de actividad en cualquier escuela
• Ley SB4: Provee cobertura médica a niños indocumentados
• Ley AB291: Protege a inquilinos de amenazas de deportación o de cualquier índole hechas por sus arrendadores.
• Ley AB299: Prohíbe a arrendadores solicitar el estatus migratorio de sus inquilinos o proporcionarlo a cualquier autoridad
• Ley SB83: Crea un fondo de servicios legales para menores migrantes en California originarios de Centroamérica
• Ley SB156: Garantiza asistencia legal para que los inmigrantes que se enrolaron en la milicia puedan solicitar una ciudadanía

Los detractores de la ley SB54, la que crea el estado santuario, argumentaban que la prohibición de solicitar el estatus migratorio de las personas podría garantizar la impunidad en el estado y el incremento de los delitos; sin embargo, la ley fue enmendada para que tanto policías como agentes de los comisarios, puedan seguir trabajando con las autoridades federales de inmigración si es que una persona ha sido hallada anteriormente culpable de uno de entre 800 delitos. Sin embargo, estas personas no podrán ser entregadas a las autoridades federales si es que solo tienen delitos menores en su historial delictivo.

De acuerdo con sus promotores, la legislación garantiza que cualquier persona pueda acercarse a un policía sin tener que preocuparse de ser deportado, lo que promoverá comunidades más seguras y con mayor interacción entre pobladores y agentes de seguridad.