Ante las amenazas de deportaciones masivas de Donald Trump, el gobierno mexicano destinó mil millones de pesos para fortalecer a sus consulados en Estados Unidos y proteger a los más de 11 millones y medio de connacionales que viven en ese país. Para las organizaciones civiles que defienden los derechos de los migrantes esa medida no es suficiente.

La semana pasada Trump emitió dos órdenes ejecutivas en las que establece la construcción del muro en la frontera con México y el reforzamiento de los patrullajes de agentes de migración tanto en la frontera como al interior del país, lo que podría significar una ola de deportaciones sin precedentes.

En un comunicado, organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Asamblea Popular de Familias Migrantes, exigieron al gobierno que fije una postura ante las acciones anunciadas por Trump, que a todas luces tendrán un impacto en nuestro país, y que siga el ejemplo de muchas otras naciones a nivel mundial que han denunciado el abuso del presidente Trump.

“La protección que México debe otorgar tiene que ir más allá de su población en el exterior. Su estrategia debe incluir la protección de la población migrante y solicitante de asilo y/o protección internacional en el país, y las y los mexicanos de retorno”, dice el comunicado

Entre las tareas que las organizaciones demandan está proteger a todos los migrante y a las personas que solicitan asilo o protección internacional, así como a las personas deportadas que lleguen a México.

Además solicitan que se tomen acciones legales que faciliten la obtención de la nacionalidad mexicana a cualquier extranjero y la regularización migratoria, que ayuden a reconocer las habilidades de las personas deportadas con certificados de estudio y que se garantice la no discriminación en el acceso a servicios.