Tres de cada diez migrantes en proceso de deportación tienen acceso a un abogado.

Así lo dio a conocer el Consejo Americano de Inmigración (AIC) mediante un informe para el que revisaron más de un millón de casos de deportación iniciados entre 2007 y 2012.

El estudio reveló que solo el 37% de los extranjeros tuvo algún tipo de ayuda legal para defender su permanencia en el país.

Según el AIC, esto se debe principalmente a que la obtención de un abogado es responsabilidad del inmigrante debido a que la estadía irregular es, al igual que en México, una falta civil y no criminal.

Esto significa que el gobierno no se ve obligado a procurar asistencia legal para el acusado, tomando en cuenta que la 6ta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América dice que todos las personas en proceso criminal tienen derecho a un juicio y acceso a un abogado, incluso si no puede pagar los honorarios.

El informe también agrega que la asesoría legal es escasa y se concentra en los estados y ciudades grandes. Además señala que las personas que son puestas en libertad para seguir su proceso desde casa tienen mayor probabilidad de conseguir un abogado que aquellos en detención, para esto usa de ejemplo a la ciudad de Nueva York, donde más del 80% de los migrantes en libertad obtuvo representación legal.

Sin un representante para el proceso de deportación, la oportunidad de conseguir alternativas a la deportación es muy baja.

Con información de Univisión