El pasado 8 de enero, el gobierno de Estados Unidos canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para las personas originarias de El Salvador.

Esto quiere decir que aproximadamente 260 mil personas que gozan de ese estatus que les permite vivir y trabajar en ese país perderán esos derechos y podrían ser deportados.

Desde 2001, después de una serie de terremotos que devastaron el país, el gobierno estadunidense otorgó la protección a los migrantes salvadoreños. Sin embargo, los miles que huyen del país por la violencia de las pandillas también se han beneficiado del TPS.

La violencia provocada por las maras en ese país está tan desbordad, que, de acuerdo con un reporte de Los Ángeles Times 39 mil estudiantes tuvieron que dejar la escuela por el acoso que los pandilleros ejercen sobre ellos para unirse a sus filas.

Desde 1980, cuando estalló la guerra civil en ese país, miles han migrado a los Estados Unidos por cuestiones de seguridad. Actualmente en Estados Unidos viven 2 millones de salvadoreños, el equivalente a un tercio de la población de El Salvador.

La semana pasada tanto el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, así como la Cámara de Comercio de Estados Unidos y algunos alcaldes, principalmente de California, sostuvieron pláticas con la secretaria de Seguridad Nacional estadunidense, Kirstjen Nielsen, para solicitar una prórroga al TPS; sin embargo, después de las pláticas y las negociaciones, esa posibilidad fue denegada.

Esta acción podría representar un duro golpe para miles de personas en El Salvador que dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos, de acuerdo con una nota de la agencia EFE, en 2016 los Salvadoreños en Estados Unidos mandaron 4 mil 576 millones de dólares en remesas. Lo que equivale al 17.1 por ciento de su producto interno bruto.

Desde que se aprobó, en 2001, el TPS se le ha renovado los salvadoreños 11 veces. La última ves, en 2016, bajo la administración de Barack Obama, se hizo porque se constató que el desempleo y la situación de seguridad en El Salvador era aún demasiado pobre.

En su editorial de esta semana, el sitio digital de noticias salvadoreño, El Faro, señala que, a pesar de que los permisos de estancia y trabajo de sus connacionales en suelo estadunidense terminan en 18 meses, el gobierno podría no tener oportuniad de anticipar su llegada, pues en ese tiempo tienen que lidiar con elecciones y el cambio de administración.

El medio anunció que si no se toman las medidas necesarias para generar empleos para las personas que regresen a ese país, se podría enfrentar una emergencia nacional.

La administración de Trump no ha renovado el Estatus de Protección a diversos países de Centroamérica y el Caribe, como Haití, Nicaragua, Honduras y ahora El Salvador; sin embargo, las personas de esta nacionalidad son los más afectados con esta medida al representar u tercio total de los beneficiarios del programa.