Por ser migrante indocumentada y por ser activista a favor de esa población, Maru Mora, mexicana en Estados Unidos enfrenta un proceso de deportación que por sus irregularidades ha llamado la atención de la ONU

Texto y Foto: Kau Sirenio Pioquinto

SEATTLE, WASHINGTON.- Por defender migrantes indocumentados, el Departamento de Seguridad Nacional quiere deportar a Maru Mora Villalpando, activista por los derechos de esta población, de la que ella también forma parte.

Desde diciembre del año pasado Maru enfrenta un proceso de deportación. Nunca, en más de 20 años de abogar por la población indocumentada, había enfrentado algo así.

Todo empezó cuando recibió una carta que la citaba a comparecer ante un juez de migración violar los términos de su visa al permanecer más de seis meses en territorio estadunidense.

Lo curioso, explica Maru, es que la hayan llamado a comparecer hasta ahora. Como consta en el citatorio, ella entró a ese país, para no volver a irse, en abril del 96; o sea, hace más de 22 años, durante los cuales se ha dedicado a dar asesoría legal a inmigrantes indocumentados.

Lo que se está viviendo, dice Maru, es una muestra del fortalecimiento de las políticas antimigratorias que está aplicando el Departamento de Seguridad Nacional, al que las órdenes ejecutivas del presidente Trump le ha dado herramientas para hacer lo que quieran.

“Están cumpliendo con sus promesas de hacer mano dura contra la comunidad inmigrante. Han prometido que se van a ir contra todos los inmigrantes. Sus órdenes ejecutivas fueron interpretadas por Homeland Security y a partir de eso le dijeron a la migra esto es lo que tienes que hacer”, explica.

Su caso es una muestra de ello. Dentro de esas órdenes se incluye el mandato de actuar contra las Ciudades Santuario: poblaciones en las que los empleados del Estado no darán información sobre migrantes indocumentados a las agencias federales de migración, ni colaborarán con ellas.

Este tipo de políticas les permite a los migrantes sin papeles tener seguros médicos, pagar impuestos, adquirir una licencia de manejo o incluso acercarse a la policía para denunciar un delito.

Sin embargo, no siempre funciona así. Gracias al trabajo de Maru como activista, cuando le llegó su citatorio, supo que las políticas de Santuario en Seattle, donde ella vive, habían fallado. Era un fenómeno que ya había visto antes, en varios casos de personas a las que acompaña.

“El año pasado estuvo en mi oficina un compañero que se compró otro carro y lo registró con su licencia de Washington, a las dos semanas, lo para la migra saliendo de su casa y le toman todos sus datos”, cuenta Maru.

Esto no había ocurrido antes, es algo que empezó el año pasado, con la llegada de las nuevas políticas. De acuerdo con un reporte del Seattle Times, la oficina de licencias del estado, responsable de dar permisos de conducir, y que maneja grandes cantidades de datos como domicilio, estatus migratorio y nombres, había entregado, en promedio, la información de 30 inmigrantes a la migra en el último mes. Lo que es una falta al estatus de Ciudad Santuario del que se precia esa localidad.

“Estamos viendo un ataque bien grande contra inmigrantes. No importa si tienen papeles o no, estamos viendo que el número de gente que está puesta en proceso de deportación, ha aumentado, estamos viendo gente que cruza la frontera pidiendo asilo e inmediatamente son puestos en detención”, asegura la defensora de migrantes.

Este tipo de acciones no solo se han dirigido contra los migrantes, sino también a las organizaciones que los apoyan, pues han recibido recortes de recursos federales, de los que dependen para continuar con sus labores.

Maru reconoce que el suyo no es el único caso de defensores de migrantes que sufren algún tipo de persecución política. Al menos ella reconoce otros ocho. Pero que tal vez sea uno de los que más atención ha recibido por ser apoyado por la Organización de las Naciones Unidas.

No obstante, ella sigue con sus actividades de asesoría y orientación y últimamente, para detener y visibilizar los abusos que suceden en los centros de detención contra migrantes.

“Nos cansamos de ver el abuso y la negociación que había sobre los migrantes en cualquier intento de reforma migratoria. Están hechas para garantizar cuerpos desechables, cuerpos que vengan a trabajar sin derechos y luego sacarlos de aquí”, asegura.

La mayoría de los centros, como ella explica, se encuentran en lugares remotos, en mitad del desierto o en medio de parques industriales abandonados, donde nadie puede creer que haya gente viviendo. Por eso, buscan exponer las acciones de la migra, que opera casi de manera secreta.

Por eso, el 15 de febrero de este año, Maru y otros activistas cerraron las calles cerca del centro de detención de Tacoma, al sur de Seattle, en el estado de Washington.

Este centro es uno de los más activos en la región, pues alberga a más de mil 500 inmigrantes y recibe personas de Alaska, Montana, Oregon, Idaho, California y de la frontera sur. Además de que transfiere continuamente a sus internos entre el centro de y las cárceles estatales cercanas.

Durante la protesta de febrero, mientras Maru yacía echada en la calle para impedir el paso de uno de los camiones de traslado de internos, alcanzó a ver algunas manos de los migrantes dentro del camión que le hacían señas, eran migrantes que iban dentro, esposados, y que aun así lograron mover las manos para agradecer por el apoyo.