Defender los derechos humanos en México siempre ha sido difícil. Pero hacerlo con los migrantes se ha vuelto una actividad de riesgo extremo. La violencia que acecha a esta población vuelve con frecuencia su rostro a quienes les ayudan, tan vulnerables como casi todos en la diáspora.
A ratos, cuando contaba alguna aventura o giraba instrucciones, parecía abarcar toda la pequeña cocina del comedor para migrantes de Huehuetoca.
Se llamaba Adrián Rodríguez y era uno de los voluntarios más activos entre quienes atendían a las decenas de centroamericanos que llegan a diario al pueblo, en el norte del estado de México.
Ese miércoles de julio de 2013 había pocos migrantes a la espera de un plato de comida, y Adrián se dio tiempo para bromear con algunos de ellos.
Se veía realmente contento con su trabajo.
Un año y medio después fue asesinado. El 23 de noviembre de 2014 llegó a la casa de su mamá en Tequixquiac con Wilson Castro, el migrante hondureño con quien compartía la vida.
Apenas estacionaban su camioneta cuando una lluvia de balas los detuvo. Adrián murió en el lugar. Su pareja le siguió horas después.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) dice que el caso se encuentra en curso… aunque por lo bajo los responsables de la pesquisa dicen que no tienen una línea de investigación.
El crimen no se ha aclarado, y hasta ahora todo parece indicar que los responsables no serán castigados.
Lo mismo sucede con la agresión armada contra Jorge Andrade, del Colectivo Ustedes Somos Nosotros y compañero de Adrián y Wilson, o las amenazas contra los sacerdotes Pedro Pantoja, Alejandro Solalinde, Tomás González y más recientemente la monja Leticia Gutiérrez.
Defender y promover los derechos los migrantes en situación irregular siempre ha sido una profesión de alto riesgo.
Pero desde hace un año, con la implementación del Plan Frontera Sur por parte del gobierno mexicano, la situación se volvió un asunto de peligro extremo.
Entre 2010 y 2014 en México ocurrieron 168 agresiones contra defensores de derechos humanos de los migrantes, según el informe Acompañando Sueños, Transitando Fronteras elaborado por la Iniciativa Frontera Norte.
El caso más grave fue el homicidio de Adrián y Wilson, pero la violencia contra los activistas no cesa: la casa para migrantes de Irapuato ha denunciado hostigamiento de la policía municipal; los responsables del albergue La 72, Fray Tomás González y Rubén Figueroa, fueron agredidos por policías federales.
Hay un común denominador en estos hechos: ni un presunto responsable ha sido detenido.
El informe de Iniciativa Frontera Norte lo recuerda.
“Las amenazas, hostigamientos y agresiones de las que son víctimas las y los defensores de los derechos humanos de los migrantes se encuentran en la impunidad, no hay investigación, procesos ni sanción, y evidencian en parte la situación de desprotección de estas personas por las autoridades”, señala.
“Tiraron a matar”
Jorge Andrade supo que le disparaban cuando el hondureño con quien conversaba cayó herido frente a él.
Era la primera vez que regresaban a Lechería en Tultitlán, Estado de México, donde el hostigamiento de la comunidad obligó al cierre del comedor y albergue que allí funcionaba.
Andrade y sus compañeros trataron de mantener la ayuda a los centroamericanos que intentan subir al tren, pero fueron amenazados y decidieron ausentarse por un tiempo.
Nadie los suplió. En Lechería los migrantes quedaron más vulnerables sin el albergue, y por eso Andrade se arriesgó a volver… Para encontrarse de frente con la violencia.
El sábado que llegaron al antiguo comedor se encontraron con un grupo de migrantes centroamericanos que esperaban abordar el tren. Uno de ellos llamó la atención de la periodista Thelma Gómez. El joven tenía caminaba con una sonda conectada a los riñones.
Andrade platicó con él. “Te vamos a llevar a un hospital”, dijo. En ese momento empezaron los disparos.
“Tiraron a matar, no hay duda. Las balas iban directo a nosotros”, cuenta el activista.
Los disparos hirieron a una estudiante alemana y un migrante hondureño.
Más de un año después, la investigación está detenida. Vaya, dice el activista, ni siquiera parece haber iniciado.
“No hay nada. La quisimos atraer a nivel federal porque hubo un ataque contra migrantes, resultó herido uno y otra voluntaria. Pero hasta allí quedó”.
Desinterés, olvido, impunidad. El círculo que envuelve a los defensores de migrantes cuando son agredidos. En abril de 2014 policías federales golpearon a Fray Tomás González y Rubén Figueroa, responsables del albergue La 72 de Tenosique, Tabasco.
Fue durante un operativo para intentar detener a 300 migrantes en el municipio vecino de Emiliano Zapata. La denuncia promovida ante la PGR permanece inmóvil.
Silencio oficial
Golpes, amenazas de muerte, hostigamiento permanente son una parte de la historia. La violencia contra defensores de migrantes también pasa por el sistema judicial.
Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca, conoce de cerca la historia.
El sacerdote ha sido encarcelado con la acusación de traficar con menores, de abandono de personas, maltrato…
Lo más reciente ocurrió durante la caravana de migrantes que en abril pasado rompió el cerco impuesto por el Plan Frontera Sur.
La estrategia desplegó a miles de agentes del INM, soldados, policías federales y marinos en Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Oaxaca para contener en esa zona al flujo de migrantes centroamericanos que ingresa a México todos los días.
Solalinde dice que a la caravana llegaron decenas de policías y un agente del Ministerio Público Federal que pretendió acusarle de tráfico de personas.
La evidencia eran los cientos de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que se dirigían al norte sin documentos migratorios.
“Llegó todo ese grupo de policías para detener la caravana, porque había tráfico de migrantes. Era obvio que iban contra mí, a los demás no se les podía acusar”, cuenta.
La investigación inició al parecer por una denuncia ciudadana. Tal eficiencia de las autoridades federales contrasta con la lentitud como se investigan las denuncias presentadas por Solalinde y otros defensores.
“No hay seguimiento de nada, hemos tenido denuncias, demandas pero eso se queda allí. Si son recomendaciones de la CNDH no hacen caso, lo demás está en total impunidad”.
En el Camino solicitó a la fiscalía general información sobre las pesquisas de agresiones a defensores y activistas pro derechos de los migrantes.
“Tragedia humanitaria”
La PGR no respondió. Otros sí han hablado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dice que activistas y defensores de migrantes navegan en un océano de violencia extrema
Su informe Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, publicado en 2014 (está pendiente el de este año), dice que el incremento de la violencia de los últimos años repercute directamente en las personas que cruzan por el país.
Un entorno que “incluye homicidios, secuestros, desapariciones, actos de violencia sexual, trata de personas, tráfico de migrantes, discriminación y detención migratoria sin garantías procesales y protección judicial”.
En estas aguas se mueven todos los días. En distintos momentos la CIDH y otras organizaciones internacionales, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han solicitado medidas cautelares de protección para activistas y sus albergues.
Las acciones funcionan durante un rato, mientras se mantiene la atención de los medios. Pero cuando se apagan los reflectores se oscurece la protección oficial.
El sacerdote Pedro Pantoja, fundador de Belén, Posada del Migrante de Saltillo, Coahuila, cuenta que el gobierno estatal se comprometió a reforzar la vigilancia en los alrededores del albergue.
Pero lo único que ha hecho es enviar una patrulla policíaca, que desaparece cuando los rayos del sol pegan más duro. A veces regresan con el fresco de la tarde, o de plano hasta el día siguiente.
Los organismos internacionales se dan cuenta. “El contexto adverso en el cual los defensores de los derechos de los migrantes deben realizar su trabajo ha resultado en un impacto directo sobre sus derechos a la vida, integridad, libertad, seguridad y honra”, dice el informe de la CIDH.
Por eso su conclusión no tiene ambages. Lo que sucede en México, subraya, “representa una de las principales tragedias humanitarias en la región.
Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la siguiente frase: “Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx”
